50 jueces decidir¨¢n si se reactiva la privatizaci¨®n sanitaria en Madrid

Un pleno de 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene en su mano el ¨¦xito o el fracaso del mayor proceso de privatizaci¨®n de la gesti¨®n sanitaria emprendido en Espa?a. La Comunidad de Madrid (PP) abri¨® un concurso para entregar a empresas la gesti¨®n de seis hospitales construidos en 2008, un plan que lleva paralizado cautelarmente desde el 11 de septiembre por decisi¨®n judicial a la espera de que haya sentencia firme. Lo que parec¨ªa el golpe definitivo a las intenciones del Gobierno regional ¡ªel fallo pod¨ªa demorarse entre a?o y medio y dos a?os¡ª acaba de dar un vuelco. El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Mart¨ªnez Trist¨¢n, ha decidido concentrar todos los recursos en el pleno, bajo su presidencia.

La decisi¨®n, por tanto, depende ahora de los 50 magistrados que forman ese pleno, que con su voto ¡ªtienen solo uno, incluido el presidente¡ª determinar¨¢n si se reactiva el proceso de privatizaci¨®n. Mart¨ªnez Trist¨¢n acord¨® el 11 de octubre agrupar ¡°todos los recursos existentes¡± al considerar que las resoluciones que ya han dictado dos secciones de la Sala (la tercera y la octava) ¡°resultan o pueden resultar contradictorias¡±. La decisi¨®n afecta a los recursos ya en marcha y a los que se puedan presentar en el futuro.

El PSOE anunci¨® ayer que va a recusar a Mart¨ªnez Trist¨¢n porque considera que su relaci¨®n con el Partido Popular le resta imparcialidad. Esta formaci¨®n record¨® que el magistrado est¨¢ casado con una consejera del Gobierno de Mar¨ªa Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Marta Garc¨ªa de la Calzada, actual titular de Fomento en este Ejecutivo y anteriormente alto cargo de la Comunidad de Madrid. Mart¨ªnez Trist¨¢n tambi¨¦n es, seg¨²n subray¨® ayer el PSOE, uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso deber¨¢ elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ¨®rgano de gobierno de los jueces. Seg¨²n fuentes pr¨®ximas al CGPJ, se trata de un magistrado ¡°muy conservador¡±.

La secci¨®n tercera, en su auto de septiembre pasado, orden¨® la suspensi¨®n cautelar del proceso de privatizaci¨®n de la gesti¨®n de los hospitales. Explicit¨® que se deb¨ªa mantener la prestaci¨®n sanitaria tal y como est¨¢ hasta que haya sentencia, lo que pod¨ªa suponer entre a?o y medio y dos a?os. Sin entrar en el fondo del asunto, apuntaba a irregularidades en el concurso de adjudicaci¨®n. Estimaba as¨ª el recurso de la asociaci¨®n de m¨¦dicos AFEM, una de las m¨¢s activas en la marea blanca contra la privatizaci¨®n sanitaria, que hab¨ªa denunciado, entre otras cosas, que el Gobierno regional cambi¨® las condiciones del concurso y redujo a casi una d¨¦cima parte la garant¨ªa que deben depositar las empresas concesionarias (de 233 a 28 millones). La secci¨®n tercera afirm¨® en el auto que el cambio ¡°supone una modificaci¨®n sustancial de las condiciones¡± que ¡°podr¨ªa haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva¡±.

La decisi¨®n de Mart¨ªnez Trist¨¢n se produjo el 11 de octubre. No la podr¨ªa haber tomado de no existir un auto fechado dos d¨ªas antes en el que la secci¨®n octava de la misma Sala inadmite el recurso de Comisiones Obreras contra el proceso de privatizaci¨®n. Fue el propio tribunal, presidido por In¨¦s Huerta Garicano, el que plante¨® la inadmisibilidad y finalmente acord¨® rechazar el recurso del sindicato, del que afirma que ¡°ha errado el planteamiento procesal¡±.

Huerta Garicano es candidata a una vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo y, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, cuenta con el apoyo de los vocales conservadores. Expertos jur¨ªdicos consultados por este diario se han mostrado extra?ados por la decisi¨®n del presidente de la sala. En primer lugar, se?alan que la avocaci¨®n a pleno (trasladar la competencia para resolver en un asunto desde un ¨®rgano jer¨¢rquicamente inferior a otro superior, en este caso, el pleno) es algo ¡°inusual¡± en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, consideran que las resoluciones de la secci¨®n tercera ¡ªla que orden¨® paralizar el proceso hasta que haya sentencia¡ª y la octava no son exactamente contradictorias.

Miguel ?ngel Muga, abogado de AFEM, dijo ayer estar ¡°sorprendido¡± porque se haya tomado la medida ahora, ¡°justo cuando la secci¨®n tercera ten¨ªa que resolver los recursos de reposici¨®n que hab¨ªan presentado la Comunidad de Madrid y las empresas concesionarias¡±, y no al principio de los procesos judiciales. ¡°No nos parece adecuado, pero confiamos en lo que decidan los magistrados¡±, a?adi¨®. Muga considera que, en casos como este, en los que hay varios recursos con el mismo objeto tramitados por distintas secciones, ¡°estos pueden acumularse, es decir, tramitarse todos juntos en la secci¨®n correspondiente, o deber¨ªa tramitarse solo el primero y dejar en suspenso los dem¨¢s hasta que se dicte sentencia¡±.

El acuerdo de Mart¨ªnez Trist¨¢n se adopta en base al art¨ªculo 197 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ), seg¨²n el cual ¡°podr¨¢n ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayor¨ªa de aquellos, lo estime necesario para la administraci¨®n de justicia¡±.

¡°Lo l¨®gico ser¨ªa que, por apariencia de conflicto de inter¨¦s, o por conflicto de inter¨¦s potencial, el presidente de la Sala se abstuviera de este asunto. No tanto por ser marido de quien es, que tambi¨¦n, sino por depender de los votos del PP para sus aspiraciones profesionales¡±, se?al¨® el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jos¨¦ Manuel Freire. ¡°La Justicia no puede estar al servicio de un partido pol¨ªtico¡±, afirm¨® el secretario general del PSOE de Madrid, Tom¨¢s G¨®mez.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, consider¨® una ¡°medida absolutamente imprescindible¡± la decisi¨®n de agrupar los recursos, en declaraciones remitidas por escrito a los medios. El presidente madrile?o, Ignacio Gonz¨¢lez, afirm¨® en la Asamblea de Madrid que la medida es ¡°razonable¡±, que espera que ¡°se resuelva todo de una vez¡± y se?al¨® que algunas decisiones de los tribunales son ¡°un exceso desde el punto de vista de su actuaci¨®n¡±, ya que es a ¡°la Administraci¨®n a la que le corresponde decidir como organizar sus servicios¡±, informa EP.