Alaya inaugura una nueva v¨ªa judicial: la autoimputaci¨®n

La juez Alaya ha emitido su esperado auto sobre los principales exresponsables de la Junta de Andaluc¨ªa, incluidos sus dos expresidentes. Pero su escrito, lejos de aportar luz, envuelve en la niebla su finalidad. Si es astucia o error lo que opaca su escrito no tardar¨¢ en descubrirse. Pero el caos es ya evidente. Los legos creer¨¢n que ya ha pedido que comparezcan ante ella los aforados, algo inviable por ilegal, o que ha trasladado la causa al Supremo, algo que todav¨ªa se reserva.

Alaya busca, parece, la autoconfesi¨®n o la autoimputaci¨®n por una v¨ªa curiosa. Merece la pena seguir su secuencia para tal prop¨®sito. ¡°El juzgado ha ordenado una serie de declaraciones, que abarcar¨ªan la gesti¨®n presupuestaria y de la ejecuci¨®n del presupuesto, entrando de lleno en la vertiente pol¨ªtica de los hechos¡±. Redoble de tambores, Alaya descubre que la causa ha entrado en su fase pol¨ªtica. Y lo sabe al d¨ªa siguiente de que Susana D¨ªaz forme gobierno.

Esto da paso a su ofensiva final. ¡°Resulta conveniente de manera muy somera y con el horizonte de la investigaci¨®n anteriormente dibujado, abordar la cuesti¨®n del aforamiento de determinadas personas designadas en el procedimiento y presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan, respecto de los que determinadas actuaciones procesales contendr¨ªan cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n entre otros¡±. Inapelable Alaya. Nuevo redoble de tambores. Ha llegado la hora de ir a por aquellos aforados sobre los cuales existe ¡°cierta carga incriminatoria¡±. La jurisprudencia, por cierto, no exige que se pese la carga de la prueba. No hace falta que sea mucha ni poca. Basta que existan indicios. Sin adjetivos.

¡°Esta proveyente no puede realizar respecto a los aforados un juicio formal de imputaci¨®n o inculpaci¨®n y que obligar¨ªa a la sujeci¨®n de los mismos al presente procedimiento¡±. Nuevo redoble de tambores. Alaya recuerda en un auto para gloria de los estudiantes de Derecho que lo que no puede hacer un juez no lo puede hacer, y adem¨¢s es imposible. Y a rengl¨®n seguido explica lo que s¨ª puede hacer. Y ah¨ª siembra la divisi¨®n entre el p¨²blico, por decirlo de modo suave.¡°No obstante, esta instructora s¨ª puede y debe hacer dos cosas: la primera, darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean a tenor del art¨ªculo 118 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, con una resoluci¨®n como la presente, asimilable a la de admisi¨®n a tr¨¢mite de denuncia o querella, que no constituye como se?ala la jurisprudencia de la sala segunda del Tribunal Supremo, un acto de imputaci¨®n judicial, pero permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle conforme al art¨ªculo 118 de la ley¡±. Los juristas estiman que no conocen tal v¨ªa para personarse en la causa los aforados. ?C¨®mo lo hacen? ?Como perjudicados, como denunciantes, como v¨ªctimas? Hay una cualidad que solo ella podr¨ªa darles para personarse y defenderse a placer: la de imputados. Pero Alaya no les imputa. No puede. Pero si no les imputa, ?de qu¨¦ se defienden, por qu¨¦ habr¨ªan de defenderse? T¨² ya sabes de qu¨¦ te quiero acusar, aunque no te lo diga por escrito, pers¨®nate y confiesa. A Alaya a estas alturas le deber¨ªan sobrar indicios, y eso quiere hacer ver en su auto, para emular sistemas de otras ¨¦pocas. No te digo qui¨¦n te acusa, ni las pruebas que tengo, pero confiesa que serviste a Sat¨¢n.

Luego Alaya entronca con la posibilidad que s¨ª le da ley. ¡°La segunda actuaci¨®n que debe realizar esta instructora tras agotar las diligencias de investigaci¨®n que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, es remitir testimonio de la causa al tribunal superior de la misma mediante exposici¨®n razonada, en la que habr¨ªa que individualizar la conducta delictiva concreta de los aforados¡±. No es la segunda opci¨®n, opinan los juristas, es la ¨²nica que tiene. Pero, sorpresa, redoble de tambores, Alaya aplaza tal v¨ªa. Y lo dice. ¡°No es desde luego esto ¨²ltimo lo que nos ocupa ahora, sino dar cumplimiento al art¨ªculo 118, procedimiento que en la pr¨¢ctica ha determinado que ciertos aforados con conocimiento medi¨¢tico de las causas se personaran en las mismas solicitando incluso su declaraci¨®n voluntaria ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin esperar al suplicatorio de dicho tribunal ante las c¨¢maras¡±. Acab¨¢ramos, Alaya no quiere elevar a¨²n la pieza sobre Gri?¨¢n o Chaves al Supremo. Quiere que Gri?an o Chaves se autoeleven ellos solos al Supremo o a un tribunal superior y griten al primer ujier que se encuentren: ¡°quiero declarar voluntariamente¡±.

¡ª ?Sobre qu¨¦ causa?, replica el ujier.

¡ªLa de los ERE, clama Gri?¨¢n.

¡ªPues a¨²n no ha llegado.

¡ªPues la esperamos aqu¨ª, razona Chaves.

¡ªAqu¨ª no pueden estar si no tienen causa, explica el ujier.

Los juristas respaldan al ujier. Si Alaya tiene el menor indicio penal sobre cualquier aforado, debe elevarlo ya al Supremo o al tribunal superior competente. Si no lo hace, ser¨¢ porque no lo tiene. Porque lo contrario entrar¨ªa en la prevaricaci¨®n. Un error as¨ª podr¨ªa trastocar el final del castillo de naipes que con osad¨ªa y tes¨®n ha construido durante a?os. Gri?¨¢n o Chaves podr¨ªan pedir declarar voluntariamente. Pero ayudar¨ªa mucho que tuvieran d¨®nde hacerlo, una causa y un tribunal. Ni Blanco pudo declarar ante el Supremo hasta que la causa lleg¨® all¨ª, ni lo pudo hacer Barrionuevo. Lo contrario es dejar que carguen con una rara experiencia judicial los aforados: que reclamen a voces que alguien les impute por caridad o pagando. Pero ese coste pol¨ªtico est¨¢ en el salario del juez instructor.