La privatizaci¨®n estrella de Mas, la ATLL, encalla en los tribunales

La privatizaci¨®n estrella del Gobierno catal¨¢n, de la que a finales del a?o pasado depend¨ªan su solvencia y el d¨¦ficit p¨²blico, topa de nuevo con la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) tumb¨® ayer por segunda vez la adjudicaci¨®n de Aig¨¹es Ter-Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona. La decisi¨®n del TSJC afecta a la mayor privatizaci¨®n realizada por la Generalitat, un contrato de m¨¢s de mil millones de euros (de los que ya cobr¨® 300) por la concesi¨®n a 50 a?os de la gesti¨®n del agua desde las cuencas fluviales a los dep¨®sitos municipales, cuyos ingresos sirvieron para reducir medio punto de deuda y evitar m¨¢s recortes.

T¨¦cnicamente lo que hizo el tribunal ayer fue desestimar los recursos de Acciona y de la Generalitat y ratificar nuevamente la decisi¨®n de enero del ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalu?a (OARCC) de anular la adjudicaci¨®n de ATLL a Acciona. Acciona y el Gobierno catal¨¢n ped¨ªan que se suspendiera de forma cautelar la resoluci¨®n de la OARCC y pueden recurrir en un plazo de diez d¨ªas ante el Tribunal Supremo.

Sobre qu¨¦ ocurir¨¢ de forma inmediata, el TSJC expone que ¡°el estado actual de las cosas lleva a una primera hip¨®tesis consistente en que el servicio sea concedido a la segunda licitante¡±. Y a?ade: ¡°Si esta hipotesis no prospera, el servicio tendr¨¢ que ser objeto de una nueva licitaci¨®n pues el marco normativo impone la gesti¨®n por concesi¨®n¡±. Dos frases que las dos empresas en pugna interpretan de forma completamente contraria. Agbar sostiene que si la Generalitat no anula la adjudicaci¨®n estar¨¢ ¡°prevaricando¡±. Acciona mantiene que nada cambia. Fuentes jur¨ªdicas consultadas aseguran que la decisi¨®n de la OARCC es ejecutiva hasta que un tribunal dicte sentencia.

En el fondo del conflicto est¨¢ la batalla por el control del agua del ¨¢rea metropolitana de Barcelona, con cinco millones de clientes. A finales del a?o pasado, tras la adjudicaci¨®n del contrato, Agbar, perdedora del concurso, impugn¨® la adjudicaci¨®n por considerar que la oferta ganadora incumpl¨ªa los pliegues de condiciones. El argumento era que Acciona present¨® un plan para ejecutar unas obras de mejora de la red en un plazo superior al que fijaba el pliegue de condiciones.

El juez Alberto Andr¨¦s alerta de la necesidad de que la Generalitat devuelva los 300 millones

El 2 de enero, el ¨®rgano administrativo de control de la contrataci¨®n p¨²blica de la propia Generalitat ratific¨® estas irregularidades. Una semana m¨¢s tarde la Generalitat se autorecurri¨®, e igual hizo Acciona. Pero en marzo el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a desestim¨® los recursos. Ayer lo hizo de nuevo. Dio la raz¨®n a la OARCC e indirectamente a Agbar, que ya desde antes de la adjudicaci¨®n pide que se anule el concurso de adjudicaci¨®n.

La Generalitat, a trav¨¦s del Departamento de Econom¨ªa, respondi¨® ayer que ¡°de nuevo el TSJC se pronuncia sobre la forma y no el fondo¡± y que sus servicios jur¨ªdicos est¨¢n estudiando las interlocutorias con la intenci¨®n de recurrir la nueva decisi¨®n del TSJC, esta vez con un recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo. Acciona s¨ª recurir¨¢.

Las interlocutorias dictadas ayer por el TSJC, sobre todo la del recurso de Acciona y la Generalitat contra Agbar, contienen un claro mensaje de apoyo a organismos como la OARCC ¡ª¡°mecanismos de garant¨ªa¡±¡ª y recuerda que responden a una directiva europea. El tribunal rechaza los argumentos de Acciona y el ejecutivo, que advert¨ªan de los da?os econ¨®micos derivados de la anulaci¨®n de la adjudicaci¨®n, tanto para las finanzas de la Generalitat como para los consumidores y los trabajadores. El TSCJ entiende que atender a las irregularidades que detect¨® la OARCC no conlleva da?os de suficiente entidad, ya que la ley obliga a seleccionar un nuevo contratista, y que los prejuicios se limitar¨ªan a la transici¨®n entre adjudicatarios.

Las interlocutorias cuentan con el voto particular del juez Alberto Andr¨¦s, que alerta de la necesidad de que la Generalitat devuelva los 300 millones ya cobrados a Acciona y de las consecuencias que tendr¨ªa sobre las arcas y el d¨¦ficit p¨²blico.

El TSJC tambi¨¦n ratific¨® ayer el rechazo a los recursos de Aguas de Valencia S.A., Sociedad Espa?ola de Abastecimientos S.A. y Aqualia contra el acuerdo del Area Metropolitana de Barcelona (AMB) de constituir una sociedad mixta para gestionar el ciclo integral del agua.