La Intervenci¨®n alert¨® a la c¨²pula de Hacienda del opaco manejo de los ERE

El informe policial que sustenta las 20 imputaciones de altos y ex altos cargos y dos funcionarios de la Junta de Andaluc¨ªa sigue dando sorpresas. Entre ellas figura un testimonio que salpica a la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Hacienda. La n¨²mero dos de la Intervenci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa, Teresa Arrieta, declar¨® a la Guardia Civil que la actual consejera de Hacienda, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, conoci¨® de primera mano el procedimiento irregular con el que el Gobierno aut¨®nomo financi¨® los ERE durante una d¨¦cada, seg¨²n consta en el oficio policial.

Hasta ahora, se sab¨ªa que el ¨®rgano de control hab¨ªa realizado 15 informes en los que alert¨® de manera insistente sobre el sistema opaco de dar las ayudas. Esta es la primera ocasi¨®n que trasciende que tambi¨¦n hubo avisos verbales. La declaraci¨®n de Arrieta forma parte de la investigaci¨®n de la Guardia Civil que ha dado pie a las nuevas imputaciones de altos cargos, entre ellos la exministra Magdalena ?lvarez, por la puesta en marcha de un mecanismo que permiti¨® un fraude que suma 140 millones de euros y la falta de control pol¨ªtico sobre fondos p¨²blicos.

¡°Estos hechos (uso irregular de la transferencia de financiaci¨®n, falta de procedimiento, etc.) fueron despachados por el titular de la Intervenci¨®n General¡±, Manuel G¨®mez, con la entonces viceconsejera, seg¨²n el testimonio como testigo de Arrieta. La interventora puntualiz¨® que no presenci¨® dichas reuniones, pero que tuvo constancia a trav¨¦s de su exjefe directo. G¨®mez matiz¨® ayer que no recuerda ¡°despachos espec¨ªficos sobre las transferencias de financiaci¨®n de Empleo [consejer¨ªa que concedi¨® las subvenciones]¡± con Mart¨ªnez Aguayo, pero s¨ª que discutieron del uso inadecuado de esta forma de pago en empresas p¨²blicas. La consejera rechaz¨® ayer comentar la acusaci¨®n de la n¨²mero dos de la Intervenci¨®n.

Hace dos a?os Mart¨ªnez Aguayo admiti¨® haber recibido los informes de la Intervenci¨®n, pero adujo que no entr¨® en detalles dado que no alertaban de un menoscabo en los fondos p¨²blicos mediante un informe de actuaci¨®n. Y en esa ocasi¨®n la consejera salv¨® de cualquier responsabilidad al presidente de la Junta y por aquel entonces exconsejero de Econom¨ªa y Hacienda, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, porque no le comunic¨® la existencia de dichos informes cr¨ªticos con el sistema de ayudas.

Las discrepancias entre la Intervenci¨®n y la Junta han sido patentes sobre el sistema de pagos de los ERE. El ¨®rgano de control subray¨® desde la auditor¨ªa de 2003, dos a?os despu¨¦s de que se pusiera en marcha el fondo, c¨®mo este prescindi¨® ¡°de forma total y absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley¡±. El Gobierno andaluz opt¨® en 2001 para subvencionar los ERE por la transferencia de financiaci¨®n, un mecanismo m¨¢s ¨¢gil que la subvenci¨®n excepcional, pero que tambi¨¦n permit¨ªa eludir el control sobre el destino de los pagos y por tanto daba pie a la opacidad y la discrecionalidad en el reparto de ayudas millonarias. Arrieta pone el acento en la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Empleo, dirigida entonces por el diputado Jos¨¦ Antonio Viera: ¡°Ahora s¨¦ que el uso de la transferencia de financiaci¨®n fue para eludir la fiscalizaci¨®n previa¡±. Alaya subray¨® en su auto que esta elecci¨®n del procedimiento permiti¨® ¡°un dispendio continuado de fondos p¨²blicos¡±.

La interventora adjunta resumi¨® a los agentes el sentir del ¨®rgano fiscalizador: ¡°Nos preocupaba que era una forma de evadir el control de la subvenci¨®n (...) con las siguientes consecuencias: pagar subvenciones sin procedimiento, la existencia de un d¨¦ficit presupuestario y la elusi¨®n del control de la Intervenci¨®n¡±. Arrieta fue una de los 14 funcionarios que declararon el verano pasado ante la Guardia Civil, que investiga la comisi¨®n de los delitos de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y contra la hacienda p¨²blica. Y la mayor¨ªa de testimonios son coincidentes sobre los problemas de opacidad de los pagos, aunque solo Arrieta se?al¨® que los avisos verbales alertaron a la viceconsejera.

Los interventores soportaron presiones, dados los reparos que paralizaban los pagos de la Junta a los trabajadores de empresas en crisis. Joaqu¨ªn Alegre, otro alto funcionario, describi¨® las tensiones con el Ejecutivo por culpa de los impagos a empleados de la multinacional minera de Boliden tras el desastre ecol¨®gico de Aznalc¨®llar. ¡°A los responsables administrativos de la Consejer¨ªa [de Trabajo e Industria] les interesaba proteger la plantilla (entre 300 y 500 trabajadores), que se intentaba mantener de manera artificial, es decir, mediante fondos p¨²blicos sostener a esos exmineros¡±. A continuaci¨®n, a?adi¨®: ¡°Me resist¨ª a esos pagos (...) y sufr¨ª por ello presiones ambientales¡±. El interventor aleg¨® que no autoriz¨® dichos pagos porque la empresa no mantuvo el grueso de la plantilla, una condici¨®n necesaria para lograr la subvenci¨®n.

Todas estas declaraciones constituyen la base sobre la que la juez apoya su tesis y la veintena de nuevas imputaciones. Alaya estima que los altos cargos acusados conocieron que el sistema fue dise?ado para la entrega discrecional de subvenciones.

El testimonio de Arrieta sobre Mart¨ªnez Aguayo es de los m¨¢s contundentes contra los dirigentes pol¨ªticos de la Junta de Andaluc¨ªa. Todo apunta a que la juez remitir¨¢ al Supremo esta parte de la causa cuando tome declaraci¨®n a los 20 nuevos imputados y complete los indicios contra los aforados, entre ellos Mart¨ªnez Aguayo (diputada auton¨®mica).

El fondo de los ERE cost¨® a la Junta andaluza 721 millones entre 2001 y 2010. En los ¨²ltimos dos a?os el Gobierno ha pagado por las p¨®lizas de 5.700 prejubilados otros 105 millones, seg¨²n un documento enviado por la Consejer¨ªa de Econom¨ªa al juzgado, por lo que la cifra total invertida asciende hoy a 826 millones.