?D¨®nde ponemos el l¨ªmite de la transparencia?

La presidenta de la Junta de Andaluc¨ªa, Susana D¨ªaz, hizo p¨²blica el pasado mi¨¦rcoles su declaraci¨®n de la renta y tambi¨¦n la de su marido, Jos¨¦ Mar¨ªa Moriche, con el que tiene un r¨¦gimen de separaci¨®n de bienes y, adem¨¢s, es una persona que no tiene nada que ver con la pol¨ªtica: trabaja en una librer¨ªa. La iniciativa responde al ¡°sobreesfuerzo¡± en transparencia que los pol¨ªticos deben hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos, seg¨²n D¨ªaz, quien ha reclamado al PP que haga lo mismo.

Hasta ahora, el debate sobre la transparencia en las cuentas de los pol¨ªticos se centraba en el conocimiento p¨²blico de sus declaraciones de renta, sus bienes y su patrimonio. Pero la presidenta de la Junta ha puesto en el escaparate tambi¨¦n a las parejas. Un nuevo escenario en el que ha tenido mucho que ver el esc¨¢ndalo de la ministra del PP Ana Mato y el supuesto enriquecimiento de su exmarido a trav¨¦s de la trama G¨¹rtel. D¨ªaz dijo en el Parlamento andaluz que entregaba la declaraci¨®n de su esposo para que ¡°se puedan detectar los Jaguar en los garajes¡±, en clara referencia a la ministra, que dijo desconocer que a su marido le hab¨ªan regalado ese coche de lujo.

¡°La iniciativa de la presidenta es buena desde el punto de vista pedag¨®gico, pero debe ser a t¨ªtulo voluntario, la sociedad no puede exigir que cualquier persona que se dedique a la pol¨ªtica tenga que presentar las cuentas de su pareja, c¨®nyuge, padres u otros familiares. Porque ?d¨®nde ponemos el l¨ªmite?¡±, se pregunta Juan Montabes, catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica y de la Administraci¨®n por la Universidad de Granada. Montabes cree que ¡°pueden verse afectados derechos de terceras personas, como el de la intimidad. De personas que no tienen una actividad p¨²blica¡±, estima. Parecido opina Emilio Guichot, profesor de Derecho Administrativo y Derecho de la Informaci¨®n en la Universidad de Sevilla: "me parece cuestionable que se pueda exigir legalmente la publicidad de las retribuciones, bienes y actividades de los familiares¡± porque ¡°aqu¨ª hay una prevalencia del derecho a la protecci¨®n de datos personales¡±. Para la polit¨®loga y directora del Cadpea (Centro de An¨¢lisis y Documentaci¨®n Pol¨ªtica y Electoral de Andaluc¨ªa), Carmen Ortega, el l¨ªmite exigible en la presentaci¨®n de cuentas podr¨ªa estar en lo que constituye ¡°la unidad familiar en el IRPF¡±, es decir, el pol¨ªtico y quien conviva o dependa de ¨¦l, porque extender la exigencia a otros familiares ¡°nos podr¨ªa llevar al absurdo¡±.

No obstante, la decana de la Facultad de Ciencias Pol¨ªticas y Sociolog¨ªa de Granada, Susana Corzo, advierte de que ¡°no debe confundirse la transparencia en la toma de decisi¨®n y en la gesti¨®n y administraci¨®n de los fondos p¨²blicos con la posible p¨¦rdida de intimidad de una unidad familiar donde hay un miembro que opta por dedicarse a la pol¨ªtica¡±. ¡°Hay que cuidar todos los derechos de los ciudadanos, y los pol¨ªticos tambi¨¦n lo son¡±, contin¨²a. En su opini¨®n, el foco en la transparencia de los pol¨ªticos no hay que ponerlo en su remuneraci¨®n o patrimonio porque ¡°el que desee abusar del poder en su beneficio o de un colectivo, lo har¨¢ de mil formas para que no aparezca en su renta personal¡±, afirma. Cuesti¨®n distinta es que haya ¡°indicios o sospechas¡± sobre un pol¨ªtico, en cuyo caso ¡°el juez puede acceder a toda la informaci¨®n necesaria para la averiguaci¨®n de los delitos¡±, dice Emilio Guichot.

Susana Corzo cree que la difusi¨®n de la renta de un pol¨ªtico ¡°no necesariamente conlleva transparencia, sino conocimiento de lo que un pol¨ªtico ingresa o no por su representaci¨®n, y su patrimonio. Lo primero deber¨ªa estar publicado en las web de cada instituci¨®n en donde se preste el servicio¡± y, lo segundo, el patrimonio, ¡°si ve incrementado de forma sorprendente, deber¨ªa ser el Ministerio de Hacienda el que lo detectase de manera inmediata¡±, explica. Corzo considera que el punto de mira hay que situarlo en ¡°c¨®mo se gestionan los recursos p¨²blicos, qu¨¦ decisiones se toman y a qui¨¦n benefician. Es ah¨ª donde debe centrarse la transparencia¡± porque ¡°de los beneficios que se obtienen al administrar recursos p¨²blicos es de donde devienen prebendas, d¨¢divas, puestos en consejos de administraci¨®n despu¨¦s de dejar la pol¨ªtica, financiaci¨®n de partidos, subvenciones, o sea, la corrupci¨®n¡±.

Los expertos destacan la necesidad de que haya mecanismos de control de la actividad pol¨ªtica como leyes de transparencia o anticorrupci¨®n ¡°donde se tipifiquen delitos y sus consecuencias penales¡±, afirma Corzo, pero, en cualquier caso, las leyes, ¡°aunque hay que hacerlas, no son la soluci¨®n¡±, dice Juan Montabes, ¡°sino el cambio de la cultura pol¨ªtica, que en Espa?a deber¨ªa haberse producido a principios de los a?os 90, cuando hubo tantos esc¨¢ndalos como ahora, pero la din¨¢mica de PP y PSOE, que hicieron de front¨®n, no permiti¨® que ese cambio se produjera y ahora la situaci¨®n es similar¡±.

Para Montabes, el nuevo estallido de casos de corrupci¨®n de los ¨²ltimos a?os ¡°ha hecho que el p¨¦ndulo de la exigencia social est¨¦ en el punto m¨¢s alto y que se centre tambi¨¦n en el ¨¢mbito personal, no solo profesional. Se le exigen valores a los pol¨ªticos que no se exigen al resto de la sociedad, a m¨¦dicos, arquitectos... Lo que lleva a establecer controles reforzados que ninguna otra actividad profesional requiere¡±.