La Junta cree que la modificaci¨®n de la Ley de Costas genera ¡°falsas expectativas¡±

Los derroteros que est¨¢ tomando la modificaci¨®n de la Ley de Costas que tramita el Ministerio de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente no se ven bien desde la Administraci¨®n andaluza. Especialmente, la enmienda del PP que reduce la zona de protecci¨®n del litoral de los 100 a los 20 metros en algunos casos. Luis Planas, consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, considera que este paso es una "regresi¨®n" si se compara con la normativa auton¨®mica, estatal y comunitaria que se ha ido desarrollando en los ¨²ltimos a?os. Adem¨¢s, el consejero, en cuyo departamento est¨¢n tambi¨¦n las competencias de ordenaci¨®n del territorio, cree que la regularizaci¨®n de viviendas en esa franja de 80 metros "ser¨¢ muy complicada de aplicar". "Se est¨¢n generando falsas expectativas", opina Planas.

Los Ayuntamientos y las comunidades tendr¨¢n que tutelar la aplicaci¨®n de la reducci¨®n de los 100 a los 20 metros. Seg¨²n el consejero, estas Administraciones deber¨¢n hacer "arqueolog¨ªa", ya que el punto de partida que se tomar¨¢ para convertir los suelos ubicados en esa franja de 80 metros en urbanizables es el a?o 1988. Para poder regularizar las construcciones ubicadas en esa zona, la enmienda del PP fija como uno de los requisitos que un tercio de la superficie estuviera edificada hace 25 a?os, algo que, seg¨²n indica Planas, tendr¨¢n que comprobar los Ayuntamientos y Gobiernos regionales.

Lo que complica a¨²n m¨¢s este asunto es el reparto de las competencias: mientras el Estado mantiene las que afectan al dominio p¨²blico, los municipios y comunidades tienen en sus manos la ordenaci¨®n urban¨ªstica. De ah¨ª que ahora puedan surgir algunas contradicciones con la reforma de la Ley de Costas.

Por ejemplo, la enmienda del PP fija esa ocupaci¨®n de un tercio de la superficie como requisito para la regularizaci¨®n de las edificaciones. Pero la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa (LOUA) establece que, para que un suelo pueda ser considerado urbano, deben "estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificaci¨®n".

El departamento de Planas considera "muy dif¨ªcil de prever los efectos que la modificaci¨®n de la Ley de Costas tendr¨¢ en Andaluc¨ªa". Por un lado, el propio ministerio ha reconocido que los cambios responden a las reclamaciones realizadas desde Canarias y Galicia, y pretende resolver la situaci¨®n de los n¨²cleos de poblaci¨®n preexistentes a la Ley de Costas de 1988. Por otro, en el caso de Andaluc¨ªa, el 50% de los municipios del litoral ya tienen aprobados planes de ordenaci¨®n adaptados a la normativa auton¨®mica, que fija una franja de protecci¨®n (sin edificaciones) de 200 metros desde la orilla.

El enfrentamiento entre populares y socialistas sobre el urbanismo est¨¢ vivo en Andaluc¨ªa, y no solo por la modificaci¨®n de la Ley de Costas. El PP se ha opuesto al decreto impulsado por la Junta que busca preservar los 500 primeros metros de costa. Los populares pretenden llevar esta medida al Tribunal Constitucional.

En lo que s¨ª coinciden el Gobierno central y la Junta es en que la modificaci¨®n de la Ley de Costas no supondr¨¢ el indulto del pol¨¦mico hotel del paraje almeriense del Algarrobico. Las dos Administraciones se ha comprometido a demolerlo en cuanto exista suficiente seguridad jur¨ªdica.