Catalu?a lleva al Constitucional el decreto Wert aprobado en abril

Catalu?a ha decidido abrir un nuevo frente de conflicto pol¨ªticos en las salas del Tribunal Constitucional. Despu¨¦s de que la semana pasada la Generalitat aprobara recurrir el decreto de regulaci¨®n de la Formaci¨®n Profesional dual, ayer hizo lo mismo con el Real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalizaci¨®n del gasto p¨²blico en el ¨¢mbito educativo, que impuls¨® los primeros recortes en educaci¨®n del Gobierno con medidas como el aumento de las ratios de alumnos por aula, el incremento de las horas lectivas de los profesores y el retraso en el nombramiento de maestros sustitutos.

El gobierno catal¨¢n, que aduce invasi¨®n de competencias de la normativa estatal, ha apurado hasta el ¨²ltimo momento para presentar el recurso al Constitucional (el plazo finalizaba el pr¨®ximo lunes). La consejera de Ense?anza catalana, Irene Rigau, justific¨® esta dilaci¨®n en el hecho que primero se quer¨ªan ¡°agotar las medidas conciliadoras¡± con el Estado. M¨¢s precoces fueron Pa¨ªs Vasco, Navarra, Andaluc¨ªa, y Asturias, que ya interpusieron sendos recursos en la misma l¨ªnea y que el TC ya ha admitido a tr¨¢mite.

Como aval a este recurso, la Generalitat cuenta desde junio con un dictamen de su ¨®rgano jur¨ªdico, el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias, que establece que varios art¨ªculos de la normativa estatal contradicen al reparto competencial previsto por la Constituci¨®n y el Estatut. Concretamente, se impugnan los art¨ªculos 3, que aument¨® la jornada lectiva hasta las 25 horas semanales en Primaria y 20 en Secundaria, (uno m¨¢s que hasta entonces en Catalu?a) y el 4, que establece que no se puede sustituir a los profesores que est¨¦n de baja hasta pasados 10 d¨ªas lectivos. Seg¨²n el informe de este ¨®rgano consultivo, es la Generalitat quien tiene las competencias en funci¨®n p¨²blica y el Estado no puede legislar con tanto detalle en estos ¨¢mbitos.

Tambi¨¦n queda recurrido el art¨ªculo 6, que afecta a las universidades, concretamente, el apartado 1 en relaci¨®n a los requisitos de creaci¨®n y mantenimiento de centros y estructuras universitarias; el apartado tercero sobre la cooperaci¨®n entre universidades; el 4, sobre el r¨¦gimen de dedicaci¨®n del personal docente investigador (PDI), y el 7, sobre la financiaci¨®n de becas y ayudas.

El recurso de la Generalitat tiene un marcado acento pol¨ªtico, ya que Rigau apenas ha criticado el contenido de los recortes. Algunos, como el aumento de la jornada al profesorado, ya los hab¨ªa impulsado un a?o antes que el Gobierno. Tambi¨¦n veladas han sido las cr¨ªticas de Rigau respecto al resto de medidas, que han permitido a la Generalitat poder recortar la plantilla de profesorado en 3.000 personas, solo este curso. Y todo para poder ajustar los balances negativos del gobierno catal¨¢n. En dos a?os, la Generalitat ha recortado 627 millones el presupuesto en educaci¨®n no universitaria (un 12%), a lo que se sum¨® 260 millones m¨¢s a petici¨®n del Estado.