Las enfermeras, las m¨¢s vulnerable ante las agresiones a sanitarios

Desde que la Fiscal¨ªa Superior de Andaluc¨ªa recomend¨® en 2007 que las agresiones contra el personal sanitario pudieran considerarse un delito de atentado contra la autoridad, se ha multiplicado el n¨²mero de sentencias condenatorias por esa causa. En el a?o 2009 solo se produjeron tres condenas por atentado; en 2012, ya fueron 21, seg¨²n los datos aportados ayer durante la comisi¨®n parlamentaria de Salud y Bienestar Social por la consejera de Salud, Mar¨ªa Jes¨²s Montero (PSOE).

¡°Los ¨®rganos judiciales han demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto¡±, se felicit¨® Montero. El a?o pasado se registraron 925 agresiones, 151 menos que en 2011. La mayor¨ªa (52%) ocurren en centros de atenci¨®n primaria, aunque, en proporci¨®n a la actividad asistencial que acaparan estos centros (65%), hay m¨¢s agresiones en los hospitales. Entre los profesionales sanitarios, son las enfermeras las que m¨¢s sufren este tipo de episodios y entre los no sanitarios, los celadores.

Montero hizo ayer balance del plan de prevenci¨®n de agresiones a profesionales del sistema sanitario p¨²blico andaluz y anunci¨® que su departamento est¨¢ trabajando en cambios en el registro de agresiones a profesionales para proponer medidas de seguridad acordes a los problemas concretos de cada centro. El plan, que naci¨® en 2005, fija un protocolo de actuaci¨®n que recomienda a los trabajadores qu¨¦ hacer ante una situaci¨®n de violencia y ofrece asistencia psicol¨®gica y jur¨ªdica a los profesionales afectados, que puede ser incluso trasladados de centro.

Desde que se puso en marcha el plan, se han instaurado medidas de seguridad en los centros. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha invertido 160 millones de euros en la implantaci¨®n de dispositivos tecnol¨®gicos, como timbres antip¨¢nicos, interfonos, tel¨¦fonos directos con seguridad, salidas alternativas y videoc¨¢maras de vigilancia en espacios abiertos. Adem¨¢s, algunas ambulancias cuentan con GPS y con timbres para avisar de posibles incidencias. Asimismo, hay 600 vigilantes de seguridad en los centros sanitarios de mayor conflictividad. ¡°Solo act¨²an cuando hay un problema real¡±, se?al¨® Montero.

Durante la comisi¨®n parlamentaria, Montero respondi¨® tambi¨¦n sobre la situaci¨®n de atenci¨®n a los dependientes, una de las ¨¢reas que m¨¢s est¨¢n sufriendo los recortes de las distintas Administraciones. La consejera admiti¨® que el ritmo de la atenci¨®n a los nuevos dependientes se est¨¢ ¡°ralentizando¡± y culp¨® directamente de ello al Gobierno central, que ha recortado en 200 millones de euros el dinero que le correspond¨ªa a la Junta en aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia. ¡°Tenemos que compensar la parte que el Gobierno no pone y es a consta de no poder aportar ese dinero para que nuevos beneficiarios entren en el sistema¡± afirm¨® la consejera.