Salud suspende el plan de atenci¨®n a los presos por impago del Gobierno

La Consejer¨ªa de Salud y Bienestar Social dejar¨¢ de prestar en 2013 el plan de atenci¨®n sanitaria a presos que viene desarrollando desde hace 18 a?os en virtud de un convenio con el Ministerio del Interior. La decisi¨®n se ha tomado, seg¨²n han confirmado fuentes del departamento que dirige Mar¨ªa Jes¨²s Montero, despu¨¦s de que el Gobierno central haya remitido a la Junta un escrito en el que se niega a abonar los servicios prestados en 2012 con un solo pago centralizado, como se ha hecho hecho desde 1995, y exige a Salud que remita una factura individual y detallada de cada atenci¨®n prestada recluso por recluso.

La sanidad de los presos depende de Instituciones Penitenciarias, que mantiene en las c¨¢rceles un servicio de atenci¨®n primaria, pero con una estructura limitada. De ah¨ª que el Gobierno y la Junta firmaran en 1995 un convenio para coordinar la atenci¨®n especializada y organizar programas espec¨ªficos para los reclusos. El acuerdo contempla actuaciones de educaci¨®n para la salud, medicina preventiva (entre otras, el suministro de las vacunas de los ni?os que viven con sus madres en las prisiones), vigilancia epidemiol¨®gica, programas de salud mental y un protocolo espec¨ªfico en las consultas de especialidades (como intentar practicar todas las pruebas en una ¨²nica visita, incentivar el desplazamiento de los especialistas a las c¨¢rceles o programar para el mismo d¨ªa las consultas de varios internos de un mismo centro) con el objetivo de reducir al m¨¢ximo los traslados de los presos a los centros de salud y los hospitales.

Un convenio de 1995 cre¨® programas para mejorar la atenci¨®n a los reclusos

El primer convenio fij¨® la aportaci¨®n del Estado en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) y dispuso que esta cantidad se actualizar¨ªa cada a?o en funci¨®n del n¨²mero de reclusos y aplicando el incremento del PIB. La ¨²ltima adenda de renovaci¨®n del convenio, correspondiente a la atenci¨®n prestada en 2011, cifr¨® la aportaci¨®n del Estado en 6,1 millones (388,18 euros por cada uno de los 15.732 reclusos que albergaban las c¨¢rceles andaluzas).

La adenda de 2012 nunca se lleg¨® a firmar, aunque Salud asegura que la renovaci¨®n de estos convenios se da por hecha de forma autom¨¢tica y por ello sigui¨® prestando durante todo el a?o pasado la atenci¨®n sanitaria a los presos como en ejercicios anteriores. Pero, cuando a final del a?o ha reclamado el pago a la Secretar¨ªa General de Instituciones Penitenciarias, esta ha contestado que el convenio no est¨¢ vigente. En un escrito fechado el 21 de diciembre, el subdirector general de servicios penitenciarios, Enrique Caracuel, insta a la Consejer¨ªa de Salud a facturar cada atenci¨®n prestada ¡°con la finalidad de evitar devoluciones posteriores¡±.

Fuentes de Salud aseguran que es ¡°pr¨¢cticamente imposible¡± hacer ahora una factura para cada uno de los servicios que se prestaron el a?o pasado. El SAS, seg¨²n estas fuentes, va a intentar aportar la documentaci¨®n que sea posible, pero se da por hecho que no va a ser toda. Y, con estos precedentes, se da tambi¨¦n por descontado que el convenio no est¨¢ vigente en 2013. El acuerdo de 1995 recoge como una de las causas de extinci¨®n del mismo ¡°la falta de pago de los compromisos econ¨®micos adquiridos por la Secretar¨ªa de Estado de Asuntos Penitenciarios en concepto de servicios prestados en asistencia sanitaria¡±. Es un caso parecido al que ha puesto fin al servicio de orientaci¨®n jur¨ªdica que pagaba la Junta y que la Consejer¨ªa de Justicia ha suspendido porque el Gobierno no ha renovado el convenio que lo sustentaba.

Con la extinci¨®n del acuerdo sanitario, los reclusos seguir¨¢n recibiendo atenci¨®n en los centros del SAS, pero perder¨¢n los programas dise?ados espec¨ªficamente para ellos. Por ejemplo, el agrupamiento de las citas para facilitar el traslado de los internos a los centros de salud. Con el convenio en vigor, los fiscales de vigilancia penitenciaria, el Defensor del Pueblo y la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos han denunciado en repetidas ocasiones la p¨¦rdida de citas m¨¦dicas (hasta el 20% en algunas c¨¢rceles) que sufren los presos por la falta de polic¨ªas que les lleven al hospital, una situaci¨®n que puede empeorar ahora si el acuerdo entre las dos Administraciones se da por roto.