Un vac¨ªo legal permite eludir las multas a las pizarreras que secan r¨ªos
Las empresas de Valdeorras acumulan sanciones por 781.000 euros desde 2005
El valle ourensano de Valdeorras, devorado por las canteras de pizarra, es una gran cloaca. Unos 25 kil¨®metros de los r¨ªos San Xil, Valborraz y Casaio ¡ªafluentes del Sil¡ª han sido secados y contaminados con metales pesados hasta fulminar cualquier forma de vida. Y las empresas mineras que arrasan desde hace medio siglo 30 kil¨®metros cuadrados de la Serra do Eixo, contin¨²an contaminando cualquier r¨ªo o regato que se cruce ante las descomunales escombreras de hasta 400 metros de altura en las que depositan desechos que no pueden comercializar. Algunas de esas empresas ni siquiera han pagado las multas impuestas por la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Mi?o-Sil (CHMS) tras los evidentes destrozos. Solo en el municipio de Carballeda, zona cero de la pizarra, se han incoado 43 expedientes sancionadores en los ¨²ltimos siete a?os vinculados directamente a la ¡°afecci¨®n del dominio p¨²blico hidr¨¢ulico¡±. Sin embargo, no todos los responsables del destrozo han abonado las multas: una docena fueron recurridas ante la justicia.
?Las sanciones impuestas desde 2005 suman 781.000 euros, pero una estrategia evasiva urdida por las empresas que exprimen los montes ha mermado esa cantidad hasta 491.000 euros. En once de los doce recursos contencioso-administrativos planteados se ha dictado sentencia y los tribunales han estimado total o parcialmente seis de ellas. Pr¨¢cticamente todos los recursos aceptados aprovecharon un vac¨ªo legal surgido tras la anulaci¨®n de la orden ministerial de valoraci¨®n de da?os al dominio p¨²blico acordada en noviembre de 2011 por el Tribunal Supremo. Un vac¨ªo que a¨²n no se ha resuelto ya que el Gobierno central mantiene paralizada desde diciembre de 2012 la aprobaci¨®n del Real Decreto que desarrolla esos mismos criterios de valoraci¨®n en sustituci¨®n de la orden tumbada por el Supremo.
Algunas de esas sanciones incluyen la obligaci¨®n de reponer los cauces a su estado primitivo, algo ¡°imposible¡±, seg¨²n explica la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). Por ejemplo, los dos ¨²ltimos kil¨®metros del San Xil discurren por tubos de hierro oxidado y el valle que formaba su cauce es ahora un enorme agujero gris de 150 metros de profundidad. Una dentellada descomunal en la monta?a, justo al lado de una balsa artificial de agua azul el¨¦ctrico que acumula toneladas de residuos en medio del cauce original. Todav¨ªa no se ha restituido ni un solo metro de r¨ªo, as¨ª que la Confederaci¨®n mantiene abierta la posibilidad de imponer nuevas multas coercitivas.
El vaciado de cauces no es el ¨²nico problema. Estos tres r¨ªos presentan un elevad¨ªsimo grado de contaminaci¨®n apreciable a simple vista: tonos ferruginosos, part¨ªculas en suspensi¨®n y aguas te?idas de verde salpican el curso del Casaio hasta su desembocadura en el Sil. Los informes t¨¦cnicos internos que maneja la Confederaci¨®n del Mi?o-Sil certifican el desastre. La red CEMA (Control del Estado de las Masas de Agua) dispone de dos puntos de registro en este r¨ªo, que revelan datos alarmantes. Los controles realizados mensual y trimestralmente indican que el estado del agua ¡°es malo¡±, seg¨²n reconoce el propio organismo a este diario. Tiene una ¡°concentraci¨®n elevada de metales pesados como n¨ªquel, hierro, manganeso o zinc¡± y su PH (que da el nivel de ¨¢cido) es similar al del vinagre. Estas aguas desembocan directamente en el Sil, desde el que se bombea el abastecimiento del municipios de O Barco (15.000 habitantes) de forma puntual.
Ante estos preocupantes datos, el servicio de calidad de las aguas de la CHMS realiza peri¨®dicamente campa?as de investigaci¨®n en las cuencas del San Xil, Valborraz y Casaio para determinar el origen de los vertidos. La ¨²ltima se llev¨® a cabo el pasado mes de mayo pero, por ahora, no ha concluido qu¨¦ empresas siguen contaminando los cauces a pesar de las sanciones. La investigaci¨®n ha establecido ocho puntos de control en el valle de la pizarra (tres en el r¨ªo Valvorraz, dos en el San Xil, uno en el Riodolas y dos m¨¢s en el Casaio, que se suman a la red CEMA). A falta de concluir las pesquisas, de la informaci¨®n recopilada hasta la fecha por los t¨¦cnicos de la CHMS se deduce que ¡°los problemas se originan por la presencia de pirita en distintas zonas de los cauces, disolvi¨¦ndose los metales presentes en la mineralog¨ªa a causa de la acidez¡±. La pirita es uno de los minerales m¨¢s usados para la obtenci¨®n del ¨¢cido sulf¨²rico y uno de los desechos habituales en el proceso de extracci¨®n de la pizarra. Por el momento las autoridades no concretan ni medidas correctoras ni responsabilidades legales, ya que contin¨²an intentando ¡°detectar con precisi¨®n la localizaci¨®n del material contaminante¡±.
Pero las canteras de Valdeorras ¡ªcontroladas mayoritariamente por el gigante gallego Cupa Group y por empresas alemanas¡ª quieren m¨¢s. El 7 de mayo de 2012, la patronal de la pizarra se reuni¨® con el presidente de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica, Francisco Mar¨ªn, y con la alcaldesa de Carballeda, Mar¨ªa de Carmen Gonz¨¢lez (PP). En el encuentro reclamaron desviar m¨¢s r¨ªos ¡°ante la carencia de escombreras que amenaza el futuro del sector¡±. La patronal asegur¨® entonces que el presidente de la cuenca ¡°se mostr¨® receptivo a la idea¡±. Desde la CHMS matizan ahora que ¡°habr¨ªa que estudiar caso por caso ya que lo importante no solo es si se puede o no desviar un cauce, sino que es fundamental comprobar los valores ambientales y naturales del tramo y las posibilidades de restauraci¨®n de no existir otra alternativa¡±.
Ofensiva judicial
A pesar de la impunidad con la que algunas empresas siguen provocando el ¡°mayor destrozo ambiental reciente de Galicia¡±, seg¨²n denuncian agrupaciones ecologistas, la legislaci¨®n es clara en materia de protecci¨®n de r¨ªos. Al detectarse una actividad que da?e el dominio p¨²blico hidr¨¢ulico proveniente de trabajos extractivos relacionadas con la miner¨ªa, se tramita la correspondiente denuncia administrativa y se incoa un expediente sancionador que se resolver¨¢, si procede, con una imposici¨®n de multas y la obligaci¨®n de reponer lo destrozado a su estado primitivo. En el caso de vertidos con material contaminante (como en la comarca de Valdeorras), al no ser posible su reposici¨®n, se impone la obligaci¨®n de abonar econ¨®micamente los da?os causados, calculando la sanci¨®n a trav¨¦s del canon de control de vertidos no autorizados regulado en la Ley de Aguas.
No es la primera vez que las empresas mineras recurren a la justicia para intentar frenar normas que regulan la protecci¨®n del medio ambiente a pesar de los destrozos
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