Un juzgado amenaza con multar al alcalde de Oia si no tira un hotel de lujo

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 3 de Pontevedra ha concluido que cuatro a?os son m¨¢s que suficientes para ejecutar una sentencia firme de derribo y en un auto manda al Ayuntamiento de Oia que eche abajo de una vez el hotel Talaso Atl¨¢ntico, construido con licencia nula y profusi¨®n de fondos p¨²blicos en suelo r¨²stico en la zona de Moug¨¢s, junto a la costa. La jueza da de plazo al Ayuntamiento hasta final de a?o y avisa espec¨ªficamente al alcalde, Alejandro Rodr¨ªguez, de que si no se pone a trabajar le impondr¨¢ multas sucesivas de 1.500 euros o m¨¢s. El auto no es firme y la empresa asegura que lo ha recurrido.

¡°Se requiere a la Alcald¨ªa de Oia para que en el plazo m¨¢ximo de un a?o desde la fecha de notificaci¨®n de este auto complete, o asegure que se completa, el derribo de las obras con apercibimiento personal a su alcalde de que, en caso contrario, a partir del 30 de diciembre de 2013 este juzgado comenzar¨¢ a imponerle multas coercitivas de 1.500 euros o en cuant¨ªa superior hasta que complete las obras de ejecuci¨®n de la demolici¨®n¡±, termina la resoluci¨®n, con fecha de diciembre, que echa por tierra los pretextos tanto del Gobierno municipal como de la empresa para evitar el derribo. El aviso al alcalde aparece subrayado.

Entre las excusas que esgrim¨ªa la empresa figuraba la ley de vivienda que la Xunta aprob¨® el a?o pasado. Entre los art¨ªculos m¨¢s pol¨¦micos de aquel texto sobresale una disposici¨®n adicional que suspendi¨® el derribo de los edificios construidos con licencias declaradas nulas hasta entonces; antes de tirar el edificio debe ahora determinarse si el due?o tiene derecho a una indemnizaci¨®n en un procedimiento aparte. Pero como la norma solo se refiere a viviendas, el Talaso no se puede beneficiar de esa excepci¨®n, seg¨²n razona la jueza: ¡°Solo resulta aplicable a los ¡®titulares de viviendas¡¯. Y dif¨ªcilmente se puede calificar como tal el complejo balneario a derribar en este caso¡±.

El auto desecha los otros argumentos de la empresa con bastante sencillez. Primero dice que la sentencia firme de 2009, aunque no mande expresamente al Ayuntamiento tirar el edificio ¡°en modo alguno impide que se ejecute¡± y que no hace falta que ning¨²n otro procedimiento lo precise. Admite que una obra hecha con una licencia que despu¨¦s se anula suele dar pie a que se reclame una indemnizaci¨®n a la administraci¨®n, pero que esto no puede condicionar que la demolici¨®n se lleve a cabo. ¡°Para que puede hablarse de da?o real y efectivo evaluable econ¨®micamente debe haber tenido lugar el derribo¡±. El Ayuntamiento advert¨ªa en el pleito que no tiene dinero para hacer frente al pago de la indemnizaci¨®n, llegado el caso. El juzgado dice que no cabe hablar sobre futuros hipot¨¦ticos. ¡°La indemnizaci¨®n en cuesti¨®n no se ha fijado y tampoco ha existido, por el momento, una declaraci¨®n de responsabilidad patrimonial a cargo del Concello de Oia por su concesi¨®n de una licencia finalmente anulada¡±.

La jueza alega que solo si quedase acreditado que las obras se pueden legalizar cabr¨ªa detener el derribo, algo que seg¨²n el informe pericial solo ser¨ªa posible tras varios tr¨¢mites, con permiso expreso de la Xunta y con derribos parciales que incluir¨ªan en todo caso ¡°la zona residencial del complejo¡±, por lo que en esas condiciones solo queda ¡°sin dudas, el derribo de las obras¡±. El auto, que no es firme, daba un plazo de 15 d¨ªas para ser recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza, algo que la empresa ha hecho, seg¨²n asegura un portavoz. Los problemas legales del Talaso Atl¨¢ntico no se limitan a la ilegalidad de su construcci¨®n. El permiso del Gobierno central tambi¨¦n est¨¢ en el alero, seg¨²n acredit¨® el pasado febrero la jefa de Costas de Pontevedra, que alert¨® entonces de que el edificio corr¨ªa peligro de que se declarase caducada la concesi¨®n con la que opera. A ello hay que sumarle la investigaci¨®n por sus vertidos, que seg¨²n una denuncia de 2011 superan con mucho los niveles legales de toxicidad.