Los due?os de la mina culpan del da?o ecol¨®gico a la presi¨®n de la obra del Gai¨¢s

En la cantera de Muras que visti¨® de cuarcita la Cidade da Cultura hasta que ya no dio m¨¢s de s¨ª por mucho que la exprimieran nadie daba ¨®rdenes y nadie sab¨ªa nada. All¨ª la plantilla solo conoc¨ªa qui¨¦n pagaba a final de mes, la UTE Campo-Ipisa, que se hizo con un contrato de la Xunta, por 6,6 millones, para suministrar piedra al Gai¨¢s; pero los trabajadores no ten¨ªan claro qui¨¦n mandaba. Lo peor es que tampoco lo sab¨ªan, si se tiene en cuenta las declaraciones de los acusados ayer en el juicio celebrado en la Audiencia de Lugo, los jefes del negocio.

Todos los testimonios caminaron en la misma direcci¨®n: hab¨ªa seis cuadr¨ªculas mineras sobre las que ten¨ªa derecho la familia del exalcalde popular de Ortigueira Antonio Campo; exist¨ªa una fuerte demanda, presi¨®n y prisa por parte una obra gigantesca que era el sue?o dorado de Fraga; y nadie hab¨ªa ca¨ªdo en la cuenta de que era necesario respetar los l¨ªmites impuestos por una declaraci¨®n de impacto ambiental. Uno de los acusados lleg¨® a alegar ante el juez, en una vista que dur¨® ma?ana y tarde y se extendi¨® hasta bien entrada la noche, que no sab¨ªa que la cantera Angelita lindaba peligrosamente con el Lugar de Inter¨¦s Comunitario (LIC) Serra do Xistral. Seg¨²n la fiscal¨ªa, la explotaci¨®n invadi¨® 1,2 hect¨¢reas del paraje protegido para satisfacer los caprichos del complejo que dise?¨® Eisenman.

El fiscal pide cinco a?os de prisi¨®n por un delito contra el medioambiente para los empresarios Pablo Campo, Siro Vega y el ingeniero Manuel Paj¨®n. Los dos primeros eran socios, junto con el pol¨ªtico Antonio Campo y Alberto Vega, de Piedra Natural de Muras, SL. El tercero, era director facultativo de la cantera. Seg¨²n el ministerio p¨²blico y la acusaci¨®n particular, la asociaci¨®n ecologista Adega, la extracci¨®n de cuarcita incumpli¨® todas las disposiciones de la declaraci¨®n de impacto, se hizo sin permiso municipal ni de la Xunta e invadi¨® terreno sensible, protegido y prohibido.

En la vista oral, Pablo Campo, condenado a m¨¢s de un a?o de c¨¢rcel en 2009 por otro delito, esa vez contra el patrimonio hist¨®rico, se descarg¨® de culpa asegurando que no ten¨ªa conocimientos t¨¦cnicos para explotar la cantera. Incluso dijo que ¡°desconoc¨ªa¡± el domicilio social de Piedra Natural de Muras. El hermano del exalcalde asegur¨® que no ten¨ªa noticia del LIC, y admiti¨® que ¡°la mayor¨ªa de la actividad era para la Cidade da Cultura¡±, pero que la mina no era ¡°rentable¡±. Siro Vega reconoci¨® que la explotaci¨®n de cuarcita ¡°hab¨ªa sido una buena idea¡±, teniendo en cuenta las obras del Gai¨¢s. Y Paj¨®n confirm¨® que hab¨ªa sido el anterior quien lo hab¨ªa contratado e insisti¨® en que ¨¦l cre¨ªa que el proyecto era ¡°respetuoso¡± con el medio.

Como testigos, adem¨¢s de agentes del Seprona, personal de la cantera y expertos del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (un organismo mixto de titularidad universitaria pero integrado tambi¨¦n por varias conseller¨ªas), prestaron declaraci¨®n Antonio Campo y su otro hermano, Epifanio, aut¨¦ntico titular de los derechos mineros entre 1998 y 2006. Ellos, aseguraron, tampoco sab¨ªan nada. El exalcalde reconoci¨® que o¨ªa hablar en las reuniones familiares de la cantera y nada m¨¢s.

Ning¨²n responsable de la Xunta acudi¨® para explicar por qu¨¦ se dej¨® que esta firma le surtiese cuarcita pese a saber que era ilegal y contar con un informe que alertaba de que la piedra no bastar¨ªa para el Gai¨¢s. Un portavoz de Adega, Daniel Vispo, calific¨® de ¡°escandaloso¡± que la Administraci¨®n no actuase y el caso tuviese que llegar a juicio. El ecologista cree que los hechos evidencian la ¡°connivencia¡± del Gobierno de Fraga para con la familia Campo.