El juez ordena el procesamiento del ¡®superdelegado¡¯ de la Xunta en Ourense

Al presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, se le abren los frentes por supuesta corrupci¨®n en el partido y en las instituciones p¨²blicas. En el epicentro de la medi¨¢tica imputaci¨®n del exbar¨®n Jos¨¦ Luis Baltar ¡ªel jueves declar¨® ante el juez acusado por la fiscal¨ªa de un supuesto delito de prevaricaci¨®n relacionado con el congreso provincial del partido que gan¨® su hijo¡ª el hombre de confianza de Feij¨®o en Ourense, el delegado de la Xunta en la provincia, Rogelio Mart¨ªnez, se sentar¨¢ en el banquillo acusado de los supuestos delitos de malversaci¨®n, estafa y falsedad en documento p¨²blico. La situaci¨®n judicial del superdelegado ourensano, que arrastra esta acusaci¨®n desde 2006, ha dado un salto cualitativo: acaba de pasar de imputado a procesado por falsificar, supuestamente, un documento y cobrar ¡ªen su condici¨®n de presidente del grupo de acci¨®n local Ceivam¡ª subvenciones de obras financiadas por la UE , por m¨¢s de 51.000 euros, que ¡°nunca llegaron a ejecutarse¡±.

Siendo alcalde de Arnoia, y en calidad de presidente de Ceivam, Mart¨ªnez certific¨® ayudas europeas del plan Leader para la construcci¨®n de las instalaciones de una nave de biomasa en su municipio que, seg¨²n la acusaci¨®n ¡ªPSOE y BNG¡ª y la fiscal¨ªa, ya exist¨ªan. Ello supone el reconocimiento de que el dinero percibido por el grupo de desarrollo local fue desviado y que el representante de la Xunta en la provincia ¡°falsific¨®¡± para ello un documento.

La fiscal¨ªa, que desde que se abrieron las diligencias insisti¨® en la prescripci¨®n del delito, reconoci¨® en 2010 que Mart¨ªnez pudo haber incurrido en falsificaci¨®n. El ministerio p¨²blico secund¨® entonces la tesis de los demandantes pero insisti¨® en pedir el sobreseimiento de la causa por considerar prescrito el delito. Ni el fiscal ni la defensa del superdelegado negaban la comisi¨®n de la falsificaci¨®n, sino que alegaban que desde 1999 (fecha de solicitud de la subvenci¨®n) y hasta que se registr¨® la denuncia, en 2006, se hab¨ªan superado los cinco a?os de plazo que marca la ley. La acusaci¨®n entend¨ªa que el delito estaba vigente argumentando que deb¨ªan contabilizarse los a?os transcurridos desde que el superdelegado cobr¨® la subvenci¨®n, no desde que la pidi¨®.

Tras los consecutivos archivos y aperturas de la causa y el paso por el juzgado de Instrucci¨®n de Ribadavia de tres jueces distintos, el actual, Jos¨¦ Luis Dea?o, dio la raz¨®n el a?o pasado a la defensa y a la fiscal¨ªa y acab¨® archivando igualmente la denuncia. La acusaci¨®n recurri¨® y la Audiencia de Ourense orden¨® la reapertura. Los abogados de Mart¨ªnez volvieron a recurrir. El proceso parec¨ªa interminable. El jueves pasado, Dea?o dio marcha atr¨¢s en el archivo y sobreseimiento ateni¨¦ndose a la advertencia de la Audiencia provincial que ve ¡°indicios delictivos¡±. La decisi¨®n supone el rechazo a la ¨²ltima petici¨®n de archivo realizada por la defensa del superdelegado el pasado d¨ªa 5 y que en esta ocasi¨®n ¡ªinvalidado ya el argumento de la prescripci¨®n del delito¡ª argumentaba que la subvenci¨®n de la UE se hab¨ªa invertido en las obras. El letrado del superdelegado alegaba en su petici¨®n de sobreseimiento de la semana pasada que ¡°no existen indicios s¨®lidos¡± que permitan apreciar ¡°m¨¢s all¨¢ de la mera sospecha¡± de que los 51.000 euros de la UE fueron desviados, a¨²n cuando la Audiencia Nacional ya hab¨ªa condenado en firme en 2007 a Mart¨ªnez, en la v¨ªa administrativa, por este mismo delito oblig¨¢ndole a la devoluci¨®n del importe no acreditado y certificado como gasto con su firma. La defensa de Mart¨ªnez alegaba, adem¨¢s, para obtener el archivo de la causa, que ¡°no hay pruebas que permitan deducir que no se adquiri¨® la maquinaria¡± y cita el testimonio de cinco personas que aseguraron haber trabajado en la construcci¨®n y acondicionamiento de la planta de biomasa.

Mientras la Audiencia Provincial insist¨ªa (lo ha hecho en dos ocasiones) en que se reabriera la causa, el procedimiento no hizo m¨¢s que dilatarse. La ¨²ltima vez cuando el juez de instrucci¨®n determin¨® que lo juzgara un tribunal popular, a lo que se opusieron los demandantes. Finalmente (y otra vez mediante la intervenci¨®n de la Audiencia Provincial) Mart¨ªnez se sentar¨¢ ante un tribunal integrado por magistrados para que juzguen si el procesado cometi¨® o no los delitos.

Seg¨²n la documentaci¨®n aportada por los demandantes, en 1999 la sociedad Actuar, SL, de la que Mart¨ªnez era socio mayoritario, pidi¨® una ayuda para construir la planta. Dos meses despu¨¦s se hizo con la cesi¨®n de uso de unos terrenos municipales por 1,2 millones de pesetas. En el documento, firmado por el Ayuntamiento de Arnoia del que el superdelegado era entonces alcalde, y los propietarios de la SAT (Sociedad Agraria de Transformaci¨®n) O Carballo consta, como instalaci¨®n existente en la finca, una edificaci¨®n, la misma nave de biomasa para cuya construcci¨®n el superdelegado pidi¨® y recibi¨® despu¨¦s la subvenci¨®n a la UE.