IU y trabajadores piden la actuaci¨®n judicial ante las privatizaciones ilegales

Izquierda Unida ha abogado por que sean los tribunales los que aclaren las irregularidades se?aladas por el dictamen del exletrado del Tribunal Constitucional Javier Barnes en los procesos de privatizaci¨®n del agua en pueblos que se separan de Giahsa, la empresa instrumental de la mancomunidad provincial de servicios MAS. ¡°Si el informe jur¨ªdico determina que esas salidas son ilegales, deben ser los servicios jur¨ªdicos de la propia mancomunidad los que tengan que acudir a los juzgados para hacer valer la estabilidad de esta organizaci¨®n como garante de la prestaci¨®n del servicio p¨²blico y del abastecimiento de agua en la provincia¡±, afirm¨® Rafael S¨¢nchez Rufo, portavoz de IU en la Diputaci¨®n onubense. S¨¢nchez Rufo precis¨® que el informe revela que el PP ha pretendido ¡°dinamitar¡± la empresa p¨²blica ¡°incumpliendo su parte¡± en el pacto por el agua.

Por su parte, Manuel Rodr¨ªguez, representante del Comit¨¦ de Empresa, tambi¨¦n es partidario de que sea un juez el que determine ¡°si hay o no delito¡± en la salida de estos ayuntamientos de Giahsa. ¡°Parece que hay una trama orquestada para perjudicar a la mancomunidad y al resto de municipios que se quedan¡±, se?al¨® Rodr¨ªguez. El representante de los trabajadores indic¨® que resulta ¡°sospechoso que en dos a?os de privatizaciones siempre est¨¦ la misma empresa detr¨¢s¡±. ¡°Los ayuntamientos del PP y gobernados en coalici¨®n con independientes aprueban salidas por v¨ªa de urgencia que no est¨¢n argumentadas cuando, adem¨¢s, los propios estatutos de la mancomunidad recogen c¨®mo tiene que salirse de forma planificada un municipio¡±, remarc¨®.

Las coordinadoras del agua de C¨¢diz y Jerez y la Asociaci¨®n Espa?ola de Operadores P¨²blicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) pidieron ayer que la justicia revise los procesos de privatizaci¨®n y al Parlamento que aplique la Ley de Aguas para que los usuarios soporten los costes del recurso, pero no gastos municipales diversos o la financiaci¨®n de los ayuntamientos a trav¨¦s de la amortizaci¨®n de c¨¢nones que adelantan las empresas privadas.

¡°Es necesario que la ley proh¨ªba expresamente que el destino de los c¨¢nones que las entidades p¨²blicas perciban por la concesi¨®n de los servicios de agua no sea otro que las infraestructuras hidr¨¢ulicas y que se establezcan los mecanismos de control y sancionadores suficientes para erradicar esta pr¨¢ctica¡±, coment¨® Luis Babiano, gerente de Aeopas.

En este sentido, Babiano a?adi¨® que la falta de un observatorio ha facilitado la opacidad y la falta de informaci¨®n y de un sistema de indicadores de gesti¨®n objetivo.

Tambi¨¦n critic¨® que el reglamento de suministro domiciliario de Andaluc¨ªa, que debe de garantizar el buen servicio p¨²blico a los ciudadanos, permita cortar el agua por impago, sin excluir a aquellos que carecen de medios, pero no pueden prescindir de este recurso, considerado un derecho humano.