El fiscal pide a Alaya que fije la declaraci¨®n de los cargos imputados

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n urge a la juez Mercedes Alaya a fijar un calendario "razonable" de declaraciones en el caso de los ERE. Hace una semana la magistrada imput¨® a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa y dos altos funcionarios pero de momento solo uno de ellos, el ex interventor general Manuel G¨®mez sabe que debe comparecer el pr¨®ximo 25 de julio. El resto est¨¢ a la espera de conocer cu¨¢ndo podr¨¢n acudir al juzgado para rebatir la tesis de la juez, que estima que los altos cargos, entre ellos la exministra Magdalena ?lvarez, colaboraron para sostener el procedimiento por el que se pagaron los ERE durante una d¨¦cada (2001-2010), y que Alaya ve ilegal.

Anticorrupci¨®n ha insistido a Alaya en varias ocasiones durante el ¨²ltimo a?o para que pise el acelerador y los imputados acudan cuanto antes a declarar, pero la prolongada baja por enfermedad de la juez el pasado invierno y las numerosas v¨ªas de investigaci¨®n y operaciones policiales, han mermado el ritmo de la causa judicial. "La necesidad de avanzar en la instrucci¨®n de la presente causa garantizando adecuadamente los derechos y garant¨ªas de todos los imputados hasta la fecha", remarca Anticorrupci¨®n en su escrito del pasado lunes. El fiscal argumenta que al dar prioridad a las declaraciones, la juez podr¨¢ aclarar cuanto antes los delitos que imputa a los altos cargos, ya que todos ellos y la Junta andaluza han criticado a Alaya por anunciar las imputaciones sin concretar con profusi¨®n de detalles los delitos que les achaca.

En su escrito, la fiscal¨ªa subraya la sobrecarga de trabajo que sufre el juzgado y la complejidad del caso, pero pide el calendario para lograr "un avance ordenado y sistem¨¢tico" del caso, que ya acumula 93 imputados. El ministerio p¨²blico hace un repaso por sus anteriores escritos, pre?ados de diligencias que desde 2011 Alaya ha ignorado o pospuesto por no considerarlo una prioridad para la causa. Anticorrupci¨®n recuerda su petici¨®n del pasado enero para que la Guardia Civil y la Intervenci¨®n General aporten sus informes elaborados sobre el procedimiento del fondo de los ERE a trav¨¦s de las transferencias de financiaci¨®n, cuestionadas por Alaya.

Adem¨¢s, en dicho escrito la fiscal¨ªa pidi¨® que los auditores de la C¨¢mara de Cuentas que censuraron el fondo, comparezcan tambi¨¦n en esta tanda que investiga la rama pol¨ªtica. "Con el objeto de ratificar, aclarar o ampliar la documentaci¨®n obrante en autos en relaci¨®n con los trabajos de fiscalizaci¨®n realizados por el equipo t¨¦cnico de la C¨¢mara de Cuentas", reza el escrito. El fiscal subraya que despu¨¦s del auto de Alaya sobre los altos cargos imputados, "las diligencias ya interesadas adquieren si cabe una mayor relevancia", recuerda.

Mientras, Anticorrupci¨®n ha decidido no recurrir el auto de Alaya ante la Audiencia de Sevilla, por lo que a priori considera necesario avanzar en esta v¨ªa para aclarar la legalidad del procedimiento del fondo. Si alguno de los imputados decide finalmente recurrir el auto de Alaya, es posible que la Audiencia no se posicione sobre si el procedimiento que incluy¨® las transferencias de financiaci¨®n es legal o ilegal. Ya en el recurso del exconsejero Antonio Fern¨¢ndez presentado hace un a?o, la Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia respond¨ªa que no se pod¨ªa afirmar que el procedimiento era "ilegal" y ped¨ªa prudencia a la espera de los avances de la investigaci¨®n y los informes t¨¦cnicos que se fueran a aportar durante la instrucci¨®n.