Imputados por prevaricaci¨®n siete concejales del Ayuntamiento de Santiago

Casi no hay semana sin sobresalto judicial para el gobierno de Santiago. Y el ¨²ltimo ha sido una imputaci¨®n masiva: los siete concejales miembros de la Junta de Gobierno Municipal, todos del PP, han sido acusados formalmente de prevaricaci¨®n por acordar que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de su compa?ero de corporaci¨®n Adri¨¢n Varela, implicado a su vez en el caso Pok¨¦mon.

?La fiscal¨ªa de Santiago, tras recibir la denuncia de un particular, ha acordado querellarse contra los miembros de la Junta de Gobierno, citados ya a declarar como imputados por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de la ciudad, Ana L¨®pez-Suevos. Con este nuevo episodio, 10 de los 13 concejales del PP en Santiago ¡ªincluido el alcalde, ?ngel Curr¨¢s¡ª est¨¢n imputados en los tribunales. Uno de ellos, Juan de la Fuente, acumula dos imputaciones. Y adem¨¢s tambi¨¦n pesan cargos en dos causas distintas contra el exconcejal Albino V¨¢zquez Aldrey, que dimiti¨® tras ser detenido en la Operaci¨®n Pok¨¦mon. Por este ¨²ltimo asunto permanece imputado el que fue alcalde durante el primer a?o de legislatura, Gerardo Conde Roa, recientemente condenado a dos a?os de c¨¢rcel por un fraude fiscal de 291.000 euros, un asunto que le forz¨® a dimitir en abril de 2012.

El nuevo acto del interminable vodevil judicial del gobierno de Santiago se remonta al pasado 30 de mayo, cuando la junta de gobierno acord¨® asumir los gastos que le acarrease al edil de Deportes, Adri¨¢n Varela, su defensa tras ser imputado en el caso Pok¨¦mon, que investiga el supuesto pago de sobornos a cambio de contratas p¨²blicas en varios ayuntamientos gallegos. Los concejales tomaron su decisi¨®n tras conocer un informe del secretario municipal que se?alaba que el pago del abogado de Varela ser¨ªa legal siempre que este no fuese condenado, de acuerdo con la doctrina de una sentencia del Tribunal Supremo de 2002.

El gobierno local ocult¨® a la opini¨®n p¨²blica el contenido de ese acuerdo de la junta. Cuando, un mes m¨¢s tarde, el asunto trascendi¨® a los medios de comunicaci¨®n, Varela renunci¨® a que el Ayuntamiento le pagase su defensa. Pero un particular denunci¨® los hechos a la fiscal¨ªa, que decidi¨® presentar una querella. Seg¨²n fuentes del ministerio p¨²blico, la junta de gobierno no pod¨ªa asumir los gastos del abogado del concejal hasta que este fuese absuelto, como estipula la sentencia del Supremo a la que alude el secretario en el informe que sirvi¨® de base para tomar el acuerdo. La querella ha sido tramitada por la juez L¨®pez-Suevos, que ha dictado un auto llamando a declarar a los siete ediles como imputados. La portavoz del gobierno local, Mar¨ªa Pardo ¡ªuna de las implicadas¡ª ha acusado a la magistrada de ¡°persecuci¨®n pol¨ªtica¡±, pese a que la propia L¨®pez-Suevos acaba de sobreseer otra causa contra el alcalde Curr¨¢s y Conde Roa.