La Defensora del Pueblo no ve inconstitucional la privatizaci¨®n

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, asegura que no ve inconstitucional lo que en un comunicado hecho p¨²blico hoy llama "la reordenaci¨®n de la asistencia sanitaria madrile?a", es decir, la privatizaci¨®n de la gesti¨®n de seis hospitales y de 27 centros de salud, entre otros cambios en el panorama sanitario de la regi¨®n. Asegura, sin embargo, que estar¨¢ "muy atenta a su implantaci¨®n para evitar situaciones de desigualdad".?

Tanto asociaciones como la de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) como partidos pol¨ªticos (UPyD e Izquierda Unida) y sindicatos (Amyts, de m¨¦dicos) han pedido recientemente a la Defensora del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad -ellos no pueden, dado que se necesitan al menos 50 senadores o 50 diputados- contra la norma que recoge el plan privatizador. Se trata de la ley 8/2012, aprobada el 28 de diciembre pasado gracias a la mayor¨ªa absoluta del PP en la Asamblea, que faculta al Servicio Madrile?o de Salud para ¡°adjudicar contratos para la gesti¨®n del servicio p¨²blico de asistencia sanitaria especializada¡± en seis hospitales inaugurados en 2008. Se trata del mayor plan de gesti¨®n privada de la sanidad p¨²blica puesto en marcha en Espa?a y supone que la atenci¨®n de cerca de 1,5 millones de madrile?os pase a manos de empresas.

La Defensora del Pueblo considera que los art¨ªculos 62 y 63 de esta ley "no presentan indicios de inconstitucionalidad". No obstante, a?ade, "la instituci¨®n seguir¨¢ con especial inter¨¦s tanto el proceso de implantaci¨®n de este nuevo modelo como las f¨®rmulas que deben adoptarse para garantizar la mayor homogeneidad y calidad de la actividad asistencial". La Defensora recuerda a los ciudadanos que crean que sus derechos son lesionados que pueden presentar una queja. Asimismo, se?ala que "en caso de que este nuevo modelo sanitario ocasione un deterioro de la calidad del servicio, la oficina del Defensor del Pueblo intervendr¨¢".

El PSOE present¨® la semana pasada su propio recurso de inconstitucionalidad, cuya argumentaci¨®n se basa en parte en un informe jur¨ªdico de 56 p¨¢ginas encargado por la Afem al bufete L¨®pez Rod¨® & Cruz Ferrer. Afem, uno de los colectivos m¨¢s activos en la marea blanca de protesta contra la privatizaci¨®n de la gesti¨®n sanitaria, entreg¨® una copia de ese informe a los portavoces de Sanidad de la Asamblea, el Congreso y el Senado, a la ministra de Sanidad, al presidente del Gobierno y al Defensor del Pueblo. El informe jur¨ªdico ha sido costeado gracias a una campa?a de donaciones. Parte de los 180.000 euros proceden del d¨ªa de ¡°no huelga¡± que se organiz¨® el 12 de febrero pasado, en el que Afem invitaba a los sanitarios a donar el salario que perder¨ªan haciendo huelga ¡°para la defensa jur¨ªdica de la sanidad p¨²blica¡±.

La Defensora considera que "faltan elementos b¨¢sicos para valorar el nuevo modelo dado que se desconoce el desarrollo del proceso de contrataci¨®n y las normas de control y supervisi¨®n que establecer¨¢ la Comunidad de Madrid", se?ala el comunicado. La falta de informaci¨®n y de transparencia del proceso es precisamente uno de los principales argumentos de los contrarios a la privatizaci¨®n, entre los que figuran las sociedades cient¨ªficas, las asociaciones profesionales y el Colegio de M¨¦dicos de Madrid, entre otras instituciones que representan al colectivo sanitario.

Becerril se?ala que "se debe asegurar la pluralidad entre las entidades privadas adjudicatarias para evitar que ninguna adquiera una posici¨®n dominante". El consejero de Sanidad, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, asegur¨® hace unos d¨ªas que su intenci¨®n era dise?ar los pliegos de condiciones de manera que resultaran adjudicatarias diferentes empresas. La Defensora tambi¨¦n considera "necesario garantizar que el gasto por enfermo resulte equivalente tanto en la funci¨®n asistencial realizada por el Servicio Madrile?o de Salud como en la realizada por las entidades privadas". Y finalmente, Becerril aboga por reforzar derechos de los usuarios como la libre elecci¨®n o la segunda opini¨®n, y considera la posibilidad de establecer un sistema para que los profesionales dejen constancia de su criterio sobre la conveniencia de derivar a un paciente a un servicio concreto.?

El informe de Afem denuncia, entre otras cosas, que el Gobierno regional carece de estudios econ¨®micos que justifiquen el ahorro de la privatizaci¨®n. Tambi¨¦n la creaci¨®n de dos sistemas paralelos en la prestaci¨®n sanitaria: el de los hospitales p¨²blicos, con un presupuesto asignado y que trabajan en red, y el de los privados, cuya retribuci¨®n se basa en mantener a los pacientes que tienen asignados y que son penalizados si les remiten a otros centros.