La Xunta apaga la luz del Parlamento

En plena tramitaci¨®n de la Ley de Transparencia, para que cualquier ciudadano acceda a datos y documentos oficiales, los diputados gallegos se topan con el oscurantismo de la Xunta, que no les facilita los papeles que necesitan para realizar su labor constitucional de control del gobierno. Pese a que el Reglamento del Parlamento los faculta para solicitar documentos oficiales a cualquier Administraci¨®n p¨²blica, el Gobierno gallego tiene sin responder unas 170 de las 300 peticiones que han formulado en lo que va de legislatura. Y la presidenta de la C¨¢mara, la popular Pilar Rojo, tampoco aplica sanciones o arbitra procedimientos alternativos para defender a sus compa?eros ampar¨¢ndose en que no se establecen en el Reglamento, norma cuya inoperancia deja as¨ª en evidencia.

Diputados de los tres grupos de la oposici¨®n han pedido, por ejemplo, contratos p¨²blicos que arrojar¨ªan luz sobre las posibles implicaciones administrativas de la amistad en los a?os noventa del presidente Alberto N¨²?ez Feij¨®o con el entonces contrabandista Marcial Dorado. Pero hasta el momento el Gobierno gallego ni les ha entregado copia de los documentos, ni ha facilitado el acceso a los archivos auton¨®micos, ni ha justificado su negativa. Escondidos en San Caetano permanecen tambi¨¦n papeles que los diputados consideran relevantes para aclarar la tramitaci¨®n de la mina de oro de Corcoesto, el arbitraje de las participaciones preferentes, los contratos de la Xunta con empresas vinculadas a la trama G¨¹rtel o informes auton¨®micos sobre los acuerdos de los astilleros gallegos con Pemex.

Lo que dice el art¨ªculo 9 del Reglamento del Parlamento de Galicia es que ¡°para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, luego de conocimiento del respectivo grupo parlamentario, tendr¨¢n la facultad de solicitar de las Administraciones p¨²blicas los datos, informes o documentos que consten en poder de estas¡±. Su solicitud la tramitar¨¢ la Presidencia del Parlamento y la Administraci¨®n en cuesti¨®n tiene 30 d¨ªas para entregar la documentaci¨®n o argumentar ¡°las razones fundadas en derecho que lo impidan¡±. Los tres grupos de la oposici¨®n han formulado en los diez meses de esta novena legislatura unas 320 peticiones de documentos ampar¨¢ndose en el art¨ªculo 9. De ellas, unas 20 est¨¢n a¨²n dentro del plazo que tiene la Xunta para responder, pero de las 300 restantes se ha atendido menos de la mitad, unas 120, rebasando las dem¨¢s el plazo de 30 d¨ªas sin que el Gobierno, en la gran mayor¨ªa de los casos, argumentase siquiera su negativa.

La oposici¨®n critica que solo se les facilitan los documentos m¨¢s intrascendentes, muchos de los cuales son de libre acceso para cualquier ciudadano, como expedientes expuestos al p¨²blico o pliegos de obras. Desde Alternativa Galega de Esquerda (AGE) se lamenta que incluso entre las peticiones que obtienen respuesta ¡°casi ninguna viene al caso; es decir, responden, pero no a la petici¨®n formulada¡±. Tambi¨¦n la viceportavoz del BNG, Ana Pont¨®n, critica que con su comportamiento el Gobierno impide el necesario control de sus actuaciones por el Parlamento, cuyos diputados deben perder tiempo en buscar la informaci¨®n que necesitan por otros cauces m¨¢s complejos. Desde la Presidencia del Parlamento se argumenta que todas las peticiones se trasladan con celeridad al Gobierno y que cuando no se recibe respuesta en el plazo de 30 d¨ªas se vuelve a reiterar la solicitud. Pero ah¨ª termina su actuaci¨®n, en la reiteraci¨®n cada mes de las peticiones no atendidas ya que, argumenta la Presidencia de la C¨¢mara, el Reglamento no contempla nada m¨¢s para los casos en los que la Xunta no contesta.

Un ejemplo de la actitud pasiva de Pilar Rojo se produjo ante la petici¨®n reiterada por parte del PSOE de los contratos del Sergas en la ¨¦poca de la amistad Feij¨®o-Dorado. El portavoz socialista, Abel Losada, acab¨® enviando el 7 de junio una carta a la presidenta pidiendo oficialmente su amparo por el hecho de que la Xunta contestase a su petici¨®n de documentaci¨®n a trav¨¦s del art¨ªculo 9 con una comparecencia oral de un alto cargo del Gobierno. ¡°Resulta evidente que ninguna comparecencia puede constituir una respuesta v¨¢lida a una solicitud concreta de traslado de documentaci¨®n¡±, argumentaba Losada.

Pero la respuesta de Rojo, que tard¨® dos semanas, se limit¨® a se?alar que la Presidencia ¡°act¨²a como un ¨®rgano de comunicaci¨®n para la tramitaci¨®n¡± y que su actividad es ¡°instrumental y reglada¡±. Rojo recuerda al diputado ¡°que no vea satisfecha su pretensi¨®n¡± que puede ¡°pedir la reiteraci¨®n de la solicitud de informaci¨®n¡±. Y asegura a Losada que ¡°dar¨¢ traslado de su escrito a la Xunta para su conocimiento, con la expresa indicaci¨®n de que una comparecencia parlamentaria no es el canal adecuado para satisfacer una petici¨®n de documentaci¨®n¡±. Esto es, Rojo traslad¨® al Gobierno la protesta de Losada, pero no la asumi¨® como propia, como le reclamaba este. Desde el Gobierno gallego, el responsable de atender las peticiones que le realice la C¨¢mara es el director general de Relaci¨®ns Parlamentarias, Gonzalo Ord¨®?ez. La Vicepresidencia, el departamento del que depende, sigui¨® la pasada semana la costumbre de Ord¨®?ez de no argumentar sus negativas a los diputados y tampoco pudo dar una explicaci¨®n a los retrasos y negativas del Gobierno a responder al Parlamento.

Uno de los argumentos que suelen emplear fuentes tanto del PP como del Ejecutivo para justificar la no entrega de papeles reclamados por los diputados es que no son de la Xunta sino de terceros y que por lo tanto no obran en su poder o no puede divulgar. Aunque esto sea as¨ª en algunos casos, la Xunta no se molesta ni en argument¨¢rselo a los diputados. Pero en muchas otras ocasiones los documentos denegados son expedientes elaborados por completo por la Administraci¨®n. As¨ª, est¨¢n sin atender desde el principio de la legislatura peticiones como el ¡°Plan de inspecci¨®n de servicios sociales 2013¡±, ¡°informes de todas las conseller¨ªa implicadas¡± en la mina de Corcoesto, ¡°subvenciones a trav¨¦s del Igape¡± o ¡°informes¡± de funcionamiento interno de la Administraci¨®n tratados por el Gobierno en los consejos semanales de la Xunta.