Santiago pagar¨¢ el abogado a un concejal imputado en el ¡®caso Pok¨¦mon¡¯

La minuta del abogado que defiende al concejal de Turismo de Santiago, Adri¨¢n Varela, del PP, tras su imputaci¨®n en el caso Pok¨¦mon, ser¨¢ abonada por el Ayuntamiento. La condici¨®n es que Varela salga indemne del proceso abierto por una juez de Lugo para investigar supuestas corruptelas en la adjudicaci¨®n de contratos en varios ayuntamientos gallegos. El acuerdo lo adopt¨® el pasado 30 de mayo la junta de gobierno de Santiago, a solicitud del propio Varela y tras analizar un informe del secretario municipal, que no puso impedimentos legales.

?Las imputaciones judiciales asedian desde hace meses al gobierno municipal de Santiago. El alcalde, ?ngel Curr¨¢s, tiene dos, una de ellas tambi¨¦n en el caso Pok¨¦mon, que ya provoc¨® la dimisi¨®n de otro concejal del PP y en el que est¨¢ adem¨¢s imputada la edil de Educaci¨®n, Rebeca Dom¨ªnguez. Ninguno de ellos solicit¨®, sin embargo, que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de su defensa jur¨ªdica, seg¨²n una portavoz del gobierno local. Adri¨¢n Varela, quien ya ha declarado como imputado ante la juez de Lugo Pilar de Lara, cuenta para su defensa con los servicios de un conocido abogado, Javier M¨ªguez Poza, ex juez decano de la ciudad. La junta de gobierno accedi¨® a la solicitud de Varela el pasado 30 de mayo, aunque no inform¨® p¨²blicamente de ese acuerdo. En la nota que se divulg¨® para dar cuenta de las decisiones tomadas ese d¨ªa, solo se hizo constar gen¨¦ricamente, en uno de los puntos: ¡°Se inicia el procedimiento de contrataci¨®n de la asistencia jur¨ªdica del Ayuntamiento¡±.

Una portavoz del gobierno local explic¨® que la decisi¨®n se adopt¨® por consejo del secretario del Ayuntamiento. La misma fuente asegur¨® que Varela no ha pasado de momento ning¨²n gasto. El informe del secretario, Juan Manuel Salguero, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, concluye: ¡°Parece claro que, no habiendo una obligaci¨®n legal expresa en tal sentido, s¨ª que es una obligaci¨®n moral de toda la Corporaci¨®n local el resarcir a sus miembros de los gastos de su defensa jur¨ªdica personal. Lo contrario podr¨ªa suponer que solo las personas con capacidad econ¨®mica suficiente para asumir los citados gastos podr¨ªan ejercer cargos p¨²blicos a nivel local, pues bastar¨ªa con interponer denuncias en v¨ªa penal para obligar a la renuncia del cargo¡±.

El informe cita una sentencia del Tribunal Supremo que admite que la defensa jur¨ªdica de un cargo p¨²blico en un proceso judicial abierto por sus decisiones administrativas puede entenderse como ¡°gastos generados con ocasi¨®n del ejercicio de sus funciones¡±. Por tanto, el Supremo aprueba que la instituci¨®n de que se trate costee los honorarios de los abogados. Eso s¨ª, la condici¨®n es que el proceso determine que el cargo p¨²blico no ha incurrido en ¡°responsabilidad criminal¡±