Movilizaci¨®n masiva para evitar el desalojo del bloque de la PAH en Salt

El inmueble n¨²mero 91-93 de la calle del Doctor Castany de Salt (Giron¨¨s) se ha convertido hace semanas en una de las prioridades de las asambleas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de toda Espa?a. A estas se han a?adido asociaciones, sindicatos, algunos partidos pol¨ªticos y particulares, que intentan evitar el desalojo de ese ¡°bloque liberado¡± por la Obra Social de la PAH en Salt. La Generalitat no movi¨® ficha hasta el pasado viernes, cuando llev¨® un escrito al juzgado pidiendo el aplazamiento del desahucio.

La fecha se?alada para la ejecuci¨®n es el 16 de octubre. En los d¨ªas previos, los llamamientos en los medios de comunicaci¨®n y las redes sociales de intensifican, lo cual demuestra el apoyo a los 43 inquilinos de este edificio, que quieren permanecer en ¨¦l a cambio de un alquiler social. Hasta ahora, todos los intentos de dialogar con el propietario, la Sociedad de Gesti¨®n de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuraci¨®n Bancaria (Sareb) ¡ªel llamado banco malo¡ª, han sido infructuosos. A la espera de la resoluci¨®n judicial, el desalojo sigue adelante.

El inmueble fue el primero de la Obra social de la PAH en Girona. Se trata de 15 pisos en los que viven 16 familias, con 21 ni?os. No tienen ni agua caliente ni calefacci¨®n, pero s¨ª un techo que les facilita sobrellevar una dram¨¢tica situaci¨®n. Las familias que comparten este edificio son de Gambia, Marruecos, Chile, Ecuador, Per¨², y tambi¨¦n espa?olas. Todas ellas sobreviven con un m¨¢ximo de 426 euros, aunque muchas no tienen ni ingresos.

Las familias, que han tejido una red de solidaridad entre ellas, no tienen miedo y, dicen, no piensan irse. Tendr¨¢n que echarlas. Los servicios sociales de Salt, a los que critican, les han aconsejado que abandonen el edificio y les han propuesto que se alojen en casas de familiares o de amigos. Un par de familias, atemorizadas, se ha ido, pero el resto no lo considera una opci¨®n.

Las paredes de la entrada al edificio est¨¢n empapeladas con noticias de la PAH que han aparecido en los peri¨®dicos, pizarras con horarios de asambleas y un cartel que recuerda que hay que cerrar la puerta con llave. Son una clara muestra de un bloque en ¡°lucha¡±. El d¨ªa a d¨ªa de las familias transcurre en su piso, pero estas ocupan la mayor parte de la jornada en las zonas comunitarias. All¨ª est¨¢n la lavadora, guardan los alimentos que han cultivado, cocinan lo que reciben de aportaciones y pasan horas hablando de su incierto futuro. Est¨¢n coordinados y organizados, tienen protocolos y horarios para hacer deberes con Engracia, una profesora ext¨¦cnica del Departamento de Educaci¨®n que se qued¨® en paro. Tambi¨¦n tienen un huerto con vegetales, siete gallinas y a Torramad¨¦, el gallo bautizado con el nombre del alcalde.

La portavoz de la PAH, Marta Afuera, lo tiene claro: el bloque es un ¡°matriarcado¡±. La mayor¨ªa de los pisos est¨¢n ocupados por mujeres solas con sus hijos. ¡°La cooperaci¨®n es mucho mayor entre ellas, son m¨¢s reivindicativas y luchadoras¡±, asegura. Afuera mantiene que ¡°por lo que sea, los hombres sienten que si no aportan un sueldo son unos fracasados, muchos huyen, ellas se crecen¡±. Muchas llegaron con la reagrupaci¨®n familiar, trabajaban limpiando y perdieron el empleo. Nyameh es de Gambia, tiene 30 a?os y cuatro hijos. Su marido cobra una invalidez de 350 euros. ¡°No tengo miedo que nos echen, no tengo d¨®nde ir m¨¢s que la calle¡±, afirma. En una situaci¨®n parecida se encuentra Mariama, gambiana, de 24 a?os y tres hijos. Su marido est¨¢ en Italia. Es de las afortunadas, cobra una ayuda de 426 euros. ¡°No tengo miedo. No s¨¦ d¨®nde ir¨¦, quiz¨¢s al Ayuntamiento o a casa del alcalde¡±, afirma sonriente. Bouchra es de Marruecos. Tiene 30 a?os, un hijo y est¨¢ embarazada. Estudi¨® en la universidad, ni ella ni su marido trabajan y no tienen ingresos.

La Sareb, propietaria del bloque, pidi¨® a los tribunales su desalojo. En agosto el Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Girona lo deneg¨®, la fiscal¨ªa recurri¨® y la Audiencia le dio luz verde. Desde la PAH han intentado hablar con la Sareb sin ¨¦xito. Tambi¨¦n lo han hecho los alcaldes de Girona, Carles Puigdemont, y Salt, Jaume Torramad¨¦. El abogado de la plataforma llev¨® una petici¨®n extraordinaria al juzgado para intentar parar in extremis la ejecuci¨®n a la espera de la resoluci¨®n del Tribunal Constitucional. Tambi¨¦n se han movido los sindicatos y el viernes finalmente lo hizo la Secretar¨ªa de Vivienda de la Generalitat, que present¨® un escrito pidiendo el aplazamiento tras ¡°detectar algunos casos con una situaci¨®n que podr¨ªa justificar el realojo en una vivienda de emergencia de la Generalitat¡±. Adem¨¢s, 38 diputados del Parlament de ERC, ICV, CUP y PSC pidieron al consejero de Interior, Ramon Espadaler, que los mossos no acataran la orden judicial. Pero para Espadaler eso no es ¡°planteable¡±.