El TSJC declara ilegal un edificio de 136 pisos en Sant Carles de la R¨¤pita

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha dictaminado que la licencia urban¨ªstica que autoriz¨® la construcci¨®n de un bloque de 136 pisos y 136 aparcamientos en Sant Carles de la R¨¤pita es nula de pleno derecho, han informado a Efe fuentes judiciales.

El edificio afectado, situado en la manzana formada por las calles Alca?iz, Mol¨ª y Les Oliveres, se construy¨® a mediados de los 2000 por la promotora sabadellense Arriaz SA, a partir de una licencia concedida el 26 de enero de 2006 por el equipo de gobierno socialista, encabezado entonces por el alcalde y tambi¨¦n concejal de Urbanismo, Miquel Alonso.

La construcci¨®n del bloque finaliz¨® hace unos cuatro a?os y, seg¨²n los c¨¢lculos del ayuntamiento, alrededor de un 30 % de las viviendas se encuentran ya en manos de particulares. La sentencia del TSJC, notificada a las partes el 18 de abril de 2012, es firme y no admite recurso.

El pasado 26 de marzo el juzgado contencioso administrativo de Tarragona orden¨® en un auto al consistorio, por segunda vez, la ejecuci¨®n de la sentencia en el plazo de dos meses, que ya han transcurrido.

El ayuntamiento ha presentado un recurso de apelaci¨®n contra este ¨²ltimo auto, que deber¨¢ resolver el TSJC, para evitar el derribo y reclama abrir una v¨ªa para legalizar el edificio.

La sentencia es la consecuencia del litigio entre la propietaria de unos terrenos r¨²sticos (en suelo urbano programado) adyacentes al bloque, Josefa Bernaltes, el ayuntamiento y la misma Arriaz, que entr¨® en el proceso como parte codemandada.Bernaltes denunci¨® el caso a los tribunales en abril de 2008, tras presentar 5 instancias al consistorio sin obtener respuesta y al constatar que en la construcci¨®n del bloque se pretend¨ªan ocupar de forma irregular hasta 284,05 m2 de sus terrenos.

El mismo d¨ªa que el consistorio otorgaba la licencia, el alcalde, Miquel Alonso, y Pau Castro, en representaci¨®n de Arriaz, firmaron un convenio para modificar "los vol¨²menes, la fijaci¨®n de alineaciones y urbanizaci¨®n del entorno de la isla", un documento no sometido al "principio de publicidad" y que ser¨ªa el desencadenante de una vulneraci¨®n del Plan General, seg¨²n la primera sentencia del juzgado contencioso administrativo n¨²mero 1 de Tarragona.

El juez sustituto de esta sala, ?ngel El¨ªas P¨¦rez N¨²?ez, bas¨® buena parte de su argumentaci¨®n en el informe pericial que encarg¨® al arquitecto Jose Mar¨ªa Grandes Carreras, quien concluy¨® que "el solar resultado del convenio ocupa parcialmente el vial del Plan General", as¨ª como una plaza p¨²blica (que actualmente se encuentra enmarcada en el recinto del edifico) y "con la circunstancia que bajo la plaza p¨²blica existiesen dos plantas de s¨®tano destinadas a aparcamiento, con lo que se ha edificado en suelo p¨²blico".

El informe pericial constata, de hecho, que si bien el Plan General preve¨ªa en esta parcela la construcci¨®n de un edificio en forma de 'J', la ejecuci¨®n final basada en el convenio firmado acab¨® dando un edificio en forma de 'S' para la modificaci¨®n del trazado y la anchura de la calle Alca?iz y que incurrir¨ªa en las irregularidades expuestas.

Tanto el contencioso administrativo de Tarragona como el TSJC han determinado la "nulidad de pleno derecho" tanto de la licencia urban¨ªstica como del convenio entre el ayuntamiento y Arriaz.

Pese a que el ¨²ltimo auto requiere la ejecuci¨®n de la sentencia en 2 meses, el consistorio asegura en la apelaci¨®n que ha presentado ante el TSJC que la sentencia es "declarativa" y que por tanto "no es susceptible de ejecuci¨®n, y que la ejecuci¨®n no puede pretender nunca el derribo de lo construido al amparo de la licencia".

Admite, sin embargo, que "si se entendiera que la sentencia es susceptible de ejecuci¨®n, habr¨ªa que entenderlo en el sentido de iniciar el correspondiente procedimiento de legalizaci¨®n", siendo la orden de derribo "el ¨²ltimo paso en caso de que fuera imposible la legalizaci¨®n de toda o parte de la edificaci¨®n".

No lo entiende as¨ª la parte denunciante, que ha pedido la ejecuci¨®n de la sentencia ante "la pasividad" del consistorio. "A la declaraci¨®n de nulidad de una licencia de obras, sigue, como complemento material, el derribo", asegura Bernaltes en respuesta al recurso del ayuntamiento, y cree que el consistorio hace "una huida hacia adelante para no cumplir la sentencia".

Mientras tanto, en declaraciones a Efe, el alcalde de la poblaci¨®n, Joan Mart¨ªn Masdeu (CiU), explica que "desde el ayuntamiento se han iniciado los tr¨¢mites para informar a los posibles afectados de esta situaci¨®n y sobre las consecuencias que puede representar la sentencia".