La Generalitat se enfrenta a una indemnizaci¨®n millonaria por ATLL

Cuando en enero pasado el gabinete jur¨ªdico de la Generalitat defendi¨® ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que anular la privatizaci¨®n de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona supondr¨ªa indemnizaciones de ¡°dif¨ªcil o imposible reparaci¨®n¡±, sab¨ªa lo que dec¨ªa. Si el Gobierno catal¨¢n pierde el litigio que afecta a la mayor privatizaci¨®n hecha en Catalu?a, como manda una resoluci¨®n del ?rgano Administrativo de Resoluciones Contractuales de Catalu?a (OARCC), los accionistas de Acciona tienen garantizada una indemnizaci¨®n multimillonaria.

En un documento al que ha tenido acceso EL PA?S, la Generalitat se compromete a reembolsar los 298 millones de euros que ya fueron abonados en concepto de canon en diciembre de 2012, adem¨¢s de las inversiones que haya efectuado hasta el momento, los costes financieros derivados de la operaci¨®n ¡ªvalorada en 998 millones de euros y que se dilata en un periodo de 50 a?os¡ª y el denominado lucro cesante, los beneficios que le habr¨ªa generado el negocio. En el primer a?o, seg¨²n los datos del expediente de licitaci¨®n, ATLL prev¨¦ ganar 18,9 millones de euros.

Esas garant¨ªas est¨¢n impl¨ªcitas en la resoluci¨®n interpretativa firmada por los consejeros Santi Vila y Andreu Mas-Colell y que la Generalitat remiti¨® a los principales accionistas de la concesionaria, la constructora Acciona y el banco brasile?o BTG Pactual, como hab¨ªan solicitado un mes antes, confirmaron fuentes de la Generalitat. La entidad financiera, pese a considerar ¡°remoto¡± el escenario de una p¨¦rdida de la concesi¨®n, incluy¨® en su informe del primer semestre que la Generalitat le hab¨ªa garantizado indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios y, por tanto, evit¨® realizar provisiones para anticiparse a eventuales p¨¦rdidas en la operaci¨®n.

La Generalitat se compromete a reembolsar los 298 millones de euros que ya fueron abonados en concepto de canon

Seg¨²n el informe de BTG Pactual, la operaci¨®n est¨¢ valorada en 1.047 millones de euros (una cifra superior a los 998 millones) y se han avanzado 310 millones (por encima de los 298 millones) en concepto del primer pago que reclam¨® la Generalitat el d¨ªa del contrato.

Las indemnizaciones que recibir¨¢n los accionistas de la concesionaria de ATLL tienen su base en el art¨ªculo 55 del pliego de condiciones de la privatizaci¨®n, que recoge algunos supuestos recogidos por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P¨²blico. La Generalitat se niega a facilitar la cifra concreta de la indemnizaci¨®n y, como ya han hecho Vila y Mas-Colell, emplazan a cuantificarlas al final del conflicto judicial, que promete acabar ante el Tribunal Supremo. Fuentes de la Generalitat confirmaron ayer que las partidas previstas que se incorporan a las indemnizaciones por da?os y perjuicios son las mismas que contempla la Ley de Contratos P¨²blicos, pero evitaron confirmar ¡ªni desmentir¡ª que la cuant¨ªa del lucro cesante vaya a ser la de la totalidad de la concesi¨®n.

La resoluci¨®n abre la puerta a que la Generalitat vuelva a gestionar ATLL

Conocedor de los riesgos econ¨®micos de paralizar la concesi¨®n, Santi Vila asegur¨® el pasado mes de agosto en una comparecencia parlamentaria que anular el contrato aprobado por su precedesor en Territorio, Llu¨ªs Recoder, ser¨ªa ¡°una temeridad¡±.

El pago de la indemnizaci¨®n, en todo caso, ser¨¢ complejo. El documento asegura que si la concesionaria ha constituido alg¨²n tipo de fianza sobre los derechos de cr¨¦dito que tiene ante la Administraci¨®n, las entidades financieras ¡°recibir¨ªan un pago directo y separado sin minorar las cantidades que el cocnesionarias debiera a la Administraci¨®n¡±, ya que la Generalitat tendr¨¢ que responder ante la fianza.

Pese a la negativa reiterada por el consejero Mas-Colell a que ATLL vuelva a manos p¨²blicas, en el documento se deja abierta la puerta a que la Generalitat pueda asumir de nuevo la gesti¨®n de la compa?¨ªa encargada del agua en alta ¡ªel que se capta en las cuencas hidrogr¨¢ficas y desaladoras y se lleva hasta los dep¨®sitos municipales para su posterior distribuci¨®n a los hogares¡ª, aunque tambi¨¦n hace referencia a la posibilidad de que ¡°un nuevo concesionario¡± se quede con la privatizaci¨®n.

Ese puesto parece reservado a Agbar, la compa?¨ªa que pugn¨® con Acciona para controlar ATLL y la que inici¨® todo el proceso que ha desembocado en el actual galimat¨ªas judicial. Cuando supo que perd¨ªa el contrato, el grupo que preside ?ngel Sim¨®n decidi¨® denunciar la oferta de Acciona ante el OARCC. De los diferentes argumentos esgrimidos por la compa?¨ªa, el ¨®rgano de la Generalitat dio por bueno uno: Acciona no cumpl¨ªa el pliego de condiciones en lo concerniente al calendario de inversiones. La resoluci¨®n invitaba a anular el concurso y d¨¢rselo a Agbar, si bien la Generalitat asegura que si Acciona no cumpl¨ªa esas inversiones en el plazo previsto, su rival en el concurso tampoco.

El Gobierno deber¨ªa pagar directamente a la banca que financia el contrato

La decisi¨®n del OARCC, pese a ser ejecutiva, fue recurrida por la Generalitat y as¨ª hasta ahora, con recursos y contrarecursos (con la Generalitat, Acciona y Agbar implicados), autos y pol¨¦micas incluidas. El Gobierno catal¨¢n defiende la adjudicaci¨®n y ha obviado un auto del TSJC que obligaba a paralizar el contrato. El gabinete jur¨ªdico de la Administraci¨®n catalana ha llevado esa decisi¨®n ante el Tribunal Supremo mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a avanza en una resoluci¨®n definitiva para el caso.