El PSOE pide explicaciones por la prescripci¨®n de delitos en Mercasevilla

El PSOE andaluz considera "extraordinariamente grave" que hayan prescrito dos de los delitos que se imputan a dos hermanos de la ministra F¨¢tima B¨¢?ez y otros cinco empresarios en el caso Mercasevilla y ha pedido que se expliquen "correctamente y claramente" las razones que han llevado a que eso ocurra.

El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, Francisco ?lvarez de la Chica, ha se?alado a los periodistas que de confirmarse esos hechos los ciudadanos tienen derecho a saber por qu¨¦ pasan las cosas y ha recordado que "cuentas tiene que rendir todo el mundo, las Administraciones p¨²blicas y tambi¨¦n la justicia".

Ha a?adido que se tratar¨ªa de un hecho "doblemente grave" por una actuaci¨®n "presuntamente inadecuada" de la justicia, ya que no solo porque quien presuntamente ha cometido el delito "no va a pagar por ¨¦l", sino tambi¨¦n porque "quien debe proteger el inter¨¦s general de los ciudadanos, que es la justicia, lo ha hecho de manera presuntamente inadecuada".

"Si adem¨¢s concurren circunstancias como las que hemos conocido de relaciones de algunas personas, muchos ciudadanos se preguntan con raz¨®n si esto tambi¨¦n es una casualidad", ha a?adido. Ha apuntado que cualquier delito que prescribe en democracia y cualquier persona que "presuntamente ha delinquido" y no cae sobre ella "el peso de la justicia" es una mala noticia "para la democracia y para el Estado de Derecho".

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso, ha reconocido que est¨¢n prescritos los delitos de maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales, pero no el de prevaricaci¨®n. La juez atiende al razonamiento que le hizo la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que consider¨® que el plazo de prescripci¨®n para esos delitos es de cinco a?os y en este caso se ha superado pues el contrato para la venta de los terrenos entre Mercasevilla y la empresa Sanma fue firmado en febrero de 2006 y la causa no se dirigi¨® "de manera directa y concreta" contra los empresarios hasta el auto del pasado 7 de junio de 2013.