La justicia obliga a Navalcarnero a celebrar un pleno de 2012
Una sentencia establece que el Ayuntamiento, gobernado por Baltasar Santos (PP), vulner¨® el art¨ªculo 23 de la Constituci¨®n al no permitir una sesi¨®n extraordinaria en julio del a?o pasado
Baltasar Santos gobierna Navalcarnero desde 1995. Con los presupuestos prorrogados desde 2008 y una deuda que la oposici¨®n sit¨²a en 250 millones de euros como m¨ªnimo, los plenos del Ayuntamiento se han convertido en un trago amargo para el alcalde del Partido Popular. La semana pasada celebr¨® el primero en cuatro meses, lo que alarg¨® la sesi¨®n a m¨¢s de cinco horas. El pleno termin¨® como el rosario de la aurora, con todo tipo de reproches a la gesti¨®n del regidor y dos expulsados, un vecino y el portavoz socialista y anterior alcalde, Jos¨¦ Luis Adell. Todo apunta que la situaci¨®n se volver¨¢ a repetir en cosa de dos semanas.
La juez titular del juzgado de lo contencioso administrativo n¨²mero uno de Madrid, Matilde Aparicio, fall¨® el 6 de junio la celebraci¨®n de un pleno extraordinario en el plazo de 15 d¨ªas una vez recibida la orden de ejecuci¨®n. La sentencia se puede apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El pleno en cuesti¨®n al que se refiere el documento deb¨ªa haberse realizado en julio de 2012. A mediados de ese mes Santos deneg¨® la convocatoria autom¨¢tica de la sesi¨®n extraordinario que la oposici¨®n hab¨ªa solicitado tres d¨ªas antes al secretario del consistorio.
El regidor del Partido Popular bas¨® su decisi¨®n en que no era legalmente procedente porque para convocar el pleno los concejales de la oposici¨®n ¡ªel PP cuenta con 12 concejales por los siete del PSM, uno de IU y otro del Partido Democr¨¢tico Popular¡ª deb¨ªan detallar dos semanas antes los expedientes completos de los asuntos a tratar.
El orden del d¨ªa era especialmente peliagudo para Santos, como la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n ¡°para aclarar la legalidad de determinadas ventas¡± realizadas por el ayuntamiento o la modificaci¨®n del plan general de ordenaci¨®n urbana ¡°para modificar la clasificaci¨®n urban¨ªstica de determinados suelos¡±. A juicio de la oposici¨®n, los encargados de reunir la documentaci¨®n solicitada eran los servicios t¨¦cnicos del Ayuntamiento, ya que entraba dentro de su competencia. La justicia ha establecido que se celebre con casi un a?o de demora. La juez considera que se ha vulnerado el art¨ªculo 23 de la Constituci¨®n.
A falta de presupuestos, los ingresos anuales de Navalcarnero en los ¨²ltimos cinco a?os son, sobre el papel, de 35,1 millones de euros. Sin embargo, la recaudaci¨®n l¨ªquida de 2012 fue de 19,1 millones, 16 millones por debajo de las previsiones.
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