Denunciada la sustracci¨®n de 600.000 euros en el ERE de la Faja Pir¨ªtica
Los sindicatos acusan a los intermediarios en el expediente como supuestos responsables
Los representantes de los sindicatos UGT y CC OO han denunciado la supuesta sustracci¨®n de 600.000 euros en el ERE de la Faja Pir¨ªtica (Huelva) tras un despido de unos 2.000 mineros. Los sindicalistas apuntan al consultor Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata de Uniter y al abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs, ambos imputados, como posibles responsables del fraude, seg¨²n se expone en la denuncia que investiga la juez Mercedes Alaya tras haber recalado en otros juzgados que se inhibieron en favor de la magistrada.
Los sindicalistas subrayan que a¨²n deben ser identificadas las personas o entidades que ¡°han cobrado un determinado n¨²mero de talones por importe inferior a los 600.000 euros que, inicialmente, parece habr¨ªan ido destinadas a trabajadores no prejubilados¡±, inform¨® El Mundo. La denuncia establece que Gonz¨¢lez Mata percibi¨® 5,6 millones y Leal 1,7 millones. Ambos est¨¢n acusados por Alaya de percibir sobrecomisiones que considera ilegales.
El acuerdo de subvencionar el ERE de la Faja Pir¨ªtica fue firmado por el Gobierno central, la Junta y los sindicatos. El a?o pasado los representantes de los trabajadores pidieron a Leal informaci¨®n sobre dicho ERE y, al estar incompleta, encargaron una auditor¨ªa a la consultora Deloitte para preparar una contabilidad de la Asociaci¨®n de Trabajadores. En paralelo, la Junta ha alertado a la juez de una posible ¡°apropiaci¨®n de fondos p¨²blicos¡± por parte de Gonz¨¢lez Mata a trav¨¦s del dinero del Fondo de Garant¨ªa Salarial (Fogasa) destinado a dicho ERE.
Adem¨¢s, Juan Ignacio Soriano, admite en un escrito dirigido al juzgado que percibi¨® 100.000 euros del consultor Gonz¨¢lez Mata gracias a su ¡°sincera y fuerte amistad¡± con el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, lo cual podr¨ªa constituir un delito de tr¨¢fico de influencias, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.
Informe del Ministerio
Por otra parte, la Secretar¨ªa General T¨¦cnica del Ministerio de Empleo ha concluido, en un informe que le pidi¨® Alaya, que si las subvenciones a los ERE de la Junta se encuadran dentro del r¨¦gimen laboral, podr¨ªan haber vulnerado la competencia del Gobierno central. Pero si se consideran dentro del ¨¢mbito socioasistencial, el Gobierno aut¨®nomo estar¨ªa legitimado para otorgarlas. El ministerio admite que la pertinencia de pronunciarse sobre las ayudas ¡°exceden¡± sus funciones y la tarea corresponder¨ªa al Tribunal Constitucional.
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