Alaya ampl¨ªa su investigaci¨®n a tres fondos distintos al del fraude de los ERE
La juez analiza 18 millones en ayudas sociolaborales concedidas por Empleo El exdirectivo de Vitalia Antonio Albarrac¨ªn sale libre al pagar 600.000 euros
Sigue y suma. M¨¢s partidas para analizar con lupa. La juez Mercedes Alaya ha ampliado su investigaci¨®n sobre las subvenciones sociolaborales de los ERE concedidas por la Junta entre 2001 y 2010 a otros tres programas al margen del fondo para empresas en crisis que ha escrutado hasta ahora. La nueva v¨ªa de investigaci¨®n reci¨¦n abierta analiza 18 millones concedidos a trav¨¦s de los programas Fomento Industrial, Desarrollo Tecnol¨®gico y Servicio Andaluz de Empleo, todos ellos dependientes de la Consejer¨ªa de Empleo.
Alaya ya ampli¨® sus pesquisas a otras tres consejer¨ªas (Agricultura y Pesca, Innovaci¨®n y Turismo) para saber si, al igual que Empleo, concedieron ayudas a empresas a trav¨¦s del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (IFA). Adem¨¢s, tambi¨¦n examin¨® el papel del gabinete jur¨ªdico y la Intervenci¨®n General de la Junta. Ahora la nueva v¨ªa afecta a tres programas, pero dependientes de la propia Consejer¨ªa de Empleo, coraz¨®n de la instrucci¨®n de Alaya.
La Intervenci¨®n General del Estado ha estudiado a fondo las ayudas sociolaborales y durante su pericial se ha percatado de que estas ayudas para prejubilados ¡°parecen haber sido concedidas no solo con cargo al programa presupuestario 31L Administraci¨®n de relaciones laborales, sino a otros programas distintos¡±, seg¨²n subraya la magistrada en su auto firmado el pasado 23 de mayo. Es decir, dado que la juez considera ilegales las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta para empresas, el jefe del equipo de auditores de la Intervenci¨®n General del Estado le remiti¨® un oficio con su descubrimiento.
Tras recibir el oficio, Alaya exige a la Junta que le entregue ¡°a la mayor brevedad posible¡± la informaci¨®n sobre los programas para despejar dudas: Fomento Industrial por 3,2 millones concedidos en 2000, Servicio Andaluz de Empleo por 2,9 millones en 2004 y dos de Desarrollo Tecnol¨®gico que suman 11,4 millones entre 2003 y 2004. En total, 18 millones otorgados supuestamente en ayudas sociolaborales que los peritos de la Intervenci¨®n del Estado analizar¨¢n a fondo ahora.
La juez pide a Empleo toda la documentaci¨®n al respecto: la convocatoria de las ayudas, la solicitud de las mismas, la resoluci¨®n de concesi¨®n, los convenios firmados ¡°y cualquier otra documentaci¨®n contenida en los expedientes¡±. Adem¨¢s, a?ade los pagos realizados a la agencia Idea (anterior Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa) por parte de Empleo, as¨ª como los abonos desde Idea hasta los beneficiarios de las ayudas. En definitiva, la instructora busca cerciorarse de que los tres departamentos, ajenos a la Direcci¨®n General de Trabajo, cumplieron los tr¨¢mites legales para la concesi¨®n de estas ayudas.
Hasta ahora la Direcci¨®n General de Trabajo hab¨ªa focalizado toda la atenci¨®n de las supuestas irregularidades administrativas y penales que la juez achaca a Empleo. La tramitaci¨®n de estas ayudas sociolaborales por 18 millones es ajena al departamento del ex director general Javier Guerrero, y ata?en a otros responsables.
Al margen de esta nueva v¨ªa, Alaya requiere a la Junta el nuevo listado de intrusos, dado que la investigaci¨®n interna que comenz¨® Empleo hace dos a?os est¨¢ concluida y sus conclusiones definitivas a¨²n no han llegado al juzgado. El consejero de Econom¨ªa y Empleo, Antonio ?vila, inform¨® hace tres semanas de las 235 irregularidades administrativas halladas, que inclu¨ªan 71 intrusos y cuyo fraude hab¨ªa ascendido a 17 millones, de los que ya se hab¨ªan reintegrado 5,3 millones. ¡°Relaci¨®n de las personas ajenas a las empresas que figuran como beneficiarias de ayudas sociolaborales concedidas entre 2001 y 2010¡±, aclara Alaya sobre los intrusos.
La petici¨®n de la magistrada es consecuencia de que el auditor nacional subrayara un hecho: el decreto de la Junta del pasado octubre sobre extrabajadores afectados por reestructuraciones de empresas, aclaraba que los contratos de seguros deb¨ªan ser revisados por una comisi¨®n t¨¦cnica en el plazo de un mes para confirmar que no exist¨ªan intrusos. ¡°Dado el tiempo transcurrido (siete meses) la Junta debe conocer la identidad¡± de los intrusos, recuerda la juez.
Tras la petici¨®n anterior que busca aclarar la identidad de los intrusos para que la instrucci¨®n judicial pueda continuar la senda abierta contra ellos, Alaya requiere asimismo al Gobierno ¡°los pagos de ayudas sociolaborales hasta la fecha actual y los compromisos adquiridos¡±. Estos datos, que la Junta debe tener ya clarificados despu¨¦s de tantos meses de investigaci¨®n interna, est¨¢n recogidos en el nuevo desplegable o s¨¢bana con todas las empresas, subvenciones sociolaborales y ayudas directas a empresas. El anterior, incluido en el sumario, incluye 1.381 convenios suscritos entre Empleo y las empresas, instituciones y Ayuntamientos beneficiados.
Finalmente, la juez aclara en su auto ¡°que constan pagos posteriores por compromisos adquiridos¡± posteriores a 2010, cuando se incorpor¨® al frente de Empleo el exconsejero y diputado Manuel Recio. Por ello, Alaya aclara que necesita el ¡°nuevo desplegable¡± que contenga la relaci¨®n de los pagos realizados entre 2010 y 2013. Al margen de la nueva v¨ªa abierta sobre los tres programas, estas nuevas peticiones de Alaya suponen una actualizaci¨®n de datos para atar las irregularidades en Empleo.
El exdirectivo Antonio Albarrac¨ªn sale libre al pagar 600.000 euros
Antonio Albarrac¨ªn, ex director comercial de la consultora Vitalia encarcelado en marzo por la juez Alaya en la Operaci¨®n Heracles sobre las sobrecomisionesdel fraude de los ERE, ha quedado en libertad tras abonar la fianza de 600.000 euros que estableci¨® la Audiencia de Sevilla. El exdirectivo pas¨® de poseer cuatro inmuebles en 2001 a tener 16 en 2011.
Albarrac¨ªn es el segundo de los siete encarcelados que abandona la prisi¨®n tras el testaferro Ismael Sierra, cu?ado del intermediario Juan Lanzas, que pag¨® los 50.000 euros de su fianza d¨ªas despu¨¦s de ingresar en prisi¨®n. Pero la fianza que acaba de abonar Albarrac¨ªn supone doce veces la cuant¨ªa de Sierra.
La juez Alaya imput¨® al exdirectivo cinco delitos, entre ellos cohecho y falsedad. Albarrac¨ªn supuestamente ingres¨® 249.000 euros al exdirector de Trabajo Javier Guerrero en transferencias y una p¨®liza para su suegra de 198.876 euros. El exdirectivo dirigi¨® un sistema de entrega de sobres con cantidades entre 6.000 y 60.000 euros, seg¨²n declar¨® a la Guardia Civil el testaferro Eduardo del Leal. Adem¨¢s, el exdirectivo de la consultora Vitalia est¨¢ acusado de apropiarse de 3,7 millones y de haber pagado, junto a otros imputados, un total de 1,9 millones al mediador Lanzas.
La Audiencia de Sevilla tambi¨¦n acord¨® dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros a Mar¨ªa Vaqu¨¦, ex directora general de Vitalia, aunque su defensa recurrir¨¢ la decisi¨®n judicial para poder rebajar esa alta suma.
Por otra parte, el auto de Alaya por el que levanta el secreto parcial de las actuaciones, firmado el pasado mi¨¦rcoles, aclara que la reserva est¨¢ justificada por el an¨¢lisis de la documentaci¨®n aportada por la Junta, que "guardaba ¨ªntima relaci¨®n con el objeto de las diligencias policiales". La juez recuerda que todo esto ha sido reflejado en los numerosos atestados de la Guardia Civil desde el pasado noviembre, que incluyen las declaraciones de imputados y testigos. La documentaci¨®n que se dar¨¢ a las partes la pr¨®xima semana incluye nada menos que 58 nuevos tomos. Hasta ahora, el sumario acumula 68 tomos, por lo que casi duplicar¨¢ su tama?o de una sola tacada.
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