Anticorrupci¨®n censura la instrucci¨®n de la juez Alaya en el caso de los ERE
La fiscal¨ªa critica las dilaciones, las pruebas sin practicar y que se le oculten datos
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha lanzado este martes duros reproches a la magistrada Mercedes Alaya por la instrucci¨®n que realiza en el caso de los ERE fraudulentos financiados por la Junta de Andaluc¨ªa. Las cr¨ªticas a las formas y tiempos de la juez han llegado un d¨ªa despu¨¦s de que se conociera que dos de los delitos que se le imputan a seis empresarios ¡ªentre ellos, dos hermanos de la ministra de Empleo F¨¢tima B¨¢?ez¡ª han prescrito durante la instrucci¨®n que est¨¢ realizando Alaya en el caso Mercasevilla, otra de las causas que tiene abiertas.
La fiscal¨ªa ya ha advertido en varias ocasiones del riesgo de prescripci¨®n por los retrasos en la investigaci¨®n judicial. Lo ha hecho en el caso de los ERE y en el que afecta a Mercasevilla.
Anticorrupci¨®n no habla ahora del riesgo de que salgan impunes algunos de los implicados. Pero s¨ª se queja de una ¡°extra?a¡± dilaci¨®n en la actuaci¨®n de la juez. Tambi¨¦n, de que se le est¨¦ ocultando informaci¨®n y de que no se hayan practicado diligencia ¡°acordadas¡± sobre el seguimiento de los expedientes fraudulentos. Lo hace en un escrito, fechado este martes, en el que se pronuncia sobre la decisi¨®n de Alaya de no acordar medidas cautelares contra Mar¨ªa Jos¨¦ Rofa Vega, exasesora de la Consejer¨ªa de Empleo, a la que se le hab¨ªan imputado malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y omisi¨®n del deber de perseguir delitos.
La juez dio unos argumentos para no imponer medidas a Rofa que la fiscal¨ªa impugna en un escrito inusualmente duro y en el que deja entrever que Alaya minti¨®. Los argumentos de la magistrada, dice Anticorrupci¨®n, ¡°pueden y deben ser rotundamente rechazados por no ajustarse a la realidad¡±.
Rofa, supuestamente, hab¨ªa colaborado con los agentes de la Guardia Civil al aportar documentaci¨®n sobre este caso y explicar la forma en la que se funcionaba en la Consejer¨ªa de Empleo, donde se centra el origen del fraude.
A declarar tres a?os y medio despu¨¦s
La juez Mercedes Alaya ha citado a declarar los pr¨®ximos d¨ªas 26 y 27 de noviembre a los tres imputados por un presunto delito societario cometido en la gesti¨®n de Mercasevilla. Estos tres exdirectivos de la sociedad llevan imputados en la causa desde el 13 de mayo de 2010 sin que hayan comparecido a¨²n ante la magistrada. Cuando lo hagan en noviembre, habr¨¢n transcurrido tres a?os y medio.
Inicialmente, Alaya hab¨ªa citado a declarar a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce los d¨ªas 3 y 4 de octubre, respectivamente, mientras que a la exdirectora del ¨¢rea econ¨®mica y de contabilidad de esta sociedad mixta Pilar Giraldo la hab¨ªa citado para el 8 de octubre. Pero la juez rectifica ahora su decisi¨®n y retrasa las declaraciones, ¡°habida cuenta que a¨²n no ha sido aportado¡± el informe pericial econ¨®mico encargado a la Agencia Tributaria.
La fiscal¨ªa elev¨® un escrito a la juez el 19 de diciembre de 2012 en el que solicitaba que, ¡°a la mayor brevedad que fuera posible¡±, se fijara un calendario de declaraciones.
El fiscal superior de Andaluc¨ªa, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, ha sostenido este martes que las instrucciones judiciales penales deber¨ªan tener ¡°plazos tasados¡± de manera legal para evitar que se eternicen y puedan dar lugar a que los delitos prescriban. Garc¨ªa Calder¨®n no ha querido valorar lo ocurrido con Mercasevilla, pero ha afirmado que la instrucci¨®n de los casos ¡°no puede resultar indefinida¡±.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ¡ªque recurre contra la decisi¨®n de Alaya de no aplicar medidas cautelares a Rofa y pide una fianza civil de 205 millones para ella¡ª se queja de la falta de informaci¨®n sobre el papel real que ha jugado esta imputada. Para no aplicarle medidas cautelares Alaya alude a ¡°la contribuci¨®n¡± que ha hecho la implicada ¡°para el esclarecimiento de los hechos¡±. Pero los fiscales discrepan: ¡°Dif¨ªcilmente puede hablarse de tal contribuci¨®n cuando la imputada se acogi¨® a su derecho a no declarar, neg¨¢ndose pues a contestar a pregunta alguna y limit¨¢ndose a ratificar la declaraci¨®n prestada ante la Guardia Civil¡±.
El ministerio p¨²blico considera en su recurso que ¡°¨²nicamente consta que en su declaraci¨®n ante la Guardia Civil entreg¨® de manera voluntaria diversa documentaci¨®n¡±. Pero ¡°tan solo una m¨ªnima parte de la misma fue incorporada al atestado elaborado por la Guardia Civil¡±. ¡°La relevancia de tal documentaci¨®n pr¨¢cticamente se desconoce¡±, a?ade la fiscal¨ªa especial.
Los fiscales recuerdan que han pedido a la magistrada que ¡°ordenase a la Guardia Civil¡± que le remitiera ¡°todo lo entregado por la se?ora Rofa¡±. ¡°A d¨ªa de hoy no contamos con pronunciamiento judicial al respecto¡±, se queja el ministerio p¨²blico, que tambi¨¦n muestra su disconformidad con que Alaya valore la contribuci¨®n de la imputada a la investigaci¨®n con unos ¡°papeles¡± que no est¨¢n incluidos en las actuaciones.
Los fiscales tambi¨¦n muestran su disconformidad con los tiempos de la juez. Rofa compareci¨® ante Alaya el 6 de julio de 2012. ¡°Inexplicablemente han pasado m¨¢s de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisi¨®n¡±, afirman los fiscales. ¡°Resulta extra?a tal dilaci¨®n pues ninguna causa se nos aparece en el devenir de las actuaciones que justifique tal tardanza¡±.
Los fiscales recuerdan que tras las declaraciones como imputados de dos exdirectores generales de empleo y un exviceconsejero que se celebraron aquel mismo julio de 2012, la juez no tard¨® ni un mes en dictar las medidas cautelares. El ministerio p¨²blico recuerda tambi¨¦n que la ¡°tardanza¡± se le ha ¡°hecho ver¡± a la magistrada a trav¨¦s de dos escritos de abril y junio de 2013.
Tambi¨¦n se lamentan los fiscales especiales de que no han podido sopesar la implicaci¨®n en la trama de otros imputados por la falta de la informaci¨®n necesaria. Y Anticorrupci¨®n lo achaca a que existen ¡°diligencias de instrucci¨®n acordadas y no practicadas¡±. El ministerio p¨²blico cita, por ejemplo, ¡°la pericia encomendada a la Intervenci¨®n General del Estado¡±, ¡°la documentaci¨®n recientemente solicitada a la C¨¢mara de Cuentas de Andaluc¨ªa¡± o ¡°los ya consabidos informes de seguimiento de la UCO de la Guardia Civil con respecto a expedientes concretos de pagos¡±.
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