Andaluc¨ªa espera al Estado para retomar la asistencia jur¨ªdica en las c¨¢rceles
"En mis 14 a?os en prisi¨®n solo me ha visto un jurista una vez y no me resolvi¨® nada¡±, afirma un preso
Evaristo tiene 57 a?os. Est¨¢ en libertad condicional. Ha pasado por las c¨¢rceles de Sevilla, C¨®rdoba y Mor¨®n. Y, durante sus 14 a?os de estancia en prisi¨®n, ha podido acceder a abogados que le han ayudado a tramitar sus permisos o sus progresiones de grado. Compa?eros suyos han tramitado separaciones, ayudas al desempleo y tarjetas de residencia. Pero eso se ha acabado. Andaluc¨ªa carece desde mayo de 2012 de ese servicio que prestaban letrados del turno de oficio para asesorar a la poblaci¨®n reclusa. La Junta, que es la que paga, argumenta que no es un programa imprescindible y que no puede volver a retomarlo si el Gobierno Central no firma un convenio para validarlo.
El Servicio de Orientaci¨®n y Asistencia Jur¨ªdica Penitenciaria (Soajp) funciona desde 2005. Al igual que en otras comunidades se cre¨® ante el hecho evidente de que los presos no tienen acceso a la tutela judicial efectiva que consagra la Constituci¨®n. ¡°Cualquier ciudadano que est¨¦ en la calle puede acudir a un abogado, y si no tiene recursos econ¨®micos, se le pone uno de oficio. Pero a los reclusos, no¡±, explica Juan Domingo Valderrama, de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa y coordinador del turno de oficio penitenciario de C¨¢diz. Las primeras partidas se pagaron con el programa de justicia gratuita, pero despu¨¦s la Junta decidi¨® enmarcarlo en una subvenci¨®n espec¨ªfica recogida en un convenio firmado por el Colegio de Abogados e Instituciones Penitenciarias, dependiente del Estado.
El convenio ten¨ªa de validez hasta 2010. Las elecciones retrasaron su renovaci¨®n. El Gobierno de Rajoy deber¨ªa haberlo firmado ya, pero el Ministerio de Justicia y la Agencia Tributaria pusieron reparos administrativos. As¨ª que la Junta decidi¨® suspender el servicio.
¡°La participaci¨®n del Estado es fundamental y necesaria para reanudarlo¡±, sostuvo en el Parlamento el consejero de Justicia, Emilio Llera. Sus palabras no han sentado nada bien en el colectivo de abogados y presos, sobre todo, cuando dijo que el Soajp es un ¡°actividad complementaria¡± porque los presos cuentan con juristas en las c¨¢rceles y pueden consultar al Defensor del Pueblo.
¡°El Defensor del Pueblo atiende quejas pero no orienta ni asesora y solo hay tres o cuatro juristas por prisi¨®n¡±, denuncia Valderrama. Lo sabe en carne propia Evaristo. ¡°En mis 14 a?os en prisi¨®n solo me ha visto un jurista una vez y no me resolvi¨® nada¡±. Recuerda que, adem¨¢s, esos funcionarios forman parte de la comisi¨®n disciplinaria y asesora a toda la prisi¨®n, incluido el director. ¡°Es juez y parte¡±. Evaristo est¨¢ en libertad condicional pero tiene un sobrino en la c¨¢rcel que no contar¨¢ con la labor de esos abogados que a ¨¦l s¨ª le ayudaron. ¡°El 90% de los que est¨¢n dentro son casi analfabetos. Se les deja sin asistencia ninguna¡±.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.