La oposici¨®n presiona a Darp¨®n para que ampl¨ªe la atenci¨®n a inmigrantes

La atenci¨®n sanitaria a inmigrantes volver¨¢ al Parlamento en oto?o. Lo har¨¢ de la mano del PSE, que ha registrado una proposici¨®n no de ley que reclama que se pueda atender en los centros de salud a todos aquellos que residan en Euskadi, un servicio que hoy en d¨ªa est¨¢ vetado a los inmigrantes sin permiso de residencia que lleven menos de un a?o empadronados en la comunidad.

A la iniciativa socialista se suman los discursos contrarios al veto de los inmigrantes en la sanidad p¨²blica ¡ªmedida impuesta por el Gobierno central en 2012¡ª de EH Bildu y UPyD. El primer grupo de la oposici¨®n fue tambi¨¦n el primero en censurar al equipo de I?igo Urkullu por dejar fuera de la atenci¨®n no urgente a inmigrantes sin permiso de residencia que no lleven un a?o empadronados. El propio discurso del PNV tambi¨¦n es contrario a dejarlos fuera, ya que defiende una atenci¨®n ¡°p¨²blica, universal y de calidad¡±, un entrecomillado que el consejero de Salud, Jon Darp¨®n, incluye con insistencia en buena parte de sus declaraciones p¨²blicas.

En la pr¨¢ctica, las cosas no son tan sencillas. Osakidetza ha pasado de la aplicaci¨®n flexible de la normativa de atenci¨®n a inmigrantes hasta diciembre de 2012 ¡ªmomento hasta el que se ha atendido a los inmigrantes como a?os atr¨¢s¡ª a poner en pr¨¢ctica a rajatabla el decreto que aprob¨® el anterior Gobierno para eludir los recortes del Ejecutivo central. El decreto permite atender a inmigrantes irregulares, pero solo si tienen dificultades econ¨®micas y si llevan m¨¢s de un a?o empadronados, un requisito este ¨²ltimo que antes no exist¨ªa.

El Parlamento debatir¨¢ en oto?o la iniciativa socialista

El cambio en la atenci¨®n sanitaria a inmigrantes coincidi¨® con la llegada del PNV a la Lehendakaritza y con una resoluci¨®n del Tribunal Constitucional (TC). Este hab¨ªa suspendido la aplicaci¨®n del decreto vasco por el recurso del Gobierno central, lo que llev¨® a Euskadi a, en teor¨ªa, tener que vetar a inmigrantes sin permiso de residencia en toda la atenci¨®n sanitaria no urgente y, en la pr¨¢ctica, a ignorar el mandato de Madrid y seguir atendi¨¦ndolos. En diciembre el TC levant¨® el veto al decreto vasco y permiti¨® que se aplicara. Osakidetza lo hace a rajatabla, algo que ha reconocido el consejero de Salud. Pero ha obviado, como public¨® este diario, el planteamiento del anterior departamento, que propuso un mecanismo ¡ªno fue recogido en ninguna norma y hubo un adelanto electoral¡ª para atender tambi¨¦n a quienes no lleven un a?o en Euskadi.

El propio PSE realiza en la proposici¨®n no de ley un dif¨ªcil equilibrio, ya que pide que se cumpla el decreto ¡ªque deja fuera a los inmigrantes con menos de un a?o de empadronamiento¡ª y, al mismo tiempo, que ¡°ninguna persona que resida en Euskadi quede sin asistencia sanitaria¡±. La proposici¨®n no de ley busca cubrir la laguna en la atenci¨®n que ha surgido con el decreto socialista, ya que la orden del Gobierno del PNV que lo desarrolla, publicada en julio, no regula ese lapso temporal de hasta un a?o. La autora de la iniciativa, Blanca Roncal, argumenta en la justificaci¨®n que la orden ¡°es m¨¢s restrictiva de lo que incluso el propio TC aval¨®¡±, ya que el alto tribunal dio el visto bueno a la cobertura universal.

A tenor de los posicionamientos de los partidos, el Parlamento podr¨ªa hacer cambiar de postura a la consejer¨ªa, ya que tanto EH Bildu, como PSE y UPyD rechazan que haya inmigrantes a los que se les cierren las puertas de la atenci¨®n primaria en los centros de salud y a la especializada en las consultas hospitalarias. Aunque las resoluciones no son vinculantes para el Ejecutivo, la minor¨ªa del equipo de I?igo Urkullu fuerza a tener presente a la oposici¨®n.

Entretanto, otros han superado a Euskadi. Es el caso de Navarra, cuyo Parlamento aprob¨® en marzo una ley, con el rechazo de UPN ¡ªque la cumple¡ª, que permite, con solo empadronarse, acceder a todos los servicios del Servicio navarro de Salud, Osasunbidea. En estos momentos, el Gobierno navarro y el Ministerio de Sanidad mantienen conversaciones para tratar de que el segundo no recurra la ley ante el TC.