El fiscal y las defensas negocian para evitar un juicio que salpica a Uni¨®

El caso Pallerols, de presunta financiaci¨®n ilegal de Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya (UDC), va a cerrarse, previsiblemente, con un acuerdo entre las partes. La fiscal¨ªa y las defensas de los seis acusados en la trama de desv¨ªo de fondos p¨²blicos al partido de Josep Antoni Duran Lleida negocian intensamente desde ayer para cerrar un pacto que evite el juicio.

El acuerdo, que puede sellarse hoy en la Audiencia de Barcelona, pasa por que los acusados admitan los hechos, es decir, que parte de las subvenciones de la Generalitat procedentes de la Uni¨®n Europea y destinadas a formaci¨®n de parados fueron a parar a las arcas del partido de Uni¨®. A cambio de esa confesi¨®n, el fiscal rebajar¨ªa sustancialmente la petici¨®n de pena para los acusados, con el fin de que puedan eludir la c¨¢rcel.

El juicio deb¨ªa iniciarse ayer en Barcelona, m¨¢s de 13 a?os despu¨¦s de que empezasen las primeras investigaciones. La vista, sin embargo, qued¨® suspendida hasta hoy para ultimar los detalles de un pacto que viene fragu¨¢ndose desde hace meses.

En su escrito de acusaci¨®n, el fiscal Fernando Rodr¨ªguez Rey pide penas de siete a once a?os de c¨¢rcel para cada uno de los seis acusados, incluidos diversos excargos de la Generalitat y exdirigentes de Uni¨®. El fiscal acusa al partido democristiano como responsable a t¨ªtulo lucrativo y, por primera vez en la historia judicial espa?ola, le exige que devuelva el dinero p¨²blico con el que se benefici¨® directamente. En concreto, fueron 197.388 euros de los cursos de parados que se destinaron a la compra de material para las sedes del partido y a pagar n¨®minas de militantes que, sin realizar ning¨²n trabajo, figuraban como empleados de las empresas que impart¨ªan los cursos. Si los acusados no pueden hacer frente a la responsabilidad civil, cifrada en 595.972 euros, el fiscal reclama a Uni¨® que asuma esa cantidad como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo.

Consciente de que se trata de un asunto complejo y que se ha dilatado en el tiempo ¡ªlo que disminuye las probabilidades de que algunos de los implicados acaben en prisi¨®n¡ª la fiscal¨ªa pretende que los acusados reconozcan los hechos y devuelvan el dinero. El pacto implica, seg¨²n fuentes judiciales, rebajar las penas de c¨¢rcel a menos de dos a?os por malversaci¨®n, cohecho y falsedad documental, lo que evitar¨ªa su ingreso en prisi¨®n. Uno de los principales escollos de la negociaci¨®n ha sido el dinero. El acuerdo conlleva, en ese sentido, una rebaja de la responsabilidad civil que deben afrontar los acusados.

Los hechos investigados ocurrieron entre 1994 y 1999, bajo el Gobierno de Jordi Pujol. La trama fue urdida por el empresario andorrano Fidel Pallerols. ?l y su mujer, la tambi¨¦n acusada Mari Cruz Guerrero, desarrollaban ¡°cierta actividad pol¨ªtica¡± en torno a Uni¨®. Sus empresas empezaron a recibir subvenciones para organizar cursos de formaci¨®n. Esas ayudas eran gestionadas desde la Direcci¨®n General de Empleo de la Generalitat. Sus dos m¨¢ximos responsables en aquella ¨¦poca ¡ªLlu¨ªs Gavald¨¤ y su subordinada, Dolors Llorens¡ª tambi¨¦n han sido procesados. Se produjo entonces una ¡°confluencia de intereses¡±, seg¨²n el escrito del fiscal: Vicen? Gavald¨¤, a la saz¨®n secretario de organizaci¨®n de Uni¨®, y Santiago Vallv¨¦, antiguo militante, vieron la oportunidad de obtener, por esa v¨ªa, un cauce ¡°para sufragar gastos del partido¡±. Seg¨²n fuentes judiciales, las dos mujeres implicadas en la causa (Cruz y Llorens) pueden quedar absueltas en virtud del pacto entre las partes.

La tesis de la fiscal¨ªa es que el 10% de los 8,8 millones de euros que fueron a parar a las academias del empresario Fidel Pallerols se desviaron a otros fines. Entre ellos, la financiaci¨®n ilegal de Uni¨®.