El Supremo ratifica la condena al exalcalde de Aranjuez por prevaricaci¨®n
Jos¨¦ Mar¨ªa Cepeda favoreci¨® contratos de obras municipales a varias constructoras
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de inhabilitaci¨®n seis a?os y cuatro meses impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid al exalcalde del PP de Aranjuez entre 1995 y 2003, Jos¨¦ Mar¨ªa Cepeda, por un delito continuado de prevaricaci¨®n al favorecer contratos de obras municipales a varias constructoras. Se trata de una pena m¨ªnima, ya que este delito se castiga con hasta 10 a?os de prohibici¨®n para ejercer un cargo p¨²blico.
En la sentencia los magistrados tambi¨¦n rechazan el recurso presentado por Cepeda ante el Alto Tribunal. Adem¨¢s, la Audiencia ha condenado al exconcejal de Hacienda Miguel ?ngel G¨¢lvez a cuatro a?os y dos meses de inhabilitaci¨®n, una condena que se confirma igualmente.
Cepeda se enfrent¨® a una petici¨®n de la Fiscal¨ªa de Madrid de 37 a?os de inhabilitaci¨®n especial para cargo o empleo p¨²blico, as¨ª como a una multa de 36.000 euros, pero la pena qued¨® reducida a seis a?os y cuatro meses de inhabilitaci¨®n.
El representante del Ministerio P¨²blico Emilio Valerio les acus¨® de crear una trama econ¨®mica que favoreci¨® a diferentes constructoras entre 1998 y 2001. Adem¨¢s, se les acus¨® de conceder licencias urban¨ªsticas que vulneraban la legalidad, entre otras cuestiones.
La resoluci¨®n de la Audiencia recogi¨® que G¨¢lvez, con el respaldo del exalcalde, present¨® y logr¨® la aprobaci¨®n por parte de los plenos en los ejercicios de 2000 y 2001 de varias facturas a favor de las empresas constructoras Maconsa, Mafasa y Aldisa, "facturas de las que no hab¨ªa constancia en los departamentos de Secretar¨ªa, Contrataci¨®n e Intervenci¨®n del Ayuntamiento al no existir ning¨²n tipo de documento contractual o? administrativo que habilitara la prestaci¨®n de los servicios de obras o suministros indicados o justificara la realizaci¨®n de los mismos".
El Tribunal Supremo a?adi¨® que en los ejercicios de 1998 a 2001 se emitieron facturas contra el Ayuntamiento por diversas mercantiles, "frente a las cuales los interventores formularon reparos en varios informes". "Ni el alcalde ni los concejales responsables adoptaron medidas adecuadas para eliminar las irregularidades que dieron lugar a tales reparos", se?al¨® el fallo.
Asimismo, el tribunal recalc¨® que de ninguna de las facturas aprobadas por el sistema de reconocimiento contractual exist¨ªa "expediente de contrataci¨®n o de gasto con anterioridad a la presentaci¨®n por el concejal".
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