Una ley contra los sue?os urban¨ªsticos

Los Ayuntamientos han recurrido a todo tipo de artima?as para mantener sus planes de crecimiento urban¨ªstico, pese a la realidad de la crisis. De hecho, tan solo 77 de los 771 municipios andaluces est¨¢n adaptados al Plan de Ordenaci¨®n del Territorio de Andaluc¨ªa (POTA), la norma que pretende velar por la ¡°sostenibilidad¡± desde 2006. Como consecuencia de esta situaci¨®n, zonas como el ¨¢rea metropolitana de Sevilla y la Vega de Granada, con algo m¨¢s de dos millones de habitantes entre las dos, se han convertido zonas deterioradas, con pol¨ªgonos fantasma, ¨¢reas urbanas deshabitadas y paisajes destruidos. El decreto promovido por la Consejer¨ªa de Medio Ambiente y aprobado el mi¨¦rcoles en el Parlamento intenta evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir.

Ambas zonas han sido v¨ªctimas del crecimiento desordenado y de la posterior burbuja inmobiliaria. Los dos espacios constitu¨ªan enclaves de alto valor ecol¨®gico, patrimonial, ambiental y paisaj¨ªstico. Sin embargo, el abandono del uso agr¨ªcola tradicional de la zona, su cercan¨ªa de las capitales y la proliferaci¨®n de usos de car¨¢cter urbano han acabado con gran parte de este valor.

Algunos Ayuntamientos han llegado a proponer crecimientos de hasta un 700% en el n¨²mero de viviendas y han desarrollado solo parcialmente las llamadas ¡°¨¢reas de oportunidad¡±, creando pol¨ªgonos y barrios desiertos. En otros casos, han conseguido atraer a la poblaci¨®n sin garantizar la movilidad o infraestructuras b¨¢sicas educativas, sanitarias o de depuraci¨®n.

Esta situaci¨®n no deber¨ªa volver a ocurrir. El nuevo decreto aprobado el mi¨¦rcoles obliga a adaptarse al POTA en unos plazos concretos y agiliza la tramitaci¨®n de los planeamientos urban¨ªsticos. Los objetivos de ambas medidas son favorecer el desarrollo de actividades econ¨®micas y preservar la calidad ambiental de la regi¨®n, evitando situaciones ¡°irreversibles¡±, seg¨²n advierte el propio decreto.

El 73% de los planes est¨¢ en revisi¨®n y

Otro objetivo de la normativa es acabar con la discriminaci¨®n entre aquellos municipios que han adecuado sus planeamientos a los l¨ªmites de crecimiento establecidos en el plan ¡ªdel 40% del suelo urbanizable o el 30% de la poblaci¨®n¡ª y los aprobados con anterioridad, que ¡°responden en muchos casos a modelos de crecimiento no sostenibles, alejados del actual contexto socioecon¨®mico y de los criterios y limitaciones establecidos en el Plan de Ordenaci¨®n del Territorio de Andaluc¨ªa¡±, seg¨²n reconoce la Junta.

El POTA establece desde su aprobaci¨®n criterios para un desarrollo sostenible de las ciudades. Sin embargo, la propia Administraci¨®n regional ha aplicado en tiempos pasados criterios ¡°flexibles¡± que los ayuntamientos han aprovechado para eludir las limitaciones o se han mantenido vigentes los PGOU antiguos, que no se ve¨ªan afectados por la nueva norma. Son los conocidos como los ¡°durmientes¡±. De esta forma, en estos momentos, y tras seis a?os de vigencia del POTA, solo el 10% de los planes municipales cumple con la normativa. El resto se mantiene en proceso de revisi¨®n o adaptaci¨®n (73%) o ni siquiera ha comenzado la andadura a la nueva legalidad (16,5%).

Algunas propuestas son insostenibles y alejadas de la realidad

Pero los ¡°durmientes¡± tendr¨¢n que despertar, ya que el nuevo decreto obliga en su art¨ªculo tres a adaptar su planeamiento para someterse al POTA en los plazos previstos en los propios planes urban¨ªsticos o, si este periodo no est¨¢ establecido, en un m¨¢ximo de ocho a?os desde su entrada en vigor.

¡°La falta de adaptaci¨®n conllevar¨¢ la imposibilidad de aprobar instrumentos de desarrollo que supongan crecimientos urban¨ªsticos que superen los l¨ªmites regulados en el POTA¡±, establece la normativa para obligar a someterse a las condiciones fijadas por la ley.

Igualmente, se reducir¨¢n a tres meses los plazos para la aprobaci¨®n del planeamiento urban¨ªstico, cuya tramitaci¨®n se ha hecho m¨¢s compleja en los ¨²ltimos a?os por la existencia de numerosos informes preceptivos exigidos por las distintas normativas sectoriales, con diferentes procedimientos y tiempos para su emisi¨®n.