La Comunidad deber¨¢ asumir servicios sociales municipales sin dinero extra

El anteproyecto de ley de racionalizaci¨®n de la Administraci¨®n local que est¨¢ elaborando el Gobierno (Partido Popular) supondr¨ªa, de aprobarse definitivamente tal y como ha pasado esta ma?ana por el Consejo de Ministro, una reducci¨®n brutal de los servicios sociales que presta el Ayuntamiento de la capital (PP) y el resto de municipios de la regi¨®n, que pasar¨ªan a ser responsabilidad de la Comunidad de Madrid (PP). Este cambio afectar¨ªa a los centros de salud municipales, las escuelas infantiles y la mayor¨ªa de servicios sociales. El Ejecutivo regional podr¨ªa mantener en manos de los Ayuntamientos estas competencias, pero s¨®lo si este aceptan, y pagando en cualquier caso su coste ¨ªntegro. Esto ¨²ltimo supone un golpe financiero importante para la Comunidad, que deber¨¢ integrar (o eliminar) esos servicios en el plazo de un a?o. El gasto social actual del Ayuntamiento de Madrid asciende en 2013 a 450 millones de euros; m¨¢s de 50.000 personas reciben ayuda a domicilio; 137.000 cuentan con teleasistencia.

?El anteproyecto de ley prev¨¦ adem¨¢s la eliminaci¨®n de todas las empresas municipales que no se sostengan financieramente por s¨ª mismas. No afectar¨¢ al n¨²mero de asesores ni al de concejales, aunque en este ¨²ltimo caso s¨ª obligar¨¢ a que 12 de los 57 que hay ahora pierdan su sueldo y dedicaci¨®n exclusiva, pasando a cobrar dietas por asistencia a plenos y otras labores. Por ¨²ltimo, el anteproyecto de ley restringe a funcionarios de carrera los puestos de mando del Ayuntamiento.

Servicios municipales obligatorios. En materia de urbanismo, el anteproyecto considera una competencia propia la protecci¨®n del patrimonio, la rehabilitaci¨®n de viviendas y la promoci¨®n y gesti¨®n de pisos de protecci¨®n ¡°con criterios de sostenibilidad financiera¡±. La alcaldesa de la capital, Ana Botella, paraliz¨® en oto?o la construcci¨®n de vivienda p¨²blica, alegando que iba a dejar de ser competencia municipal. Ahora deber¨¢ acudir a f¨®rmulas alternativas (acuerdos con bancos para alquilar su bolsa de pisos; cesi¨®n de suelo p¨²blico a cooperativas) para salvaguardar este derecho.

En materia de medio ambiente, debe asegurar la conservaci¨®n de parques p¨²blicos; la recogida y gesti¨®n de residuos; la lucha contra la contaminaci¨®n y el ruido; y el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuradoras. Este ¨²ltimo apartado est¨¢ cedido al Canal de Isabel II mediante convenios que deber¨¢n ser revisados.

?En cuanto a Movilidad, el Ayuntamiento debe gestionar y mantener las calles y plazas, regular el tr¨¢fico y el estacionamiento, y administrar el transporte p¨²blico. Esta ¨²ltima funci¨®n ha sido delegada en el Consorcio Regional de Transportes mediante acuerdos que tambi¨¦n deber¨¢n ser revisados.

Mantiene las competencias de promoci¨®n tur¨ªstica, ferias y mercados; salud p¨²blica y cementerios; instalaciones deportivas y de tiempo libre; promoci¨®n cultural y bibliotecas; polic¨ªa local y bomberos.

Qu¨¦ servicios dejan de ser municipales. Aquellos relacionados con Educaci¨®n, Sanidad y Servicios Sociales, aunque con excepciones.

El pasado mes de junio, se cerr¨® la primera fase del proceso de transferencias abierto en 2011. Se acord¨® que la Comunidad traspasara al Ayuntamiento sus 17 centros de mayores; un centro cultural; dos instalaciones deportivas y tres albergues juveniles. Se quedar¨ªa a cambio tres residencias de mayores, siete centros de drogodependientes, dos centros de atenci¨®n a discapacitados, siete bibliometros, y el tel¨¦fono de urgencias 112. La clave de este traspaso es que una sola Administraci¨®n gestione todos los servicios similares, y que el intercambio sea de suma cero, es decir, que nadie gane o pierda dinero. Este primer acuerdo afectaba a 300 trabajadores y 41,1 millones de euros de presupuesto.

En una segunda fase, a partir de este a?o, se repartir¨ªan centros de d¨ªa para mayores; ayuda a domicilio; bibliotecas; asistencia sanitaria; servicios de emergencia; instalaciones deportivas; escuelas infantiles; vivienda y empleo. La Asamblea dictamin¨® que son competencia regional la atenci¨®n social especializada, la asistencia sanitaria y el transporte de enfermos, la prevenci¨®n de drogodependencias, el tel¨¦fono de emergencias, los centros de educaci¨®n, las pol¨ªticas activas de empleo y la vivienda.

El anteproyecto aprobado hoy cambia en parte estas reglas de juego. El Ayuntamiento preve¨ªa mantener su servicio de emergencias (Samur), que incluso ampliar¨ªa su asistencia a domicilios adem¨¢s de la v¨ªa p¨²blica; el Summa regional se har¨ªa cargo del resto de municipios. Dado que, seg¨²n el nuevo texto, los servicios de emergencia no son competencia municipal, el Samur habr¨ªa de traspasarse a la Comunidad. Esto podr¨ªa evitarse si, como defiende el Ayuntamiento, el Samur no se considera estrictamente un servicio m¨¦dico sino de protecci¨®n civil.

Menos dudas caben sobre la parte de Madrid Salud que no entr¨® en el primer acuerdo, que pasar¨ªa tambi¨¦n a la Comunidad. La red incluye 16 centros, que ofrecen control ginecol¨®gico y de planificaci¨®n familiar, talleres de memoria para mayores, m¨¦todos de prevenci¨®n del estr¨¦s o para dejar de fumar, etc¨¦tera. En total, suman m¨¢s de un millar de empleados. El Ayuntamiento podr¨ªa ceder tambi¨¦n sus 17 centros de mayores.

En materia educativa, la Comunidad se quedar¨¢ con los 56 centros infantiles municipales (s¨®lo dos son de gesti¨®n directa, con 40 funcionarios), que se integrar¨ªan a su red (tiene 63, de los que 31 son de gesti¨®n directa, con 700 funcionarios). Podr¨ªa delegar en el Ayuntamiento su gesti¨®n, pero la financiaci¨®n correr¨ªa de su cuenta. Deja de ser competencia municipal el mantenimiento y vigilancia de los centros escolares, que deber¨¢ asumir la Comunidad sin poder solicitar para ello m¨¢s dinero al Estado. El Ayuntamiento s¨®lo deber¨¢ ¡°participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y cooperar en la obtenci¨®n de los solares para nuevos centros docentes¡±.

Respecto a los servicios sociales, pasa a ser competencia municipal s¨®lo ¡°la evaluaci¨®n e informaci¨®n de situaciones de necesidad social, y la atenci¨®n inmediata a personas en situaci¨®n o riesgo de exclusi¨®n social¡±. La Comunidad deber¨¢ asumir ¡°la prestaci¨®n de los servicios sociales y de promoci¨®n y reinserci¨®n social¡±.? Las labores actuales del Ayuntamiento, como la ayuda a domicilio, pasar¨¢n en el plazo de un a?o a ser depender de la Comunidad (que, como m¨¢ximo, podr¨ªa delegar, pero abonando de sus presupuestos esos servicios).

Adem¨¢s de la prestaci¨®n de servicios sociales y el mantenimiento y gesti¨®n de las escuelas infantiles, el Gobierno regional podr¨ªa delegar la gesti¨®n de centros culturales y deportivos, la promoci¨®n tur¨ªstica y la autorizaci¨®n, inspecci¨®n y sanci¨®n de espect¨¢culos p¨²blicos. Para ello, deber¨ªa transferir el dinero correspondiente al Ayuntamiento; en caso de no hacerlo, el Estado se lo detraer¨ªa de las transferencias presupuestarias.

Las transferencias de competencias no incluir¨¢n la propiedad de los inmuebles (por ejemplo, los centros de Madrid Salud) ni la deuda pesara sobre ellos por la gesti¨®n anterior.

Otros servicios, s¨®lo si son rentables. El Ayuntamiento s¨®lo podr¨¢ ejercer otras competencias o actividades econ¨®micas con permiso de la Comunidad y el Estado y si garantiza que ser¨¢n rentables, es decir, que no restar¨¢n fondos a sus funciones fundamentales. Para sufragar estos, deber¨¢ adem¨¢s establecer ¡°con car¨¢cter general¡± tasas (como hace ya con la recogida de la basura) o precios p¨²blicos (como hace en polideportivos o talleres culturales).

Adem¨¢s, siempre que quiera ejercer una funci¨®n impropia, deber¨¢ tener en cuenta que su actuaci¨®n no da?e a las empresas privadas que se dedican ya a ello. En el plazo de tres meses desde la aprobaci¨®n de la ley, el Ayuntamiento deber¨¢ justificar o dejar de prestar los servicios impropios.

A partir de la entrada en vigor de la ley, el Ayuntamiento no podr¨¢ crear nuevas empresas, sociedades, organismos, consorcios o fundaciones al menos hasta 2022, ni realizar aportaciones patrimoniales o ampliaciones de capital en las ya existentes. Las que se encuentren en n¨²meros rojos deber¨¢n aprobar un plan de ajuste este a?o, y equilibrar sus cuentas el que viene. En caso contrario, quedar¨ªan disueltas autom¨¢ticamente en agosto de 2015. Esta disposici¨®n no afecta ni a la EMT (que gestiona los autobuses urbanos) ni a Madrid Espacios y Congresos (que administra grandes pabellones como el Madrid Arena o la Caja M¨¢gica).