Seis piezas separadas investigan la actividad de G¨¹rtel en Valencia

El llamado caso de los trajes fue solo la punta del iceberg de la abundante actividad de la trama G¨¹rtel en la Comunidad Valenciana, seg¨²n atestiguan los miles de folios que integran las seis piezas separadas de la causa que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. G¨¹rtel puso a prueba el sistema judicial espa?ol, y ha revelado disfunciones cuando las causas, como en este caso, tienen aforados en m¨¢s de un territorio, lo que fuerza la divisi¨®n de la investigaci¨®n en distintos ¨®rganos jurisdiccionales.

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron juzgados solo por haber recibido presuntamente regalos de la trama corrupta (22 prendas el primero y 16 el segundo) por un montante total de 23.000 euros. Qued¨® excluido del juicio por jurado el resto de negocios de la trama en Valencia, que finalmente han llegado al Tribunal Superior valenciano.

La primera de las piezas separadas indaga la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP por parte de ocho empresas constructoras que hab¨ªan recibido millonarias adjudicaciones por parte del Gobierno valenciano. Seg¨²n los indicios que obran en la causa, las empresas pagaron actos electorales del PP de las campa?as electorales municipal y auton¨®mica de 2007, en la que Camps logr¨® la mayor¨ªa absoluta, y de las generales de 2008, en las que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy perdi¨® contra su predecesor, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. En esta pieza est¨¢ imputada la c¨²pula del PP en Valencia de la ¨¦poca, incluido Costa, y tambi¨¦n el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.

Formalmente, esta pieza esta subdivida en otras dos: una por las elecciones de 2007, en la que se atribuyen de forma indiciaria delitos electorales (el nombre t¨¦cnico de la financiaci¨®n ilegal); y la otra por los comicios de 2008, que se sigue por falsificaci¨®n en documento mercantil pero que el magistrado instructor ya ha adelantado que puede terminar reconvertido igualmente en delito electortal.

El tribunal mantiene abierta otra pieza por el supuesto fraude con motivo de la cobertura televisiva por parte de Canal 9 de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Seg¨²n la prolija investigaci¨®n judicial, la trama utiliz¨® a una empresa constructora leonesa sin experiencia en el sector audiovisual, Teconsa, como pantalla para adjudicarse el contrato en connivencia con el exdirector de la televisi¨®n auton¨®mica, Pedro Garc¨ªa que, como Camps, era ¨ªntimo amigo de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, delegado en Valencia de la red. De los m¨¢s de seis millones de euros destinados a la cobertura televisiva, la trama se habr¨ªa embolsado m¨¢s de la mitad, tras subcontratar por tres millones los trabajos. El sobrecoste habr¨ªa sido distribuido en comisiones entre los cabecillas de G¨¹rtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, P¨¦rez y el director de Canal 9.

La pieza separada m¨¢s avanzada, en la que el juez instructor del caso G¨¹rtel en Valencia, Jos¨¦ Ceres, ha dado ya por concluida la instrucci¨®n, versa sobre el mayor negocio que la red hizo en el territorio. Se trata de las adjudicaciones, por cinco millones de euros, del dise?o y montaje del pabell¨®n de la Generalitat en la feria tur¨ªstica Fitur desde 2005 a 2009. Anticorrupci¨®n considera que las cinco ediciones fueron ama?adas, y que Orange Market, la empresa que dirig¨ªa El Bigotes, se llev¨® a?o tras a?o los concursos a pesar de no reunir los requisitos para presentarse (en la primera edici¨®n), realizar las ofertas m¨¢s caras (en casi todos los casos) y presentar numerosas facturas duplicadas o con precios hinchados para justificar los gastos.

El ama?o, seg¨²n la fiscal¨ªa y la acusaci¨®n popular de los socialistas valencianos, cont¨® con la colaboraci¨®n de numerosos cargos y funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo. A la cabeza, quien fue consejera de Turismo y despu¨¦s presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Mart¨ªnez, a¨²n diputada auton¨®mica y alcaldesa de Novelda, a pesar de que Anticorrupci¨®n solicita 11 a?os de prisi¨®n para ella. Entre los acusados figura otra consejera de Camps, Ang¨¦lica Such, para quien fiscal¨ªa pide inhabilitaci¨®n, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete en Turismo, para quien ha solicitado otros 11 a?os de c¨¢rcel.

El fin de la instrucci¨®n fue recurrida por varios de los imputados, y el procedimiento se encuentra ahora pendiente de que se resuelvan.

La actividad de G¨¹rtel se extendi¨® por casi toda la Generalitat y sus empresas p¨²blicas, como demuestra otra de las piezas separadas, en la que figuran m¨¢s de 70 contratos por cuant¨ªas menores. La mayor¨ªa fueron adjudicados a dedo por menos de 12.000 euros, seg¨²n la fiscal¨ªa, para esquivar los procedimientos de contrataci¨®n m¨¢s exigentes de las Administraciones. Aunque los hechos son similares, aparentemente, a los que se investigan en las adjudicaciones de Fitur, el complejo discurrir procesal de la causa ha hecho que se instruyan de forma separada.

La ¨²ltima de las piezas investiga los supuestos delitos fiscales que la trama habr¨ªa cometido con motivo de la contrataci¨®n con la Generalitat y el PP valenciano. Al contrario que en el resto de piezas, en esta s¨®lo est¨¢n imputados los cabecillas de G¨¹rtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y P¨¦rez, as¨ª como varios de los trabajadores de su entramado empresarial.