El 23-F del pr¨ªncipe Felipe

La efem¨¦ride, como las fiestas y casi todo lo que tiene que ver con el calendario, es una categor¨ªa puramente ritual, religiosa, que responde a la funci¨®n de consolidar y perpetuar el orden social establecido. Es un mecanismo de reproducci¨®n que act¨²a de manera similar al cuento repetido, una y otra vez, a los ni?os antes de dormir. Si el relato es id¨¦ntico, el ni?o se dormir¨¢ pl¨¢cidamente, pero si se modifica, la zozobra se transformar¨¢ en una agitada inquietud que puede llegar hasta el paroxismo. El 23 de febrero de 1981, como todo el mundo sabe, fue una fecha decisiva para la consolidaci¨®n de la monarqu¨ªa en Espa?a en la medida que consagr¨® al rey Juan Carlos en el papel de defensor de la democracia frente a un ej¨¦rcito franquista que, parad¨®jicamente, hab¨ªa garantizado su llegada al trono. De manera que cada uno de los 23-F se ha convertido, como repetido relato medi¨¢tico, en una especie de canci¨®n de cuna del r¨¦gimen actual.

Sin embargo, 32 a?os despu¨¦s, otro 23-F se ha revelado como una fecha clave para la continuidad de la dinast¨ªa borb¨®nica al frente de la jefatura del Estado. La monoton¨ªa de la repetici¨®n del relato se ha visto interrumpida por un hecho nuevo. El yerno del Rey comparece ese d¨ªa en el juzgado de Palma, imputado por varios delitos de corrupci¨®n, y antes de someterse a las preguntas del juez y del fiscal, lee un escrito en el que dice: ¡°Declaro que la Casa de su Majestad el Rey no opin¨®, asesor¨®, autoriz¨® o aval¨® las actividades que yo desarrollaba en el Instituto N¨®os¡±. Con esta declaraci¨®n la Casa del Rey pretende dejar a la Corona al margen de las actividades del duque, preservando as¨ª su propio relato hist¨®rico. Y sin embargo, el mero hecho de la redacci¨®n del escrito, de su lectura e inmediata filtraci¨®n oficial del texto, amenaza el sentido de la narraci¨®n que se pretende preservar.

En la monarqu¨ªa parlamentaria, seg¨²n la cl¨¢sica formulaci¨®n de Bagehot, al Rey le quedan tres cosas: el derecho a ser consultado, el derecho a animar y el derecho a prevenir. No tiene potestas (capacidad de ordenar a los dem¨¢s) pero s¨ª auctoritas, es decir la capacidad de condicionar la acci¨®n de los dem¨¢s que reconocen en ¨¦l una cualidad valiosa.

Y aqu¨ª reside el problema, en la progresiva y acelerada p¨¦rdida de auctoritas por parte del jefe del Estado que el caso N¨®os desvela y que algunos mon¨¢rquicos supieron vislumbrar con lucidez, antes de que estallara en toda su crudeza, sugiriendo la conveniencia de que el Rey abdicara en favor del pr¨ªncipe Felipe. Ahora, en medio de la vor¨¢gine, ha sido el l¨ªder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, quien, en un alarde de oportunidad pol¨ªtica (debate del estado de la naci¨®n y v¨ªsperas de la declaraci¨®n de Urdangarin), ha suscitado abiertamente la cuesti¨®n, planteando de paso un nuevo problema a su partido que es supuestamente republicano y al que ha situado en la estrategia lampedusiana de cambiar algo para que todo siga igual.

De manera que si el 23-F de 1981 el rey Juan Carlos, haciendo uso de su derecho a prevenir, salv¨® la democracia y con ello consolid¨® la monarqu¨ªa, el 23-F de 2013, con el texto le¨ªdo por el duque, lo que la Casa de Su Majestad trata de preservar, m¨¢s all¨¢ de la figura de un rey, amortizada hist¨®ricamente, es la de su sucesor.

?