ICV fracasa en su intento de reprobar a Mas-Colell por la privatizaci¨®n de ATLL
El apoyo de Esquerra Republicana salva a CiU de recibir un rev¨¦s en la C¨¢mara catalana
El proceso de privatizaci¨®n de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) continuar¨¢ como hasta ahora: judicializado y sin ninguna intenci¨®n por parte del Gobierno catal¨¢n de dar marcha atr¨¢s en la adjudicaci¨®n del concurso a Acciona. Adem¨¢s, la posibilidad de que el Parlament se convirtiera ayer en un nuevo ariete contra la privatizaci¨®n de la gesti¨®n del agua en alta que consumen casi cinco millones de catalanes se esfum¨® a las siete de la tarde. La moci¨®n presentada por ICV-EUiA fue rechazada por una mayor¨ªa parlamentaria y de nada sirvieron las enmiendas planteadas por los diferentes grupos para efectuar cuatro votaciones separadas en funci¨®n de los puntos incluidos en la redacci¨®n de la moci¨®n.
Todas ellas fueron rechazadas gracias a las diferentes alianzas que logr¨® CiU. El consejero de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell ¡ªuno de los ide¨®logos de la operaci¨®n¡ª no ser¨¢ reprobado por sus responsabilidades pol¨ªticas en el procedimiento de adjudicaci¨®n gracias a los votos contrarios a la medida de ERC, que tampoco apoy¨® la propuesta para que se revise todo el concurso: se declare desierto ¡ªasumiendo la resoluci¨®n del ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales¡ª y la Generalitat vuelva a asumir la gesti¨®n de ATLL.
Un concurso sin fin
Desde el mismo momento en el que el Departamento de Territorio anunci¨® que Acciona ganaba el concurso por ATLL, la otra licitante, Agbar, inici¨® una batalla legal para evitarlo.
El 27 de diciembre la Generalitat firma con Acciona el contrato y se asegura el cobro de 300 de los 1.000 millones que pagar¨¢ la compa?¨ªa durante los 50 a?os de concesi¨®n.
El 3 de enero, el OARCC resuelve que la oferta de Acciona no cumple el pliego del concurso, lo que obliga a suspenderlo.
El Gobierno se niega asumir la resoluci¨®n y recurre ante el TSJC. Un auto del tribunal conmina a ejecutar la resoluci¨®n, pero la Generalitat se enroca y afirma que no har¨¢ nada hasta tener sentencia, que puede tardar unos cuatro a?os.
Inferior fue todav¨ªa el apoyo que obtuvo ICV-EUiA en otra de sus propuestas: que la Generalitat mantenga los dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) contra la creaci¨®n de una empresa mixta entre Agbar y el ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB), un gran negocio de suministro de agua que se adjudic¨® sin concurso p¨²blico. Antes del cambio de Gobierno, el Departamento de Territorio inici¨® el litigio por considerar que el convenio de creaci¨®n de la nueva empresa invad¨ªa competencias auton¨®micas, pero, a su llegada, el consejero Santi Vila inici¨® negociaciones para retirar esos recursos. Los ecosocialistas, comandados en esta materia por Salvador Mil¨¤, apenas lograron en este tema 23 apoyos.
¡°Es el ¨²ltimo intento para enderezar la chapuza de la privatizaci¨®n¡±, asegur¨® el diputado de ICV-EUiA antes de las votaciones. A grandes trazos, con matices y diferentes puntos de vista, sus cr¨ªticas a la operaci¨®n fueron apoyadas por los portavoces del resto de grupos pol¨ªticos, pero ese apoyo no tuvo reflejo despu¨¦s en la votaci¨®n. Jordi Terrades (PSC) afirm¨® que ¡°no todo se puede regir por las reglas del libre mercado¡± y advirti¨® que la privatizaci¨®n del agua conllevar¨¢ ¡°el pago [por parte del contribuyente] del coste de las externalizaciones¡±. Su ¨²nico pero fue la necesidad de ¡°garantizar la seguridad jur¨ªdica¡± a las empresas y tampoco apoy¨® la propuesta sobre la AMB, operaci¨®n avalada en el pleno metropolitana por convergentes y socialistas.
ERC, a trav¨¦s de Marc Sanglas, tambi¨¦n calific¨® de ¡°chapuza¡± la operaci¨®n, pero se neg¨® a reclamar la suspensi¨®n del contrato firmado con Acciona. ¡°De nada servir¨ªa si no tenemos una resoluci¨®n judicial¡±, argument¨® en referencia al tr¨¢mite abierto en el TSJC, si bien asegur¨® que en el futuro ERC demandar¨¢ que la gesti¨®n del agua vuelva a ser p¨²blica, porque se trata de ¡°un bien estrat¨¦gico¡±. El diputado del PP Santi Rodr¨ªguez critic¨® la falta de transparencia en el proceso y Jordi Ca?as (Ciutadans) defendi¨® que ¡°lo que es un bien p¨²blico debe administrarse como un bien p¨²blico¡±.
Meritxell Roig¨¦, de CiU, neg¨® ¡°precipitaci¨®n¡± en la adjudicaci¨®n y dijo que ¡°no es una operaci¨®n ideol¨®gica, sino necesaria¡±.
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