La juez dirige el caso de los ERE hacia la imputaci¨®n de Gri?¨¢n y Chaves
Alaya se?ala a siete aforados y les ¡®invita¡¯ a personarse en la investigaci¨®n La instructora observa ¡°cierta carga incriminatoria¡± contra los ex altos cargos
La pol¨ªtica andaluza se mueve desde hace tres a?os en torno a dos puntos que distan 800 metros entre s¨ª: el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, y el Prado de San Sebasti¨¢n, donde se ubican los juzgados de Sevilla. Este hecho fue este martes m¨¢s evidente que nunca. Poco despu¨¦s de la una de la tarde, justo cuando los consejeros del nuevo Gobierno de la socialista Susana D¨ªaz tomaban posesi¨®n de sus cargos, se conoc¨ªa un pol¨¦mico auto de la juez Mercedes Alaya en el que se apunta de forma directa en el fraude de los ERE a los m¨¢ximos responsables de la Junta de Andaluc¨ªa desde el a?o 2000. Una detonaci¨®n que eclips¨® el acto pol¨ªtico. Los siete se?alados son los expresidentes Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Manuel Chaves y los exconsejeros Jos¨¦ Antonio Viera, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio ?vila y Carmen Mart¨ªnez Aguayo, todos ellos aforados.
La resoluci¨®n de Alaya no es una imputaci¨®n judicial formal, porque carece de potestad para hacerlo, pero s¨ª marca el camino de por d¨®nde ha encauzado la parte pol¨ªtica de la investigaci¨®n y a qu¨¦ aforados ha puesto en el punto de mira. En esta rama del caso ya est¨¢ imputada, entre otros, la exconsejera andaluza de Econom¨ªa y exministra de Fomento, Magdalena ?lvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Para se?alar a los siete dirigentes pol¨ªticos, Alaya recurre al art¨ªculo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que la misma instructora tacha de ¡°confuso¡±. Este precepto permite a los aforados sobre los que haya indicios de delito personarse en una causa, acceder a las diligencias, proponer pruebas, participar en los interrogatorios o declarar voluntariamente ante el juez instructor.
Alaya reconoce en su auto que ¡°no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputaci¨®n o inculpaci¨®n¡± y que con su decisi¨®n se limita a comunicarles ¡°la existencia¡± del procedimiento judicial ¡°a fin de que puedan personarse en la causa si ese fuera su inter¨¦s¡±. Alaya ve ¡°cierta carga incriminatoria¡± en los siete aforados, que podr¨ªan haber incurrido en los delitos de ¡°prevaricaci¨®n y malversaci¨®n entre otros¡±, sin precisar m¨¢s.
La juez ha utilizado la v¨ªa que abri¨® la Audiencia de Sevilla el pasado mes de julio, cuando sugiri¨® que los aforados que se sintiesen se?alados por el fraude de los ERE acudiesen voluntariamente a declarar. ¡°Nada impedir¨ªa al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigaci¨®n judicial salvaguardar su derecho de defensa poni¨¦ndose a disposici¨®n del juzgado para declarar (...) el juez puede recibir declaraci¨®n al aforado si voluntariamente se presta a ello¡±, se?al¨® la Audiencia de Sevilla.
En su resoluci¨®n, Alaya subraya que no puede hacer una ¡°imputaci¨®n judicial¡± contra los aforados y que su escrito es ¡°asimilable a la admisi¨®n a tr¨¢mite de denuncia o querella¡±. De esta manera, contin¨²a, los aforados podr¨¢n ¡°defenderse¡±, aunque lo cierto es que no hay ninguna imputaci¨®n concreta.
En la parte dispositiva del auto, la juez s¨ª recoge que se comunique a los aforados la existencia de la investigaci¨®n judicial, ¡°en calidad de imputados a tenor del art¨ªculo 118 bis¡± de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
En su escrito, la juez censura la regulaci¨®n que establece este art¨ªculo para los aforados. As¨ª, se?ala que pueden personarse en las causas que est¨¦n en los juzgados de instrucci¨®n, pero que no est¨¢n ¡°sujetos al procedimiento penal, pudiendo a su voluntad desvincularse del mismos hasta que no se conceda el suplicatorio o la autorizaci¨®n parlamentaria¡±.
La juez Alaya recuerda sin citarlos los casos de aforados como el exministro de Fomento Jos¨¦ Blanco o el extesorero del PP Luis B¨¢rcenas, que acudieron a declarar voluntariamente. La diferencia es que tanto B¨¢rcenas como Blanco presentaron declaraci¨®n voluntaria cuando sus investigaciones ya se encontraban en el Tribunal Supremo. Ahora no es as¨ª. El caso ERE sigue en Sevilla.
El art¨ªculo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal se aprob¨® en 2002, bajo el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, con el objetivo de que los diputados y senadores pudieran acceder a los procedimientos judiciales que les afectan para plantear pruebas y dar su versi¨®n de los hechos antes de su remisi¨®n al Supremo.
La juez censura tambi¨¦n este art¨ªculo porque tampoco ha conseguido ¡°eliminar o reducir la presi¨®n medi¨¢tica sobre las personas aforadas¡±, que fue uno de los objetivos por lo que se reform¨® en 2002. ¡°Esta instructora es consciente (y as¨ª lo lamenta) que pueda producirse un efecto multiplicador de la expectaci¨®n e influencia negativa de los medios sobre dichas personas¡±, afirma.
La magistrada acude a un ¡°confuso¡± art¨ªculo para marcar a los dirigentes
A corto plazo, el efecto jur¨ªdico del auto es limitado porque los siete aforados obviar¨¢n la invitaci¨®n que les hace la juez para que se personen en la instrucci¨®n. Pero la resoluci¨®n s¨ª es relevante en el sentido de que Alaya deja claro qui¨¦nes son los aforados sobre los que est¨¢ centrando sus pesquisas. Desde hace m¨¢s de dos a?os, la juez ha dictado autos en los que de forma m¨¢s o menos directa ha apuntado a diversos aforados, la mayor¨ªa de las veces sin mencionarlos.
Adem¨¢s, con este paso tambi¨¦n gana tiempo para avanzar en la parte pol¨ªtica de la instrucci¨®n, ya que en las pr¨®ximas semanas est¨¢n previstas las declaraciones de los primeros altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa que no son aforados y que est¨¢n imputados. En el auto la juez deja claro que no tiene prisa por enviar la causa al Tribunal Supremo pese a que es evidente que cree tener indicios contra los aforados. As¨ª, afirma que para enviar la causa al Supremo ¡°habr¨ªa que individualizar la conducta delictiva concreta de los aforados y alg¨²n indicio o principio de prueba que pueda servir de apoyo a tal argumentaci¨®n¡±. ¡°No es desde luego esto ¨²ltimo lo que nos ocupa ahora¡±, sentencia Alaya. En su resoluci¨®n de antes del verano, la Audiencia de Sevilla tambi¨¦n recomend¨® a Alaya ¡°apurar y depurar¡± la investigaci¨®n antes de enviarla al Supremo.
Los cargos sobre los que Alaya pone la lupa, adem¨¢s de los expresidentes Gri?¨¢n y Chaves, han formado el n¨²cleo econ¨®mico del Gobierno andaluz desde el a?o 2000. Viera y Recio fueron consejeros de Empleo; Antonio ?vila de Econom¨ªa; Francisco Vallejo de Innovaci¨®n y Carmen Mart¨ªnez Aguayo de Hacienda.
El auto apunta a supuestos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n
Si jur¨ªdicamente la eficacia del auto es limitada, pol¨ªticamente fue demoledor. El auto se conoci¨® a trav¨¦s del PP, que es parte acusadora en la investigaci¨®n judicial, justo cuando tomaba posesi¨®n el nuevo Gobierno de Susana D¨ªaz, que ha prescindido de cualquier cargo que pudiera de alguna manera ser salpicado por la investigaci¨®n judicial. El PSOE cuestion¨® la confusa instrucci¨®n judicial y la acus¨® de perseguir ¡°imputaciones medi¨¢ticas¡±.
El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Javier P¨¦rez Royo sostiene que el auto es ¡°jur¨ªdicamente inocuo e intrascendente¡± puesto que en nada cambia la situaci¨®n procesal de Gri?an, Chaves y dem¨¢s aforados, pero ¡°medi¨¢ticamente es un pelotazo¡±. ¡°Si la juez tiene indicios de la comisi¨®n de delitos por aforados, lo que tiene que hacer es elevar una exposici¨®n razonada de ello al tribunal superior competente y no investigar un segundo m¨¢s sobre los mismos¡±.
Carlos Ruiz Aguilar, abogado del ex presidente de Cajamadrid, Miguel Blesa, coincide en que lo que tiene que hacer la juez es ¡°exponer razonadamente los indicios que posee¡±. Y opina que no vale personarse en la causa voluntariamente siendo aforado. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que ha ido asumiendo las tesis de Alaya a lo largo de la instrucci¨®n, est¨¢ estudiando el auto para decidir si recurre.
El art¨ªculo que esgrime Alaya
T?TULO V
Del derecho de defensa y de la asistencia jur¨ªdica gratuita en los juicios criminales
Art¨ªculo 118
Toda persona a quien se impute un acto punible podr¨¢ ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento cualquiera que ¨¦ste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detenci¨®n o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruir¨¢ de este derecho.
La admisi¨®n de denuncia o querella y cualquier actuaci¨®n procesal de la que resulte la imputaci¨®n de un delito contra persona o personas determinadas, ser¨¢ puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados.
Para ejercitar el derecho concedido en el p¨¢rrafo primero, las personas interesadas deber¨¢n ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, design¨¢ndoseles de oficio o cuando no los hubiesen nombrado por s¨ª mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo.
Si no hubiesen designado Procurador o Letrado, se les requerir¨¢ para que lo verifiquen o se les nombre de oficio, si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aqu¨¦llos o haya de intentar alg¨²n recurso que hiciese indispensable su actuaci¨®n.
Art¨ªculo 118 redactado por Ley 53/1978, 4 diciembre (?B.O.E.? 8 diciembre), por la que se modifican determinados art¨ªculos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se deroga el art¨ªculo 316 de la misma.
Art¨ªculo 118 bis
Del mismo modo que en el art¨ªculo anterior se proceder¨¢ cuando se impute un acto punible contra un Diputado o Senador, los cuales podr¨¢n ejercitar su derecho de defensa en los t¨¦rminos previstos en el art¨ªculo anterior, y todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art¨ªculo 71.2 y 3 de la Constituci¨®n espa?ola.
Art¨ªculo 118 bis introducido por el art¨ªculo ¨²nico de la L.O. 7/2002, de 5 de julio, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (?B.O.E.? 6 julio). Vigencia: 26 julio 2002
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