G¨¹rtel: un calvario diferido para el PP

El PP valenciano sufre un calvario diferido con el caso G¨¹rtel. La vasta causa de corrupci¨®n forz¨® la dimisi¨®n de Francisco Camps como presidente de la Generalitat y barri¨® de la primera l¨ªnea pol¨ªtica a quienes parec¨ªan se?alados a ocupar las m¨¢s altas responsabilidades, como Ricardo Costa, ex n¨²mero dos del PP regional, y Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat. Pero el v¨ªa crucis se ha reproducido este a?o con la apertura de tres nuevas piezas separadas del caso y un ritmo de m¨¢s de dos cargos imputados al mes. Exsubsecretarios ¡ªincluido el actual alcalde de Castell¨®n, Alfonso Bataller¡ª, ex directoras generales, responsables de fundaciones, departamentos jur¨ªdicos e incluso gabinetes de comunicaci¨®n de empresas p¨²blicas.

Todos ellos concedieron contratos a dedo a Orange Market, la empresa de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, troceados de forma que no superasen el l¨ªmite de los 12.020,24 euros que habr¨ªa impedido adjudicarlos directamente. Para hacer 15 actos, la Administraci¨®n auton¨®mica realiz¨® 45 peque?os contratos.

Por ejemplo: para el montaje del Congreso de Software Libre de 2005, la Consejer¨ªa de Educaci¨®n contrat¨® por un lado a Orange Market el alquiler y montaje de mobiliario (por 12.020,24 euros) y, por otro, el alquiler y montaje de la moqueta (por otros 12.020,24 euros). El Bigotes cobr¨® 40.080,96 euros por el conjunto del acto, pero dividido en cuatro contratos, de modo que se eludi¨® por una diferencia de c¨¦ntimos en cada uno de ellos la obligaci¨®n de acudir a f¨®rmulas administrativas m¨¢s exigentes y ajustadas a los principios de publicidad y libre concurrencia que rigen la actuaci¨®n del sector p¨²blico.

Siendo irregular, el fraccionamiento de contratos no es un delito en s¨ª mismo. Pero si como sostiene la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n esa acci¨®n fue el medio para dar contratos sin competencia a El Bigotes, los hechos pueden ser constitutivos de distintos delitos contra la Administraci¨®n P¨²blica, empezando por el de prevaricaci¨®n.

Desde que empez¨® el a?o se dictan cada mes m¨¢s de dos imputaciones

Todo ello se conoc¨ªa desde el a?o 2010. Lo revelaron detalladamente informes policiales y de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE). Y esos informes son la base sobre las que se sostienen las imputaciones que est¨¢n sacudiendo de nuevo la Generalitat.

?Qu¨¦ ha pasado en estos tres a?os? Primero, una falta de iniciativa casi total por parte del Consell y del PP regional. En la etapa de Camps, los informes policiales y de la IGAE fueron menospreciados por el Ejecutivo auton¨®mico, que utiliz¨® a la Abogac¨ªa de la Generalitat para rebatir su contenido. Los cargos bajo sospecha fueron mantenidos en sus puestos, y el Grupo Popular se llen¨® de diputados que ya en 2011 se hallaban abocados a ser imputados (en estos momentos hay nueve en tal situaci¨®n).

La etapa de Fabra ha implicado un cambio, y se han producido numerosas destituciones. Pero solo despu¨¦s de que los cargos fueran imputados por los jueces, de modo que el gesto no ha impedido da?os de imagen tanto al partido en el poder como a las instituciones afectadas. La aplicaci¨®n de su discurso de tolerancia cero contra la corrupci¨®n ha estado, adem¨¢s, salpicada de contradicciones, lo que ha restado eficacia al mensaje.

Al problema diferido del PP con G¨¹rtel tambi¨¦n han contribuido la complejidad de la causa, la extensi¨®n de la trama corrupta, que alcanz¨® tres autonom¨ªas, y las lagunas en la estructura judicial espa?ola que el caso ha revelado. Desde 2009, la investigaci¨®n ha pasado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Madrid, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Castilla y Le¨®n, y el Tribunal Superior valenciano. Ello, sumado a las dudas fundadas sobre hasta d¨®nde deb¨ªa alargarse la competencia de cada tribunal, han hecho que algunas investigaciones ¡ªcomo la pieza separada quinta, la del fraccionamiento de contratos¡ª no hayan empezado realmente hasta hace apenas unos meses.

La red recibi¨® contratos

El informe de la Intervenci¨®n General del Estado de 2010 tambi¨¦n reflej¨® la facilidad con la que al Bigotes se le abr¨ªan las puertas y presuntamente se torc¨ªa la ley para complacerlo en 17 departamentos y empresas de la Generalitat. Presidencia, Vicepresidencia, Consejer¨ªa de Justicia, Consejer¨ªa de Territorio y Vivienda, Consejer¨ªa de Infraestructura y Transporte, Consejer¨ªa de Turismo, Consejer¨ªa de Educaci¨®n y Cultura, Consejer¨ªa de Bienestar Social, Consejer¨ªa de Sanidad, Agencia Valenciana de Turismo, Instituto Valenciano de Evaluaci¨®n, Agencia Valenciana de Salud, Valenciana de Aprovechamiento Energ¨¦tico de Residuos (Vaersa), Fundaci¨®n Luz de las Im¨¢genes, Proyecto Cultural de Castell¨®n, Seguridad y Promoci¨®n Industrial Valenciana (Sepiva) y Sociedad Gestora para la Imagen Estrat¨¦gica y Promocional de la Comunidad Valenciana.

La red de Francisco Correa se embols¨®, entre todos ellos, 7,25 millones de euros. La omnipresencia de la trama parece dif¨ªcil de entender sin que hubiera una recomendaci¨®n desde instancias superiores. Pero a lo largo de estos cinco a?os de investigaci¨®n, el ¨²nico imputado que ha se?alado en esa direcci¨®n ha sido el exjefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo Rafael Betoret, y muy tard¨ªamente.

Betoret ya hab¨ªa sido condenado en el caso de los trajes, acababan de procesarlo en la pieza separada de G¨¹rtel sobre las adjudicaciones de Fitur, y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hab¨ªa pedido 11 a?os de c¨¢rcel para ¨¦l cuando afirm¨®, en un recurso, que el buen recibimiento que El Bigotes tuvo en Turismo respondi¨®, al menos en parte, ¡°al conocimiento generalizado de que el citado gozaba de una estrecha amistad y de toda la confianza del presidente de la Generalitat lo que le convert¨ªa en un interlocutor totalmente fiable¡±.

El auto de apertura sobre las adjudicaciones de Fitur (cinco millones) se espera para las pr¨®ximas semanas. Y quedan tambi¨¦n por juzgar, dentro de la vertiente valenciana del caso G¨¹rtel las piezas separadas sobre la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP en las campa?as de 2007 y 2008, el desv¨ªo de dinero p¨²blico en la visita del Papa a Valencia en 2006 y los delitos fiscales cometidos por la trama.