La Xunta perdona la demolici¨®n del asilo ilegal promovido por Baltar
El edificio se inici¨® sin licencia, en suelo no urbanizable y con el doble de la altura m¨¢xima permitida
El asilo ilegal financiado por Baltar con fondos p¨²blicos para la empresa de uno de sus alcaldes se va de rositas. La Agencia de Protecci¨®n de la Legalidad Urban¨ªstica (APLU), dependiente de la Conseller¨ªa de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, ha archivado el expediente de reposici¨®n de la legalidad urban¨ªstica que orden¨® al Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa (600 habitantes) la ejecuci¨®n inmediata del derribo de la inacabada residencia de ancianos que perturba el monta?oso paisaje del Macizo Central.
El negocio, planificado en el a?o 2000 en pleno culmen de la burbuja inmobiliaria, era redondo: Baltar pag¨® la obra con fondos p¨²blicos, un diputado provincial y alcalde cedi¨® terrenos municipales gratis y la empresa de otro exalcalde baltarista se quedar¨ªa con la gesti¨®n del asilo. Pero nunca fue rematado. El proyecto se presupuest¨® en m¨¢s de 1,3 millones de euros, aunque solo se ejecutaron 662.000 a trav¨¦s de subvenciones concedidas por la Diputaci¨®n de Ourense. El esqueleto del geri¨¢trico lleva m¨¢s de un lustro esperando una artima?a legal que permita rematar la edificaci¨®n en medio de la aldea de Celeiros (70 vecinos) para cederlo gratuitamente a la Fundaci¨®n Valdegodos, propiedad de la poderosa familia Candal, que acaba de recuperar la alcald¨ªa del ayuntamiento ourensano de Vilamart¨ªn de Valdeorras a trav¨¦s de una moci¨®n de censura.
Dos clanes pol¨ªticos muy unidos
Una vez finalizado, el asilo ilegal de Chandrexa de Queixa iba a ser gestionado por la Fundaci¨®n Valdegodos, un conglomerado empresarial creado en 1975 por Manuel Candal, exalcalde del PP en Vilamart¨ªn de Valdeorras. Nunca pudo ver el proyecto finalizado. Falleci¨® en 2009 en medio de un proceso judicial que le encaus¨® por un presunto delito de prevaricaci¨®n. La relaci¨®n entre la familia Baltar y la familia Candal es muy estrecha. Un busto de Baltar padre colocado en un pedestal de dos metros de altura preside la entrada a la sede de la empresa de los Candal. La placa colocada bajo el busto honra al ¡°benefactor¡± cacique ourensano. Adem¨¢s uno de los puentes que atraviesa el r¨ªo Sil a su paso por la localidad fue bautizado con el nombre del exbar¨®n. Los Candal, como los Baltar, tambi¨¦n se perpet¨²an en las instituciones a trav¨¦s de sucesiones din¨¢sticas. Candal padre fue el fervoroso alcalde baltarista de Vilamart¨ªn durante 36 a?os. Su hija, Mar¨ªa Jesusa, ha ocupado esa alcald¨ªa en dos ocasiones, aunque nunca fue elegida en las urnas. Hered¨® el puesto en 2009 tras la muerte de su progenitor. En las ¨²ltimas elecciones locales perdi¨® el bast¨®n de mando y el PSdeG accedi¨® al gobierno siendo la lista m¨¢s votada. Pero el pasado 20 de enero de 2013, Candal hija recobr¨® el control del Ayuntamiento a trav¨¦s de una moci¨®n de censura amparada por Baltar y apoyada en los votos de dos ediles de Alianza Popular Galega (APG). Adem¨¢s, fue una de las regidoras que estuvo vitoreando a Baltar padre en la puerta del juzgado el d¨ªa que prest¨® declaraci¨®n ante el magistrado que investiga los enchufes masivos.
Ignacio Candal, el otro hijo del sempiterno alcalde valdeorr¨¦s, entr¨® a trabajar en la Diputaci¨®n ourensana como t¨¦cnico superior en desarrollo local y fondos europeos tras superar una oposici¨®n en 2009. Tambi¨¦n forma parte de la direcci¨®n del conglomerado empresarial familiar que a¨²n aspira a hacerse con la residencia ilegal pagada con fondos p¨²blicos.
El subdirector de la APLU orden¨® el archivo del expediente que certific¨® la ilegalidad y orden¨® la demolici¨®n. El rosario de incumplimientos legales descrito por la agencia urban¨ªstica que ahora hace la vista gorda es interminable: la construcci¨®n se levanta en terreno r¨²stico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997 (que solo permite obrar en suelo urbano consolidado en municipios sin plan de urbanismo), se inici¨® sin autorizaci¨®n administrativa, duplica la altura m¨¢xima permitida (siete metros), no incluye la obligatoria previsi¨®n de aparcamientos, nunca se aprob¨® un expediente de delimitaci¨®n del terreno y, adem¨¢s, excede la ocupaci¨®n m¨¢xima de la parcela. La agencia urban¨ªstica concluy¨® que las obras no eran legalizables, por lo que orden¨® el derribo en una resoluci¨®n de octubre de 2010.
El plazo m¨¢ximo para ejecutar la demolici¨®n era de tres meses. Dos a?os despu¨¦s el edificio no ha sido derribado. La mole contin¨²a impert¨¦rrita en medio de la monta?a ourensana. A pesar de ello, la Xunta archiva el caso y deja en manos del alcalde, Francisco Rodr¨ªguez (PP), el obligado cumplimiento de la ley. El documento recuerda al regidor que ¡°debe adoptar todas las medidas necesarias para la protecci¨®n de la legalidad urban¨ªstica en el ejercicio de sus competencias¡±. Adem¨¢s, el Ayuntamiento de Chandrexa pag¨® multas coercitivas de 1.000 euros impuestas por la directora de la agencia por no materializar el derribo.
El mismo alcalde al que ahora se encarga la tarea de cumplir la ley, present¨® varias alegaciones contra las resoluciones de la APLU. Unas resoluciones que, tras la visita de una inspectora, dictaminaron que el dise?o del centro geri¨¢trico ¡°no se adapta al ambiente en que est¨¢ situado¡± porque ¡°rompe la harmon¨ªa del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto natural¡±. El regidor lleg¨® a cambiar la superficie de la parcela ocupada ilegalmente. En su escrito figuraba con 6.350 metros cuadrados, pero la certificaci¨®n del Catastro se?ala que tiene 3.371 metros. Todas las alegaciones fueron desestimadas por la misma agencia que ahora da carpetazo al caso.
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