PNV y PP defienden flexibilizar las infracciones de los altos cargos

Tras cuatro ampliaciones del plazo para presentar enmiendas, los grupos parlamentarios han puesto sobre la mesa los cambios que quieren imprimir en la proposici¨®n de ley del PSE sobre la conducta de los altos cargos vascos ¡ªconsejeros, viceconsejeros, directores y asesores¡ª y su r¨¦gimen de incompatibilidades. Entre ellos, PP y PNV plantean dividir el sistema de infracciones en funci¨®n de la gravedad de la falta y fijar su prescripci¨®n en funci¨®n de la importancia de estas, una cuesti¨®n que el PSE no jerarquiza.

Nacionalistas y populares plantean que la inhabilitaci¨®n m¨ªnima que se pueda imponer a un cargo p¨²blico que haya cometido una infracci¨®n sea de cinco a?os, un m¨ªnimo que los socialistas no recogen en su propuesta ¡ªse?alan el m¨¢ximo, diez a?os¡ª. Pero, para ello, ser¨¢ necesario que las infracciones que puedan cometer los altos cargos no prescriban antes. El PNV y el PP plantean flexibilizar la norma que plantea el PSE, de no prescripci¨®n hasta tres a?os despu¨¦s.

As¨ª, los nacionalistas reclaman que las graves prescriban a los dos a?os y las muy graves a los tres a?os, exactamente igual que una ley de 1998. El PP tambi¨¦n establece una escala, pero eleva a cinco a?os las m¨¢s graves y baja las leves a un a?o. UPyD es el ¨²nico que pide que todas las infracciones no prescriban hasta cinco a?os despu¨¦s. La raz¨®n esgrimida por este ¨²ltimo es que tres a?os es un lapso de tiempo que ¡°favorece la impunidad por ser menos de una legislatura¡±, lo que deja en manos de sus afines la investigaci¨®n.

En t¨¦rminos generales, los partidos asumen como necesario actualizar la normativa sobre incompatibilidades, que se retrotrae a 1983, y admiten que los altos cargos no sean contratados en empresas con las que tuvieron relaci¨®n directa cuando ostentaban el cargo hasta dos a?os despu¨¦s del cese ¡ªde lo contrario, la empresa quedar¨ªa fuera de toda contrataci¨®n p¨²blica¡ª y que no decidan sobre empresas en las que estuvieron hasta dos a?os antes de su nombramiento ¡ªUPyD pide que sean cinco¡ª. Asimismo, respaldan el aumento del control de cargos y excargos.

Pese a esta sinton¨ªa de fondo, al PNV, que ha presentado 57 correcciones a un texto de 27 p¨¢ginas, no le gusta ni el t¨ªtulo de la futura ley ni su exposici¨®n de motivos, que reescribe completamente. La propuesta socialista, trabajada por el Gobierno de Patxi L¨®pez, no sali¨® adelante por el adelanto electoral, una suerte similar a la que corri¨® el texto en el que se basa, un proyecto de ley del Gobierno de Juan Jos¨¦ Ibarretxe de 2007. A la tercera, si todo va bien, Euskadi tendr¨¢ su ley, ya que se ha habilitado el mes de julio en el Parlamento entre otras cuestiones para debatir a puerta cerrada las enmiendas de esta proposici¨®n de ley.

El PNV rechaza cualquier menci¨®n a las diputaciones y los ayuntamientos en la futura ley ¡ªla propuesta socialista les incluye en cuestiones de conducta, pero no en las sanciones porque dependen de otras normas¡ª y critica la propuesta socialista de crear una oficina de conflictos de intereses que se encargue de analizar la documentaci¨®n e investigar posibles incompatibilidades. Reclama que sea un servicio dependiente de Funci¨®n P¨²blica el que lo haga.

Todos aceptan que un alto cargo no pueda decidir sobre empresas propias ¡ªla ley les permite tener el 10% en algunas y solo UPyD pide limitar ese porcentaje¡ª o de amigos y familiares. PNV y PP proponen elevar del segundo al cuarto grado de consanguinidad ¡ªalcanzar¨ªa a primos, etc.¡ª el l¨ªmite en el que se tienen que hacer a un lado para no incurrir en una infracci¨®n. Sobre la exclusividad en el cargo, PSE, PNV y PP coinciden en que se pueda compaginar cargos en el Ejecutivo con concejal¨ªas y alcald¨ªas de menos de 50.000 habitantes. EH Bildu, que centra sus propuestas en los principios de conducta, es tajante y pide prohibir cualquier compatibilidad.