La Junta abre la puerta a pagar la defensa a los cargos y funcionarios imputados

El Gobierno andaluz, que est¨¢ personado como acusaci¨®n en el caso de los ERE irregulares, ha abierto la puerta a costear la defensa de los cargos y funcionarios en activo imputados la semana pasada por Mercedes Alaya. "Es una cuesti¨®n de normativa", ha dicho Miguel ?ngel V¨¢zquez, portavoz del Ejecutivo regional, en referencia a un decreto de 2000 en el que se indica que "las autoridades y personal al servicio" de la Junta pueden ser defendidos por los servicios jur¨ªdicos de la Administraci¨®n.As¨ª se establece en el reglamento de organizaci¨®n del Gabinete Jur¨ªdico de la Junta.

Lo parad¨®jico en este caso es que los letrados del Gobierno regional ya est¨¢n en la instrucci¨®n, pero como acusaci¨®n. La normativa de 2000 prev¨¦ que, cuando se produzca una situaci¨®n como esta, la Junta podr¨¢ costear "los servicios de profesionales" ajenos a la Administraci¨®n. A esta soluci¨®n ha apuntado este martes V¨¢zquez. Aunque ha asegurado que se deben cumplir dos requisitos: que los imputados sigan dentro de la Administraci¨®n y que soliciten acogerse a esta cl¨¢usula. Adem¨¢s, para que la Junta pague su defensa ser¨¢ necesario un informe previo del Gabinete Jur¨ªdico.

El portavoz tambi¨¦n ha afirmado que el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico reconoce a los funcionarios el derecho "a la defensa jur¨ªdica y protecci¨®n de la Administraci¨®n en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio leg¨ªtimo de sus funciones o cargos p¨²blicos". El Gobierno andaluz, a trav¨¦s de una nota, ha indicado tambi¨¦n que, "hasta ahora, y despu¨¦s de tres a?os de instrucci¨®n judicial, la Junta solo se ha hecho cargo de la defensa de Daniel Rivera, ex director general de Empleo". Seg¨²n el Ejecutivo auton¨®mico, se hizo "porque as¨ª lo estim¨® conveniente el servicio jur¨ªdico, el mismo servicio que ha solicitado la imputaci¨®n y afianzamiento de varios ex altos cargos de la Junta".

La Junta no ha precisado cu¨¢ntos de los 20 imputados la semana pasada (entre los que est¨¢ la exconsejera Magdalena ?lvarez) tienen la posibilidad de pedir que la Junta les costee la defensa. Al menos cuatro siguen en la Administraci¨®n: el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano; el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; el director de Idea, Antonio Valverde; y Juan Alonso Luque, interventor delegado de Empleo.

La juez imput¨® a estas 20 personas al apreciar indicios delictivos en el procedimiento administrativo que amparaba el fondo de los ERE. Aunque V¨¢zquez ha indicado que esta decisi¨®n es "perfectamente recurrible", la Junta no dar¨¢ ese paso. Ser¨¢ cada imputado el que lo haga. El viceconsejero Antonio Lozano recurrir¨¢. Sin embargo, fuentes de la Junta han asegurado que Lozano a¨²n no ha decidido si pedir¨¢ que la Administraci¨®n le pague la defensa.