La fiscal¨ªa dice basta
Anticorrupci¨®n censura la instrucci¨®n de la juez Alaya por sus formas y prioridades La disparidad de criterio aumenta mientras el peligro de la prescripci¨®n de delitos late de fondo
Es una espiral silenciosa, pero imparable. Silenciosa porque se refleja por escrito, pero ascendente y sin freno a la vista. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n critica cada vez de manera m¨¢s clara la investigaci¨®n de la juez Mercedes Alaya en el caso ERE. Sus escritos son m¨¢s heterodoxos a medida que la instrucci¨®n avanza, dada la pulcritud que impera en la prosa jur¨ªdica. Esta semana las cr¨ªticas se han agudizado en un escrito donde los fiscales repiten la sucesi¨®n de peticiones ignoradas con un fondo de severa discrepancia.
?Qu¨¦ significan estas cr¨ªticas? No siempre el fiscal y el instructor van de la mano, pero las diferencias entre los ¨®rganos investigadores en este caso con 116 imputados se acent¨²an cada vez m¨¢s. Esta disensi¨®n pone de manifiesto la complejidad de una investigaci¨®n con frentes muy numerosos, pero sobre todo la controvertida manera que imprime Alaya a sus casos. Su protagonismo es total y entre sus fieles colaboradores no se encuentra la fiscal¨ªa, a la que desde?a una vez tras otra.
El cruce de escritos entre la juez y Anticorrupci¨®n siempre ha sido tenso y pre?ado de cierta retranca, pero ahora el tono de reproches ha subido. Este antagonismo pone de manifiesto diferentes visiones para priorizar tantas derivadas de investigaci¨®n. Las defensas han criticado desde el principio la instrucci¨®n y las maneras de la instructora por manejar a su antojo los tiempos y retrasar la entrega de informaci¨®n sensible. Eso s¨ª, siempre sotto voce.
Y los ejemplos de retrasos clamorosos al entregar informaci¨®n fechada tiempo atr¨¢s son diversos en la instrucci¨®n, pero las quejas han venido desde la fiscal¨ªa, y los abogados se han quejado de manera muy tibia, salvo excepciones. "Es evidente que la juez oculta informaci¨®n a las partes", revela una de las acusaciones del caso. Otro letrado matiza: "Ella sigue en su l¨ªnea pero la fiscal¨ªa le est¨¢ pegando muy fuerte por los retrasos".
Dos fuertes caracteres frente a frente
Ir¨¢ al juzgado y declarar¨¢. Pocas veces se ver¨¢ un duelo de personalidades tan fuertes frente a frente en el caso ERE. Este martes la exministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena ?lvarez, comparece como imputada frente a la juez Mercedes Alaya. Ambas mujeres son conocidas por sus m¨¦ritos profesionales y dilatadas carreras, pero tambi¨¦n por su fuerte car¨¢cter. El interrogatorio estar¨¢ previsiblemente pre?ado de preguntas incisivas (como la juez acostumbra) y respuestas punzantes (como es habitual en la exministra). En definitiva, un di¨¢logo (o discusi¨®n) plagado de picos tensos.
La mayor¨ªa de los 20 altos cargos y funcionarios de la Junta imputados el pasado junio han avanzado que se acoger¨¢n a su derecho a no declarar para evitar que su testimonio perjudique su defensa. Hasta ahora solo el ex interventor general del Gobierno aut¨®nomo Manuel G¨®mez se ha sometido al interrogatorio de la magistrada, mientras que los ex directores generales de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera y el exviceconsejero de Econom¨ªa y Hacienda Jos¨¦ Salgueiro se han negado a declarar por diferentes razones.
Sin embargo, Magdalena ?lvarez, consejera de Hacienda entre 1994 y 2004 ha decidido ofrecer su versi¨®n de los hechos que se le imputan y responder a las preguntas de Alaya. ¡°Como siempre, intentaremos responder y colaborar con la justicia (¡) Aclararemos esta historia porque tiene su explicaci¨®n¡±, resume su letrado, Horacio Oliva.
La estrategia defensiva de ?lvarez pasa por intentar que la declaraci¨®n transcurra con la mayor normalidad posible, siempre que sus derechos sean respetados y, sobre todo, el acta refleje exactamente lo declarado por la imputada, uno de los puntos de fricci¨®n en las declaraciones anteriores. Oliva avanza que ?lvarez declarar¨¢ a las respuestas de la juez, la fiscal¨ªa y la Junta, aunque est¨¢ por ver si tambi¨¦n responder¨¢ a las acusaciones, entre las que figuran el PP y la organizaci¨®n Manos Limpias.
La juez acusa a la exministra de ser la persona ¡°que dict¨® las normas en las que se recog¨ªa el concepto presupuestario de las transferencias de financiaci¨®n¡± mediante una orden dictada en 2003. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha avalado la imputaci¨®n de la extitular de Hacienda.
Desde que la juez se incorpor¨® el pasado marzo tras su baja por enfermedad, las cr¨ªticas se han multiplicado. Y si los letrados han combatido de manera m¨¢s cruda la investigaci¨®n de la magistrada con calificativos como "corruptela procesal" y acusaciones por desear la "muerte civil" de los acusados, la fiscal¨ªa ha pisado el acelerador con un tono que destila hast¨ªo ante los continuos desprecios de la juez, que demuestra una confianza nula en los dos fiscales del caso.
Alaya retrasa la entrega de informaci¨®n procedente de la Guardia Civil o escritos aportados por algunos implicados que podr¨ªan ayudar a desentra?ar claves ocultas. Y los fiscales solo pueden recordar, escrito tras escrito, estos desdenes que por sistema ignoran sus peticiones.
"Inexplicablemente han pasado m¨¢s de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisi¨®n (...) Resulta extra?a tal dilaci¨®n". Es un ejemplo de esta semana de la ¨²ltima cr¨ªtica de los fiscales al retraso que arrastra Alaya: la juez no ha decidido hasta ahora sobre la fianza real para la t¨¦cnica Mar¨ªa Jos¨¦ Rofa, que declar¨® como imputada en el verano de 2012 y hasta ahora no ha resuelto fianza. Adem¨¢s, la instructora ha valorado su "colaboraci¨®n" con la justicia, una ayuda que los fiscales califican de nula puesto que se neg¨® a declarar en el juzgado.
Las cr¨ªticas han ido en aumento, especialmente con una sucesi¨®n de escritos que este verano han pedido un "calendario razonable" para que los imputados acudan al juzgado. Si Anticorrupci¨®n ped¨ªa que no cayeran en el olvido las declaraciones de empresarios beneficiados por ayudas directas, la juez contempla algunas de ellas, pero ha primado las comparecencias sobre la financiaci¨®n de los ERE, incluida la de la exministra Magdalena ?lvarez el pr¨®ximo martes.
Y es que el riesgo de prescripciones de delitos, ocurrido ya en el caso Mercasevilla, es una sombra que muchas voces ven como un peligro real ante el aluvi¨®n incesante de nuevas imputaciones. "Es un peligro latente, sobre todo en ayudas directas de 2004 y 2005 concedidas a empresarios por la Junta", relata otra de las acusaciones del caso.
Fuentes del ministerio p¨²blico quitan hierro a la escalada de cr¨ªticas hacia Alaya. "No hay un antes y un despu¨¦s del auto de esta semana. Ni cambio de estrategia. Siempre hemos dicho lo mismo y nuestra tarea es impulsar el procedimiento". A continuaci¨®n, a?aden: "La labor de la fiscal¨ªa siempre es controlar a la instructora, y las decisiones se toman decisi¨®n a decisi¨®n", subrayan antes de recordar que los fiscales del caso han apoyado a Alaya en cientos de recursos presentados por las defensas y apenas han recurrido cinco autos de la magistrada. Un letrado veterano matiza: "La fiscal¨ªa estaba ya muy harta y se han puesto firmes. Y eso le ha dado alas al resto de partes".
Este proceso no es un caso cualquiera. La propia juez ha subrayado esta semana que si se grabaran las declaraciones de los imputados, propiciar¨ªa que aparecieran en los medios de comunicaci¨®n "como si se tratara de cualquier v¨ªdeo de sobremesa, contribuyendo a una morbosidad innecesaria (...)". Hay que "evitar las actuaciones teatrales o alegatos pol¨ªticos que pudieran pretenderse", matiza la instructora.
El agotamiento de los fiscales
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha elevado el tono de sus cr¨ªticas hacia Mercedes Alaya. Le achacan ignorar por sistema sus peticiones de diligencias y tomar decisiones arbitrarias y carentes de l¨®gica procesal. Los casos de imputados que llevan dos y tres a?os sin declarar aumentan, y los calendarios para testificar son muy espaciados en el tiempo y retrasan la causa. El protagonismo de Alaya acapara cada causa y pese a que las discrepancias con Anticorrupci¨®n son contadas, las diferencias han sido cada vez m¨¢s evidentes. Esta semana, los fiscales censuraron el retraso en fijar la fianza real de una t¨¦cnica de la Consejer¨ªa de Empleo imputada que declar¨® durante el verano de 2012. ¡°Inexplicablemente han pasado m¨¢s de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisi¨®n (...) Resulta extra?a tal dilaci¨®n¡±, subrayan.
Mientras que Alaya ha imputado a 20 altos cargos y funcionarios de la Junta y ha se?alado a siete cargos aforados por la financiaci¨®n de los ERE, la fiscal¨ªa ha recurrido solo el auto que apuntaba al segundo grupo de aforados que incluye los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. El motivo fue la nula motivaci¨®n para acusar a los cargos aforados. ¡¤Te podr¨¢ parecer m¨¢s o menos justificada, pero la motivaci¨®n para los 20 cargos, exist¨ªa¡¤, puntualizan fuentes de la fiscal¨ªa sobre el diferente criterio aplicado a los dos autos m¨¢s pol¨¦micos del caso este a?o.
El criterio sobre el ex director general de Trabajo Javier Guerrero es un ejemplo de la evoluci¨®n de la causa: si en el pasado Alaya destac¨® el desv¨ªo de fondos p¨²blicos "para su lucro personal" al demostrar una "absoluta falta de diligencia" y permitir "el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos andaluces", ahora la visi¨®n es otra. El ¨²ltimo auto de la juez le asemeja a un brazo ejecutor de un sistema "dise?ado por sus superiores y responsables de mayor escala, un sistema que responder¨ªa a una decisi¨®n pol¨ªtica".
En tres a?os, la fiscal¨ªa y la juez han discrepado en diversas ocasiones. Hace dos a?os y medio, la juez se impuso a la Junta en la pol¨¦mica de las actas de los Consejos de Gobierno. Pero antes la fiscal¨ªa se hab¨ªa opuesto a que la juez accediera a las actas. Y las cr¨ªticas desde la barrera pol¨ªtica arreciaron como en otras ocasiones. El entonces presidente del PP andaluz, Javier Arenas, acus¨® a la fiscal¨ªa de estar "al servicio del Ejecutivo aut¨®nomo" en vez de "al servicio de la investigaci¨®n, de la legalidad y la transparencia".
Hay voces que recuerdan lo mal que la juez encaj¨® el apoyo de la fisca¨ªa a la recusaci¨®n planteada contra ella en el caso Mercasevilla porque su marido audit¨® la empresa municipal poco antes del periodo que ella luego investig¨®. En cualquier juzgado se viven tensiones por los tiempos y prioridades necesarias para que la investigaci¨®n avance. El problema del caso ERE es que al ser su tama?o tan descomunal, priorizar una v¨ªa supone enterrar otras y arriesgarse a las prescripciones de los delitos. Y esto supone eximir de pena a ciertas personas.
Las causas de Alaya crecen en n¨²mero y tama?o
Los casos que investiga la juez Mercedes Alaya no dejan de aumentar. En n¨²mero y en grosor. Aunque desde hace un a?o se mantiene alejada de los asuntos diarios del juzgado y se han podido centrar en las grandes causas que instruye, estas investigaciones se han multiplicado: la ¨²ltima en incorporarse ha sido la pieza separada para indagar el uso supuestamente irregular de facturas por parte del sindicato UGT. Esta investigaci¨®n se suma al caso ERE; las dos piezas del caso Mercasevilla por delito societario y el concurso para la venta de suelos: el caso Madeja sobre las relaciones entre pol¨ªticos y dos constructoras; el caso Betis; y la pieza secreta cuyo contenido se desconoce de momento. En total, siete causas cuyas cifras de imputados van aumentando.
¡°Las normas de reparto son las normas de reparto. Son objetivas. Interpretables, pero es lo que hay¡±, asegura, tajante, el decano de los jueces sevillanos, Francisco Guerrero, sobre su decisi¨®n de conceder la instrucci¨®n de las facturas de UGT a Alaya porque exist¨ªan nexos entre las denuncias presentadas y el contenido de sus indagaciones sobre la financiaci¨®n de los sindicatos UGT y CC OO. El aumento de causas supone una tremenda multiplicaci¨®n de recursos para garantizar los derechos de los acusados. Un grupo de t¨¦cnicos y funcionarios muy numeroso ya ayuda a Alaya (incluido un magistrado de refuerzo). Pero parece inevitable que ser¨¢n necesarias m¨¢s manos en el Juzgado de Instrucci¨®n 6.
Los retrasos que ya acumula el juzgado suponen el peligro del desborde, pero el decanato asegura que los medios estar¨¢n disponibles para no llegar a situaciones cr¨ªticas. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han sumado a las cr¨ªticas sobre la acumulaci¨®n de causas y el rechazo de Alaya a contar con ayuda de otros jueces para preservar su autonom¨ªa y control sobre las investigaciones.
La juez sufri¨® fuertes cefaleas que la mantuvieron alejada del juzgado seis meses. En las comparecencias de acusados, la juez no ha dado muestras de que la enfermedad haya vuelto. Y sin embargo, todos los protagonistas del caso albergan un temor muy concreto: que la capacidad de trabajo de la magistrada encuentre un tope. Y como consecuencia, que los retrasos consiguientes afecten a los derechos de los acusados en las diferentes causas. M¨¢s a¨²n, que estas dilaciones en el tiempo provoquen las prescripciones de delitos que ya ha sufrido el caso Mercasevilla. Y es que los papeles de estas siete causas llevan un ritmo fren¨¦tico muy dif¨ªcil de seguir, incluso para las partes implicadas, supuestos conocedores de los miles de folios que acumulan.
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