Alquiler dif¨ªcil, hipoteca imposible

Estos son los datos objetivos. Saque usted sus conclusiones.

Dato 1. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) firm¨® el 18 de octubre de 2012 un contrato de opci¨®n de compra con Renta Corporaci¨®n para venderle a la inmobiliaria cinco bloques de pisos en el distrito Centro por 21 millones de euros. Estaban en la carrera de San Francisco (35 viviendas, valoradas en 6,7 millones), la calle Embajadores (24, por 3,4 millones), la calle San Cayetano (52, por 7,3 millones) y la calle de la Madera (19, por 3,5 millones). De esos 130 pisos, rehabilitados con dinero p¨²blico, 117 estaban ocupados por familias que, pese a ser viviendas libres, pagaban un alquiler social inferior a 200 euros.

A los vecinos se les ofreci¨® firmar un nuevo contrato con Renta Corporaci¨®n a precio de mercado, o trasladarse a pisos de la EMVS ¡°de similares caracter¨ªsticas¡± y con el mismo alquiler, pero, en la mayor¨ªa de casos, en otros distritos. Los inquilinos, de los que m¨¢s del 40% eran de avanzada edad y hab¨ªan pasado media vida en esos pisos, se negaron.

A primeros de diciembre, Renta Corporaci¨®n renunci¨® a la opci¨®n de compra, y la operaci¨®n se cancel¨®. La inmobiliaria, que deb¨ªa compensar a la EMVS con 300.000 euros, se acogi¨® a un concurso voluntario de acreedores en marzo, con una deuda de 185 millones. De las 117 familias, 12 aceptaron irse a otras viviendas.

Dato 2. Los vecinos exigieron a la EMVS que, antes de vender sus casas a un tercero, se las ofrecieran a ellos. Aduc¨ªan que as¨ª figuraba en los contratos de alquiler, firmados hace dos d¨¦cadas.

Una vez que Renta Corporaci¨®n renunci¨® a la operaci¨®n, la EMVS ofreci¨® en febrero los pisos a sus inquilinos al mismo precio al que iba a adquirirlas la inmobiliaria: entre 68.000 (por 30 metros cuadrados) y 201.000 euros (por 100). Esos precios corresponden a vivienda libre (aunque sean muy similares a los de la vivienda protegida), pero los inquilinos pagan un alquiler social precisamente porque su renta familiar es inferior a 1.330 euros al mes.

La EMVS obligaba a pagar los pisos de una tacada, es decir, mediante hipoteca. Sin embargo, la cuota mensual de los pr¨¦stamos ser¨ªa en muchos casos superior a la renta de las familias; eso, si les otorgaban el pr¨¦stamo, algo m¨¢s que dudoso teniendo en cuenta su situaci¨®n financiera y edad.

Los inquilinos protestaron por las condiciones. La EMVS les respondi¨® en marzo que consideraba rechazada la oferta de compra. Reconoce a EL PA?S que podr¨ªa haber llegado a un acuerdo con los vecinos para que el precio de adquisici¨®n fuera inferior, asegur¨¢ndose que, en caso de fueran a vender luego la vivienda, tuvieran que ofrec¨¦rsela antes al Ayuntamiento por ese mismo precio. Sin embargo, eso supondr¨ªa en su opini¨®n un agravio comparativo para el resto de beneficiarios de vivienda protegida.

Dato 3. Los contratos de alquiler de las 117 familias vencen cada dos a?os, seg¨²n la EMVS. Las familias creen en cambio que se rigen por el Decreto 100/86, es decir, que la renovaci¨®n es autom¨¢tica de por vida en las mismas condiciones. La EMVS considera que 24 de esos contratos ya han vencido, y que aproximadamente medio centenar lo har¨¢ antes de junio. Por eso, ha dejado de cobrar el alquiler, y ha indicado a esos inquilinos que se dirijan a sus oficinas para formalizar un nuevo contrato. Tendr¨ªa cinco a?os de vigencia, con tres de pr¨®rroga. El precio ser¨ªa ¡°en principio¡± similar al actual. La vivienda, la misma. Las familias deber¨ªan demostrar que cumplen los requisitos para beneficiarse del alquiler social. A los ocho a?os, se renovar¨ªa (en caso de seguir cumpli¨¦ndolos), aunque no se les asegura que entonces se mantengan las mismas condiciones y la misma vivienda. Los inquilinos se han negado, y han seguido pagando su alquiler en una cuenta de la EMVS de forma irregular. Ese dinero se les devolver¨¢ en breve.

Dato 4. Las familias anunciaron ayer que presentar¨¢n pr¨®ximamente una querella contra la EMVS y el Ayuntamiento por los presuntos delitos de coacciones, contra la integridad moral y estafa. En resumen: por acoso inmobiliario.

En opini¨®n de uno de sus abogados, Endika Zulueta, la EMVS ha practicado ¡°un escrache institucional¡± contra esas familias para ¡°diluir su resistencia¡± mediante t¨¦cnicas de hostigamiento ¡°que individualmente no son delito¡± pero s¨ª en su conjunto.

Seg¨²n Zulueta, esas familias simbolizan ¡°la lucha por el derecho a una vivienda digna, como las protestas de los m¨¦dicos lo son por una sanidad p¨²blica de calidad¡±.

Para probar esas afirmaciones, el psiquiatra y perito judicial Pau P¨¦rez realiz¨® ¡°una evaluaci¨®n del da?o a la salud f¨ªsica y mental¡± presuntamente ocasionado a estas familias, a partir de 105 entrevistas en 55 hogares. El 43% de estas personas superaba los 65 a?os de edad; la mitad del total eran parados, jubilados o personas con discapacidad.

De entre los encuestados, el 65% denuncia enga?os; el 50% falta de respeto; el 34% acciones intimidantes; y el 13% llamadas de hostigamiento. P¨¦rez considera que se han triplicado las consultas m¨¦dicas por problemas psicol¨®gicos, y se ha disparado (del 0% al 18%) el n¨²mero de afectados que se automedican ansiol¨ªticos. Un 17% de los entrevistados ha tenido ideas de suicidio; una persona asegura que ha llegado a intentar quitarse la vida, aunque sin conseguirlo. El 40% de los entrevistados, sobre todo ancianos, afirma que tiene miedo a salir de casa por si no pudiera regresar a ella. Hay familias que siempre dejan a un miembro en casa por si acaso. La EMVS niega que les vaya a arrebatar sus viviendas.