Anulada una multa de la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid a un manifestante
El juzgado contencioso administrativo n¨²mero 20 considera que se vulner¨® su derecho la presunci¨®n de inocencia Interpreta que los polic¨ªas no se identificaron concretamente al denunciado
El Juzgado Contencioso Administrativo n¨²mero 20 de Madrid ha anulado la sanci¨®n de 300 euros que interpuso la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid a un manifestante por "vulnerar su derecho fundamental a la presunci¨®n de inocencia", seg¨²n el fallo. Los hechos en cuesti¨®n corresponde al 27 de abril de 2012. Un grupo de 150 personas se concentr¨® en las inmediaciones del intercambiador de la Puerta del Sol para protestar contra las detenciones de los activistas del colectivo que supuestamente particip¨® en la acci¨®n de sabotajes Toma el Metro dos d¨ªas antes.
Los polic¨ªas nacionales all¨ª desplegados informaron a los participantes en el acto que dicha concentraci¨®n no hab¨ªa sido comunicada a la Delegaci¨®n del Gobierno, por lo que se les conmin¨® a abandonar el lugar, haciendo caso omiso de las indicaciones de los agentes. Por ello, los? manifestantes fueron identificados, entre los que se encontraba el recurrente, que recibi¨® una sanci¨®n administrativa por desobediencia de los mandatos de la autoridad o a sus agentes, siguiendo lo indicado en la resoluci¨®n judicial.
En alegaciones, el interesado, admitiendo que le pidieron el DNI, que proporcion¨®, neg¨® que se le hubiera comunicado que abandonara el lugar. Acompa?¨® al escrito dos declaraciones juradas de personas presentes que as¨® lo atestiguan. Como respuesta a estas alegaciones, dos agentes se ratificaron en el informe que realizaron ese d¨ªa, expresando que fue identificado por efectivos dependientes del indicativo policial Puma 60, como participantes en los hechos y requerido el abandono del lugar.
La Delegaci¨®n desestim¨® el recurso de alzada presentado por el sancionado, que a continuaci¨®n llev¨® el asunto a los tribunales a trav¨¦s de la Comisi¨®n Legal de Sol del movimiento 15M.
El juez reconoce ahora en una sentencia dictada hace unos d¨ªas que la Administraci¨®n tiene potestad sancionadora, "aunque sometida a las cautelas que garanticen los derechos de los ciudadanos, que son los verdaderos derechos subjetivos, y se condensan en ¨²ltimo extremo en no sufrir sanciones sino en los casos legalmente prevenidos y de autoridades que legalmente puedan imponerlas".
Asegura tambi¨¦n que, "se ha de coincidir con el Ministerio Fiscal en que la ratificaci¨®n de lo sucedido debe ser efectuada por los agentes que personal y directamente identificaron y requirieron al sancionado para que abandonara el lugar". "En el presente caso lo que se manifiesta es que el interesado fue identificado por efectivos dependientes del Puma 60, desconoci¨¦ndose quienes fueron esos agentes concretamente y si coinciden o no con los titulares de los carn¨¦s policiales que formularon la ratificaci¨®n", a?ade.
Por ello, el magistrado invoca el art¨ªculo 37 de la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana que recoge que, si en dichas circunstancias se negaran los hechos, lo que ha pasado en este caso, y los agentes que los presenciaron no los ratifican en t¨¦rminos fehacientes, "no queda desvirtuada la presunci¨®n de inocencia del recurrente", por lo que estima la demanda. Contra esa decisi¨®n se puede interponer en un plazo de 15 d¨ªas un recurso de apelaci¨®n ante el mismo Juzgado de lo Contencioso.
Tras este fallo, la Comisi¨®n Legal Sol ha se?alado en un comunicado que "tras m¨¢s de mil multas en dos a?os ¨¦sta es la primera sentencia de las decenas de procedimientos similares abiertos por hechos an¨¢logos". "Y estamos convencidos de que no ser¨¢ ¨²ltima", han agregado. Por ello, han exigido al departamento que dirige Cristina Cifuentes que proceda al archivo de oficio, aludiendo al art¨ªculo 105 de Ley 30/1992, de todos los procedimientos sancionadores que mantiene actualmente abiertos "y en los que se ha repetido la misma vulneraci¨®n, que son la mayor¨ªa de ellos".
La Comisi¨®n Legal de Sol del 15M ha asegurado que estas sanciones son fruto de "una pol¨ªtica de represi¨®n de baja intensidad o 'burorepresi¨®n' que no busca otra cosa que amedrentar a la poblaci¨®n para que no ejerza su leg¨ªtimo derecho de protesta".
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