Mar dio medio mill¨®n a una f¨¢brica con la concesi¨®n a punto de expirar

La Xunta adjudic¨® a trav¨¦s de la Conseller¨ªa do Mar en 2011 una subvenci¨®n de 545.336,10 euros a la conservera Pescamar, que opera en Poio (Pontevedra) para la adquisici¨®n de ¡°equipos de proceso, hardware y trazabilidad¡± en contra de los t¨¦rminos de su propia convocatoria de ayudas. La orden que las regula especificaba que para acceder a ellas hab¨ªa que tener en orden todos los permisos y autorizaciones administrativas, as¨ª como destinar los bienes al uso declarado durante cinco a?os. Las instalaciones de Pescamar tienen, sin embargo, una situaci¨®n jur¨ªdica triple. Una buena parte es propiedad de la compa?¨ªa, otra ¡ªunos 3.000 metros cuadrados¡ª est¨¢ en una zona del dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre sobre la que la empresa tiene una concesi¨®n de Costas y una tercera ocupa de forma irregular una franja de ese espacio p¨²blico.

La concesi¨®n caducaba en 2014 y es ahora susceptible de pr¨®rroga tras la modificaci¨®n de la Ley de Costas aprobada este a?o, pero no lo era cuando se concedi¨® la ayuda. La gerente de Pescamar es Lupe Murillo, militante del PP y concejal en Pontevedra entre 2007 y 2011, que niega irregularidades. La resoluci¨®n que da publicidad a las ayudas est¨¢ firmada por el secretario general de Mar, Juan Carlos Maneiro.

La orden de la Conseller¨ªa que regula las subvenciones tiene fecha del 22 de diciembre de 2010 y fija como objetivo ayudar a ¡°la transformaci¨®n y comercializaci¨®n de productos procedentes de la pesca, del marisqueo y la acuicultura¡± con ayudas econ¨®micas que vienen financiadas en un 61% por el Fondo Europeo de Pesca y por el Estado en el importe restante. El articulado de la orden recoge varios requisitos que colisionan con la situaci¨®n legal de Pescamar, nombre comercial de Alfonso Garc¨ªa L¨®pez, SA. De un lado la empresa est¨¢ obligada a ¡°destinar los bienes subvencionados al fin concreto para el que se conceda la subvenci¨®n durante un per¨ªodo m¨ªnimo de cinco a?os¡±. En caso de que ¡°pretendiera el cambia de destino del bien subvencionado¡± deber¨ªa pedir permiso. El plazo de cinco a?os empieza a contar ¡°a partir de la fecha contable del ¨²ltimo pago¡±, que se realiza en tres anualidades, la ¨²ltima en 2013.

La orden exige tambi¨¦n a los perceptores de subvenciones estar ¡°en posesi¨®n de las preceptivas concesiones, autorizaciones, permisos o licencias para llevar a cabo las inversiones previstas¡±. Pescamar tiene una concesi¨®n de 3.027 metros cuadrados, otorgada en 1994 como pr¨®rroga de una previa, que se remontaba a 1970. El plazo fue de 20 a?os y sin posibilidad de extenderlo seg¨²n el propio pliego de condiciones generales, que es tajante en sus t¨¦rminos cuando dice que ¡°ser¨¢ improrrogable a menos que en el pliego de condiciones particulares se admita expl¨ªcitamente¡±. En ese pliego particular no hay menci¨®n alguna a eventuales pr¨®rrogas. Costas hab¨ªa rechazado ya en 1993 que el permiso para ocupar los terrenos se ampliase otros 2.475 metros. La empresa no hizo excesivo caso y en la actualidad ocupa una franja m¨¢s all¨¢ de los terrenos de su concesi¨®n, en zona de dominio p¨²blico, seg¨²n confirmaron a EL PA?S tres fuentes.

Desde Pescamar, Murillo rechaza cualquier irregularidad. ¡°Cumplo todos y cada uno de los par¨¢metros¡±, se?ala la gerente, que asegur¨® de forma gen¨¦rica que ¡°todo est¨¢ justificado¡± y a?ade que es especialmente cuidadosa porque est¨¢ en pol¨ªtica. Sobre el destino de la subvenci¨®n, alude al cambio del sistema de software de la empresa y la compra de una m¨¢quina para el cierre de latas, entre otros fines. ¡°Estos fondos vienen desde 2003 y ya nos los daba el bipartito¡±, a?ade. No precis¨® si los bienes se ubican en la zona objeto de la concesi¨®n o la ocupada ni si la empresa podr¨ªa funcionar prescindiendo de esos terrenos.