El Gobierno halla ilegalidades en la resoluci¨®n contra la venta de ATLL
Un miembro de la mesa de contrataci¨®n asesor¨® al OARCC a espaldas del resto Rosell no expres¨® esos recelos en las reuniones del concurso
El gabinete jur¨ªdico de la Generalitat considera que existen indicios de ilegalidad en la actuaci¨®n que el ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalu?a (OARCC) llev¨® a cabo para elaborar la resoluci¨®n sobre la adjudicaci¨®n de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), en la que este anulaba la concesi¨®n a Acciona al se?alar que la oferta liderada por el grupo constructor no cumpl¨ªa el pliego de condiciones del concurso. Y no solo duda del OARCC. Tambi¨¦n desconf¨ªa del proceder de uno de los miembros de la mesa de contrataci¨®n que particip¨® en el concurso, Joan Antoni Rosell, director general de la empresa p¨²blica Infraestructures.cat (antigua Gisa), quien, a espaldas del resto de miembros de la mesa, habr¨ªa dado argumentos al OARCC en contra de la oferta de Acciona. La Generalitat ya denunci¨® ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que el OARCC resolvi¨® sin ni tan solo ¡°verificar¡± la oferta t¨¦cnica de Acciona.
La prueba de esas sospechas consta en el expediente que el OARCC remiti¨® al TSJC con toda la documentaci¨®n usada para redactar su resoluci¨®n. Las p¨¢ginas 1.100, 1.101 y 1.102 de ese expediente, a las que ha tenido acceso EL PA?S, han generado sorpresa entre los juristas de la Administraci¨®n, que han reclamado al TSJC que pida explicaciones al OARCC, e indignaci¨®n en una buena parte de los altos cargos que participaron en la adjudicaci¨®n y que con ese correo ven confirmada sus sospechas de la existencia de una mano oculta contra su decisi¨®n.
El origen de la nueva pol¨¦mica se halla en un correo electr¨®nico titulado Preguntas t¨¦cnicas sobre expediente de contrataci¨®n, con el que el director del OARCC, Juan Antonio Gallo, se puso en contacto el pasado 20 de diciembre con Rosell y Albert Farreras, director de la divisi¨®n de obras hidr¨¢ulicas de Infraestructures.cat y ajeno a la mesa de contrataci¨®n, para conocer detalles de la oferta t¨¦cnica de Acciona y pedir su opini¨®n al respecto ¡°a efectos meramente periciales y orientativos¡±.
Efectos de los atrasos
Una de esas preguntas, la segunda, hace justamente referencia al argumento que us¨® el OARCC para tumbar la oferta de Acciona: ¡°?Qu¨¦ importancia tiene el hecho de la modificaci¨®n del calendario de ejecuci¨®n de obras en la tarifa? ?Se ha modificado realmente el calendario de ejecuci¨®n?¡±.
Y la respuesta, que consta en dos folios sin firma ni membrete oficial que acompa?an al correo electr¨®nico, da pistas sobre lo que despu¨¦s decidi¨® el ¨®rgano de recursos contractuales, que depende del Departamento de Presidencia. Tras explicar c¨®mo afecta el ¡°avance¡± y el ¡°atraso¡± de las inversiones en el coste de tarifa, la respuesta remitida al OARCC argumenta que ¡°Acciona deja el plazo de ejecuci¨®n en 10 a?os, pero modifica la distribuci¨®n anual de las obras, atrasando el ritmo propuesto en el pliego y por tanto reduciendo los costes a repercutir sobre la tarifa. El atraso de las obras cuestiona las mejoras de rendimiento de las plantas de tratamiento que oferta¡±.
Al final del documento, se despacha con una respuesta que ni tan siquiera hab¨ªa sido requerida por Gallo, despu¨¦s de haber respondido a las tres cuestiones solicitadas. ¡°Pero el problema fundamental¡±, empieza esta ¨²ltima valoraci¨®n, ¡°que hemos visto en la oferta econ¨®mica de Acciona es la falta de coherencia entre su oferta econ¨®mica y la justificaci¨®n de las cifras presentadas¡±. Fuentes vinculadas al proceso de adjudicaci¨®n de ATLL consultadas por este diario negaron que Rosell hubiera manifestado esas dudas en las reuniones de la mesa de contrataci¨®n y que, menos a¨²n, emitiera un voto particular en ese sentido para frenar la adjudicaci¨®n a Acciona, que gan¨® el concurso gracias al precio de tarifa del agua ofertado, pese a que Agbar considera que esa oferta es inviable econ¨®micamente.
El Departamento de Presidencia se niega a valorar la actuaci¨®n del OARCC, aduciendo a su independencia, pero admite que el gabinete jur¨ªdico ha requerido al TSJC para que pida m¨¢s informaci¨®n al respecto. Por su parte, la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, de la que depende Infraestructures.cat, evit¨® tambi¨¦n aportar la versi¨®n de Rosell sobre los hechos, argumentando que el caso est¨¢ judicializado. Dos miembros de otros organismos de resoluciones de contratos administrativos admitieron, preguntados por este diario, que Gallo habr¨ªa actuado incorrectamente con su correo electr¨®nico, si bien otras fuentes matizan que la dimensi¨®n de la operaci¨®n sobre la que ten¨ªa que resolver podr¨ªa dar argumentos al director del OARCC para complementar su informaci¨®n. Pero ninguna de las personas consultadas se atreve a valorar si la resoluci¨®n deber¨ªa ser anulada.
El gabinete jur¨ªdico de la Generalitat requiere al TSJC sobre este asunto
Una de las cuestiones que est¨¢ en el aire es por qu¨¦ Gallo restringi¨® su consulta a Rosell y a Farreras y no la extendi¨® al resto de miembros de la mesa y de departamentos relacionados, como ordenar¨ªa la Ley de Contratos del Sector P¨²blico. La respuesta m¨¢s factible es la confianza que existe entre ellos. Fuentes consultadas aseguran que Gallo conoce a Rosell de los primeros a?os 2000, cuando este era subdirector general de infraestructuras de la Consejer¨ªa de Agricultura y Farreras era responsable de Regsa, la empresa p¨²blica dependiente de la Generalitat. En aquellos a?os, los ¨²ltimos de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, el secretario general de Agricultura era el actual consejero de Justicia, Germ¨¤ Gord¨®, a quien todas las fuentes consultadas sit¨²an como el gran defensor de Agbar en la privatizaci¨®n de ATLL.
Una fuente consultada vinculada al Departamento de Territorio, la consejer¨ªa responsable del concurso, asegura que si el OARCC ten¨ªa dudas sobre alg¨²n hecho relevante deber¨ªa haber abierto de forma transparente para todas las partes un periodo de prueba y pedir los informes que estime necesarios. Pero siempre advirtiendo a todas las partes y quedando al margen personas implicadas directamente en el proceso, como era el caso de Rosell.
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