La Junta limita ahora el pago de la defensa a los cargos que sean absueltos

La Junta de Andaluc¨ªa da una de cal y otra de arena a los altos cargos y funcionarios de la Administraci¨®n regional a los que la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, imput¨® la semana pasada. El Gobierno andaluz, por un lado, ha decidido recurrir el auto en el se imputaba a estas 20 personas, entre las que est¨¢n la exconsejera de Hacienda Magdalena ?lvarez y el actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano. La de arena ha llegado este mi¨¦rcoles de la mano de Susana D¨ªaz, consejera de la Presidencia, quien se ha mostrado partidaria de que la Administraci¨®n solo costee la defensa judicial de los cargos y funcionarios que resulten absueltos.

La Junta hab¨ªa abierto el martes la puerta a la asumir las minutas, una opci¨®n que se recoge en una normativa auton¨®mica que data de 2000. Pero la socialista Susana D¨ªaz, ha entornado esa puerta este mi¨¦rcoles al vincular esa posibilidad a que los afectados sean absueltos en la causa. "Lo razonable y lo l¨®gico", ha dicho, ser¨ªa que la Junta costee la minutas de los abogados de los altos cargos y empleados que "resultaran inocentes" al final del proceso judicial.

Diego Valderas (IU), vicepresidente de la Junta, ha ido un paso m¨¢s all¨¢ y ha dado directamente un portazo. "A nadie se le va a pagar los abogados", ha declarado a este peri¨®dico. El vicepresidente ha insistido en que ninguno de los 20 cargos y funcionarios imputados por Alaya ha solicitado que se le abone su defensa. A nadie se le conceder¨¢ esta posibilidad ¡°a priori¡±, ha a?adido. Lo que no ha descartado Valderas es que, "en su momento", el trabajador de la Administraci¨®n o cargo que sea absuelto pueda solicitar que se hagan efectivos "sus derechos como funcionario".

El reglamento de organizaci¨®n del Gabinete Jur¨ªdico de la Junta, que data del 26 de diciembre de 2000, recoge la posibilidad de que "las autoridades y personal al servicio" de la Administraci¨®n regional sean defendidos por los servicios jur¨ªdicos de la Junta cuando est¨¦n imputados en una causa judicial que se siga contra ellos "siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jur¨ªdico o las ¨®rdenes de sus superiores". Dentro de esta categor¨ªa podr¨ªan estar algunos de los 20 ¨²ltimos imputados a los que Alaya achaca indicios delictivos en el procedimiento administrativo que amparaba el fondo de los ERE.

A esta normativa se remiti¨® el martes el portavoz de la Junta, Miguel ?ngel V¨¢zquez, tras ser interrogado por los periodistas sobre la posibilidad de que el Gobierno andaluz asuma la defensa de los directivos y funcionarios. V¨¢zquez circunscribi¨® este asunto a "una cuesti¨®n normativa". Pero asegur¨® que se deben cumplir dos requisitos: que los imputados sigan dentro de la Administraci¨®n y que soliciten acogerse a esta cl¨¢usula. Adem¨¢s, para que la Junta pague su defensa ser¨ªa necesario un informe previo del Gabinete Jur¨ªdico de la consejer¨ªa de la que dependan.

D¨ªaz ha a?adido este mi¨¦rcoles una cuarta condici¨®n al apuntar que "esa defensa jur¨ªdica solo ser¨ªa entendible en aquellos casos, en aquellos supuestos, en que sean declarados inocentes". Lo parad¨®jico en este caso es que los letrados del Gobierno regional ya est¨¢n personados en la instrucci¨®n, pero como acusaci¨®n.

Otras comunidades aut¨®nomas tienen reglamentos parecidos al andaluz. Es el caso de Galicia. En Santiago tambi¨¦n se produjo una fuerte pol¨¦mica ante la posibilidad de que el Ayuntamiento costeara la defensa de un concejal imputado en el caso Pok¨¦mon. El Consistorio, que tambi¨¦n hab¨ªa puesto como condici¨®n que el edil fuera declarado inocente, hab¨ªa aceptado sufragar las minutas. Pero, tras la pol¨¦mica, el concejal anunci¨® que renunciaba a esta posibilidad.

En el caso de los ERE no hay constancia de que alguno de los 20 cargos y funcionarios imputados por Alaya haya pedido acogerse a esta opci¨®n. Al menos cuatro de ellos siguen en la Administraci¨®n: el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano; el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; el director de Idea, Antonio Valverde; y Juan Alonso Luque, interventor delegado de Empleo.

Lo que s¨ª ha decidido ya la Junta es arropar a estos cargos y a los otros 16 imputados por Alaya la semana pasada a trav¨¦s de un extenso recurso contra el auto de la juez. La masiva imputaci¨®n de altos responsables de tres consejer¨ªas caus¨® un terremoto interno en el Ejecutivo aut¨®nomo. Y ahora la Junta contraataca con artiller¨ªa jur¨ªdica, mientras que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se mueve entre dos aguas.

La decisi¨®n de Alaya caus¨® estupor en los mandos imputados, dado que la juez ve¨ªa indicios de criminalidad en su actuaci¨®n conjunta porque todos ellos pecaron de inacci¨®n al no alertar del procedimiento para el pago del fondo de los ERE a trav¨¦s de las transferencias de financiaci¨®n.

La decisi¨®n de recurrir no ha venido acompa?ada de un paso al frente por parte de la Junta. Es decir, el Ejecutivo no ha sacado pecho para defender sus argumentos jur¨ªdicos. El martes Miguel ?ngel V¨¢zquez sostuvo que, "inicialmente", la Junta no ten¨ªa planeado recurrir. Sin embargo, en paralelo a esta negativa los servicios jur¨ªdicos de la Junta hab¨ªan trabajado de manera concienzuda un extenso recurso de nada menos de 120 p¨¢ginas (20 del recurso en s¨ª, acompa?ado de un centenar de p¨¢ginas de documentaci¨®n y jurisprudencia en apoyo a sus tesis jur¨ªdicas).

Los argumentos inciden en varias v¨ªas, pero uno de ellos insiste en la falta de motivaci¨®n expuesta por Alaya. La Junta replica a la juez que al estar el procedimiento judicial tan avanzado, debe explicar de manera m¨¢s profusa los hechos que les imputa a sus altos mandos, dado que esa inconcreci¨®n les genera indefensi¨®n. El Ejecutivo se apoya en la doctrina del Tribunal Constitucional, que exige a los jueces instructores un esfuerzo de motivaci¨®n cuando las investigaciones est¨¢n avanzadas. Adem¨¢s, el Ejecutivo recuerda que si los recursos de los propios imputados prosperaran, de la ulterior nulidad saldr¨ªa perjudicada la propia Junta como acusaci¨®n particular.

Otro argumento contra el auto es la infracci¨®n del principio de legalidad porque al estar incluida la partida 31L en las partidas presupuestarias durante una d¨¦cada (2001-2010), su cuestionamiento implica el de la ley de Presupuestos.