La ¡®guerra del agua¡¯ salpica a los jueces

La guerra del agua en Catalu?a, que ha provocado un fuego cruzado judicial entre los distintos gigantes del sector ¡ªAgbar, Acciona y Aqualia (de FCC)¡ª, la Generalitat y el ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha puesto en el punto de mira a los magistrados que deben dirimir sobre los dos macrocontratos que est¨¢n en juego en los juzgados: la privatizaci¨®n a Acciona de la gesti¨®n de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y el convenio entre el ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB) y Agbar para que una sociedad conjunta suministre a 23 municipios de la corona metropolitana, entre ellos la capital. Uno de los jueces implicados es Joaqu¨ªn Jos¨¦ Ortiz, a su vez imputado en el caso ITV por asesorar a un empresario amigo y que en el caso del agua ha decidido inhibirse sin que nadie se lo pidiera. El otro magistrado es su compa?ero de secci¨®n Eduardo Paricio Rallo. Acciona pidi¨® su recusaci¨®n porque hab¨ªa participado en un seminario de Agbar, pero esta no ha prosperado.

Ortiz decidi¨® apartarse por sus estrechas relaciones con Agbar. El motivo: ¡°Haber intervenido en seminarios y conferencias retribuidos organizados por la Sociedad General de Aguas de Barcelona o su Fundaci¨®n, en su sede social, en los que he expresado opiniones e interpretaciones legales¡± sobre el abastecimiento del agua, seg¨²n los argumentos que ¨¦l mismo aport¨®.

El juez recusado defiende la concesi¨®n de Agbar tras negarla en 2010

A finales de 2012, en la que ha sido la mayor privatizaci¨®n aprobada jam¨¢s por la Generalitat, el Gobierno catal¨¢n adjudic¨® a Acciona la explotaci¨®n de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa p¨²blica que gestiona el agua llamada ¡°en alta¡±, la que va desde las cuencas fluviales hasta los dep¨®sitos municipales. El contrato, por 1.000 millones de euros, afecta a cinco millones de catalanes, que son los consumidores de ese agua. El pasado marzo, sin embargo, el proyecto recibi¨® un duro varapalo por parte de la Secci¨®n Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, a la que pertenecen Ortiz y Paricio.

Los magistrados ¡ªOrtiz ya se hab¨ªa retirado y no particip¨® en aquella decisi¨®n¡ª dieron la raz¨®n a un organismo de control de la Generalitat, el OARCC. Este hab¨ªa concluido que la oferta de Acciona no cumpl¨ªa algunos requisitos del concurso p¨²blico, por lo que exig¨ªa retrotraer el proceso hasta la invalidaci¨®n de la oferta. Esa decisi¨®n implicaba, en s¨ªntesis, que el concurso deb¨ªa adjudicarse al ¨²nico competidor: Agbar. Los jueces hicieron caso omiso de la Generalitat y de Acciona, y concedieron que se ejecutara el dictamen del ¨®rgano de control en la contrataci¨®n (OARCC) hasta que hubiera sentencia firme, como hab¨ªa solicitado Agbar.

La decisi¨®n se hac¨ªa p¨²blica en el mismo momento en el que los consejeros de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell, y de Territorio, Santi Vila, comparec¨ªan en el Parlament para explicar por qu¨¦ y c¨®mo se adjudic¨® la empresa p¨²blica a Acciona. En su comparecencia, los consejeros se mostraron abiertos a estudiar que el contrato cambiara de manos, si bien todav¨ªa no han ejecutado el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia Catalana.

La sentencia del caso a¨²n no ha llegado, pero Acciona ha maniobrado desde entonces en todos los frentes para revocar el auto judicial que obligar¨ªa a anular la adjudicaci¨®n Agbar. La empresa considera que uno de los magistrados que tom¨® aquella decisi¨®n no puede ser imparcial e independiente por sus v¨ªnculos con Agbar. A principios de mayo, Acciona pidi¨® la recusaci¨®n de Paricio; es decir, que se apartara de la causa. La compa?¨ªa esgrimi¨® que el magistrado hab¨ªa participado en un seminario organizado por la Fundaci¨®n Agbar sobre gesti¨®n urbana del agua de Barcelona y manten¨ªa, por tanto, una ¡°amistad ¨ªntima¡± con la operadora, controlada por el grupo franc¨¦s Suez Environnement y La Caixa.

A diferencia de Ortiz, Paricio no cree que sus v¨ªnculos con Agbar le obliguen a apartarse. En su informe, al que ha tenido acceso EL PA?S, el magistrado matiza que el seminario se celebr¨® en enero de 2011 ¡ªy no de 2012, como dec¨ªa Acciona¡ª y que no trat¨® sobre la gesti¨®n del agua en Barcelona, sino en el conjunto de Espa?a.

Paricio cree que fue invitado al seminario por una sentencia que hab¨ªa dictado cuando era responsable de un juzgado contencioso-administrativo y que tuvo ¡°mucha repercusi¨®n¡±. Aquella resoluci¨®n, de 2010, es la ¨²nica conocida en la que un juez consideraba que Agbar no pod¨ªa prestar el servicio, porque ¡°resulta que no hay contrato de concesi¨®n¡±.

Ya en el TSJC, Paricio ha firmado un auto en el que asume todo lo contrario: la suministradora tiene los papeles en regla para operar en Barcelona.

FCC pregunta al TSJC si dos magistrados influyeron en sentencias en su contra

Paricio argumenta que rechaz¨® escribir una ponencia y que solo particip¨® en las sesiones de debate junto a otros expertos del mundo acad¨¦mico y judicial. Su nombre, sin embargo, fue incorporado como ¡°relator¡± en el libro que se edit¨® para recoger las conclusiones de aquel seminario: El precio del agua, editado por la Fundaci¨®n Agbar. El magistrado alega que fue una decisi¨®n de los editores del libro fruto, tal vez, de su participaci¨®n ¡°intensa¡± en los debates. Paricio, que en el escrito no aclara si cobr¨® por esas jornadas, dice que para ¡°un observador no interesado¡± no puede deducirse una relaci¨®n de colaboraci¨®n y amistad con Agbar. Y mucho menos, sigue, un v¨ªnculo que ¡°condicione¡± su ¡°independencia¡±. Un magistrado independiente que examin¨® el caso dio la raz¨®n a Paricio, por lo que la petici¨®n de Acciona ha sido rechazada.

Pero las suspicacias generadas por Paricio y Ortiz no se han quedado solo en eso. Aqualia, la divisi¨®n de FCC que ha recurrido tambi¨¦n la decisi¨®n del ?rea Metropolitana de crear una sociedad conjunta con Agbar ¡ªcreada bajo el argumento de que la compa?¨ªa tiene el ¡°contrato de concesi¨®n¡±, pese a las dudas de la Agencia Catalana del Agua¡ª, ha remitido un texto al TSJC demandando informaci¨®n sobre la inhibici¨®n de Ortiz.

Fuentes jur¨ªdicas se?alan que Aqualia quiere saber si esa relaci¨®n del magistrado con Agbar es anterior y si podr¨ªa haber influido en dos sentencias en las que particip¨® Ortiz y que supusieron para Aqualia la p¨¦rdida de los contratos de Torredembarra y El Vendrell, pese a que en primera instancia los jueces les hab¨ªan dado la raz¨®n. La empresa que se benefici¨® de esos fallos fue Sorea, del grupo Agbar.