Otra farsa: la reforma local
La deuda del PP en Madrid es el 21% de todos los Ayuntamientos
La crisis se ha convertido en la excusa para que los Gobiernos lleven a cabo reformas que ni tienen que ver con sus causas ni ayudan a salir de ella.
As¨ª ocurre con la financiera. Dicen que busca aflorar el cr¨¦dito pero solo conseguir¨¢ que cuatro o cinco bancos controlen el mercado. O con la laboral, de la que se asegur¨® que crear¨ªa empleo y que solo ha logrado abaratar a¨²n m¨¢s la mano de obra y dar nuevo poder al gran empresariado. Por no hablar de las que se han realizado en sanidad, educaci¨®n o en pensiones, a fin de cuentas para dar entrada al inter¨¦s privado, incluso a costa de mayor gasto en el conjunto de la econom¨ªa. Y algo parecido es lo que esconde la reforma local que pretende llevar a cabo el ministro Montoro, aunque en este caso su doble juego result¨® tan escandaloso que la tuvo que posponer. Quiz¨¢ por poco tiempo si la inmediata visita de los inspectores de la troika obliga a sacarla de nuevo del caj¨®n.
La reforma, como las de otros servicios p¨²blicos, se justifica asegurando que los Ayuntamientos cuestan mucho dinero, que gastan en exceso realizando actividades que no le son propias y que generan demasiada deuda, lo que lleva al Gobierno a imponer un procedimiento contundente y directo para quitarle competencias, privatizar servicios e incluso para hacer que muchos desaparezcan.
Abordar la reforma de un ¨¢mbito tan importante y determinante del bienestar y la eficiencia econ¨®mica persiguiendo solamente que los Ayuntamientos gasten menos ya es algo irracional. Sobre todo, si no se ponen previamente sobre la mesa su inveterada carencia de recursos, la ausencia de un planteamiento de fondo sobre su marco competencial y la debilidad de nuestro Estado de bienestar, que son las verdaderas causas de que en los ¨²ltimos a?os, y esto s¨ª que es cierto, la funci¨®n local se haya desnaturalizado considerablemente, al menos en muchos casos.
La aparente soluci¨®n se basa en un supuesto falso: que a mayor centralizaci¨®n y tama?o en los proveedores de servicios, mayor econom¨ªa de escala
Pero ni siquiera as¨ª se justifican los planes del Gobierno. Lo cierto es que el peso del gasto municipal en el PIB espa?ol sigue siendo m¨¢s o menos el mismo que en 1981 y que la deuda de los Ayuntamientos es una parte muy peque?a (alrededor del 3%) de toda la deuda p¨²blica, y eso teniendo en cuenta que la generada por el PP en Madrid (7.429,6 millones de euros a finales de 2012) representa el 21% de la de todos los Ayuntamientos espa?oles, m¨¢s elevada incluso que la que tienen todos los de Andaluc¨ªa juntos.
Sobre la existencia de duplicidades en la prestaci¨®n de servicios no se tienen datos rigurosos para toda Espa?a, pero all¨ª donde se han estudiado en serio resulta que los Ayuntamientos son los menos responsables de ello. Y, en todo caso, el procedimiento ideado por el Gobierno para resolverlas, establecer desde Madrid un coste est¨¢ndar para todos los Ayuntamientos y servicios municipales e impedir que quienes no los ofrezcan por debajo los cedan a las diputaciones o privaticen la gesti¨®n, es seguro que va a crear otras deficiencias y costes a¨²n mayores, que quiz¨¢ ni siquiera permitan que al final se ahorre. Entre otras cosas, porque la aparente soluci¨®n se basa en un supuesto falso: que a mayor centralizaci¨®n y tama?o en los proveedores de servicios, mayor econom¨ªa de escala; algo que solo se da en servicios (como los de recogida de basuras) que tienen grandes costes fijos y que en la mayor¨ªa de los casos ya est¨¢n mancomunados.
La reforma del Gobierno es otra farsa. No refuerza la autonom¨ªa local, ni procura que los Ayuntamientos dispongan (con la austeridad aut¨¦ntica a que obliga el manejo de dinero p¨²blico) de los recursos necesarios, ni garantiza que se utilicen con honradez y eficacia. Lo que se hace de nuevo es abrir paso a las grandes empresas con un da?o grande, particularmente en Andaluc¨ªa, a las pymes y a las de econom¨ªa social. Y tratando as¨ª a la Administraci¨®n local, como una simple unidad de gasto, se destruye un espacio b¨¢sico de la convivencia e identidad colectivas y una instancia esencial para la participaci¨®n ciudadana y la democracia.
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