¡°Mi prioridad es evitar que los recortes afecten a derechos sociales¡±

A Jos¨¦ Cholbi (X¨¤bia, 1938) se le encoje el est¨®mago al analizar las situaciones dram¨¢ticas y desesperantes que la actual crisis econ¨®mica est¨¢ causando en decenas de hogares. El S¨ªndic de Greuges insta a las administraciones a ¡°dedicar todos sus esfuerzos¡± a dar respuesta a los m¨¢s necesitados. Como consecuencia de la actual situaci¨®n, el n¨²mero de quejas que recibe el Defensor del Pueblo de los valencianos ha aumentado un 20%.

Pregunta. ?En qu¨¦ medida la crisis econ¨®mica ha provocado un aumento de las quejas que usted tramita?

Respuesta. La crisis econ¨®mica ha condicionado la labor de la Sindicatura durante los ¨²ltimos a?os. Las quejas por el retraso en el pago a los proveedores o en las ayudas y subvenciones han generado un aumento del 20% de las protestas respecto del a?o anterior.

P. ?C¨®mo est¨¢ actuando la Administraci¨®n ante la actual crisis en la atenci¨®n a los desfavorecidos?

R. La instituci¨®n es consciente de la dimensi¨®n y las consecuencias de la crisis econ¨®mica y del estrecho margen con que cuentan las instituciones p¨²blicas. No obstante, es mi obligaci¨®n recordar a los poderes p¨²blicos la necesidad de ser cuidadosos en las reducciones presupuestarias, y sobre todo, a la hora de establecer prioridades para evitar que los recortes afecten a los derechos sociales de los m¨¢s desfavorecidos. La Administraci¨®n pone inter¨¦s, pero tiene escasez de medios.

¡°Las quejas por el retraso en el pago han subido el 20%¡±

P. ?La crisis ha modificado el tipo de quejas que llegan a la Sindicatura?

R. S¨ª. Durante los a?os de bonanza el mayor n¨²mero de queja versaba sobre temas de urbanismo, pero en la actualidad han aumentado considerablemente las quejas sobre servicios sociales, subvenciones, empleo, pagos a proveedores y acceso a la vivienda. No obstante, quiero subrayar que las quejas contra la Administraci¨®n local, sobre todo aquellas que se refieren a los silencios de algunos Ayuntamientos ante peticiones de informaci¨®n no han disminuido.

P. ?Los recortes cuestionan el Estado de bienestar?

R. Estamos atravesando una situaci¨®n de crisis econ¨®mica impensable hace tan solo unos a?os y que est¨¢ provocando demasiados estragos en nuestra sociedad. Mi prioridad es evitar que los recortes que se est¨¢n adoptando para reducir el gasto p¨²blico mermen o afecten a los derechos sociales de las personas (sanidad, educaci¨®n y servicios sociales)

¡°El 84% de las recomendaciones fueron aceptadas en la Administraci¨®n¡±

P. ?Son ¨²tiles las reclamaciones al S¨ªndic?

R. Estoy convencido de que s¨ª. Dar¨¦ un dato: de 1.413 recomendaciones emitidas por el S¨ªndic durante el a?o pasado, 1187 fueron aceptadas por la administraci¨®n, el 84%. Otro dato: de un total de 5.241 quejas cerradas durante el a?o 2011, el problema denunciado se ha solucionado de forma favorable para los ciudadanos en 4.549 casos

P. La atenci¨®n sanitaria de los extranjeros tambi¨¦n est¨¢ en peligro. ?Ha llegado alguna queja al respecto?

R. El derecho a la asistencia sanitaria es competencia del Defensor del Pueblo. No obstante, desde nuestra instituci¨®n tenemos conocimiento de los problemas que tienen los extranjeros cuando intentan obtener su tarjeta sanitaria individual este problema de los extranjeros de la Agencia Valenciana de Salud y pueden <CF1000>tener la seguridad de que el S¨ªndic de Greuges no va a dejar desamparado a ning¨²n inmigrante sin documentaci¨®n y, que har¨¢ todo lo posible para que reciba la asistencia sanitaria que necesite.

P. ?Cu¨¢l es la situaci¨®n del sistema de protecci¨®n a la infancia de 0 a 6 a?os?

R. Las situaciones m¨¢s dram¨¢ticas se producen en los casos de ni?os y ni?as que, en demasiadas ocasiones, se ven sometidos a una desprotecci¨®n familiar grave, lo que obliga a la Administraci¨®n P¨²blica a aplicar medidas de protecci¨®n que suponen, en realidad, la separaci¨®n de sus familiares, una veces de forma temporal y otras de forma definitiva. La Sindicatura apuesta por la mejora y ampliaci¨®n de los programas de acogimiento familiar como la medida m¨¢s adecuada para la atenci¨®n de estos menores de 0 a 6 a?os que deban ser separados de sus familias.

P. Usted advirti¨® del efecto disuasorio que tienen las nuevas tasas judiciales.

R. Considero que algunas de las nuevas tasas judiciales son excesivas. Hay muchas personas que no cumplen con los requisitos para tener derecho a la justicia gratuita, por lo tanto, esta subida de tasas dificultar¨¢ el acceso a la Justicia a muchos ciudadanos.

P. Una persona con su amplia trayectoria, qu¨¦ piensa del descr¨¦dito de la clase pol¨ªtica.

R. La sociedad debe exigir a sus mandatarios la m¨¢xima responsabilidad, reforzando el control ¨¦tico, y sobre todo acentuando la transparencia y mecanismos de control en sus actuaciones. Los responsables pol¨ªticos deben someterse al control p¨²blico y rendir cuentas de sus actividades. Facilitar informaci¨®n y obtener un elevado nivel de transparencia forma parte de la legitimidad de toda Administraci¨®n moderna.

P. Los defensores del pueblo de toda Espa?a se reunieron en Oviedo para hablar de los problemas de la vivienda y de los desahucios. ?A qu¨¦ conclusiones llegaron?

R. La situaci¨®n es dram¨¢tica y afecta a demasiadas personas, a much¨ªsimas familias y a colectivos especialmente vulnerables. Los defensores estamos obligados a demandar a los poderes p¨²blicos las reformas normativas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda. Hay que tomar urgentemente medidas para la protecci¨®n eficaz del derecho constitucional de la vivienda en un entorno de crisis econ¨®mica. Como conclusiones definitivas yo destacar¨ªa la de ampliar los supuestos de los beneficiarios de las normas que han sido aprobadas recientemente para proteger a los deudores en riesgo de ejecuci¨®n hipotecaria, promover el alquiler de las viviendas como alternativa al desahucio; incrementar los supuestos de acogimiento a las medidas de reestructuraci¨®n de las deudas hipotecarias y poner en marcha de forma urgente el Fondo Social de Viviendas y dotarlo de los suficientes inmuebles para dar respuesta a los desahuciados por circunstancias sobrevenidas.